Colusiones en Chile

Señor director:

En Chile, los casos de colusión empresarial se han convertido en una lamentable constante. Ejemplos emblemáticos abundan: el papel tissue entre CMPC y SCA (2000–2011), los productores de pollo (2008–2011), los pañales (2002–2009), la colusión de las farmacias en medicamentos esenciales (2007–2008) y recientemente las centollas.

En todos estos casos, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha sido el organismo encargado de investigar y perseguir judicialmente a los responsables, aplicando sanciones administrativas y penales conforme al Decreto Ley N° 211.

La “delación compensada”, que permite a los participantes de un cartel obtener beneficios como la exención o reducción de sanciones si colaboran con la investigación, ha sido una figura controversial, especialmente cuando se otorgan beneficios a empresas que han liderado o coaccionado a otras para participar en acuerdos colusorios, como ocurrió en el caso del papel tissue, donde la Corte Suprema revocó el beneficio a CMPC por haber organizado el cartel

Pero más allá de las sanciones a las empresas, surge una pregunta fundamental: ¿qué ocurre con los consumidores afectados? En la mayoría de los casos, las multas impuestas van a beneficio fiscal. Si bien se han logrado compensaciones en algunos casos —como los $7.000 entregados por CMPC en el caso del papel tissue, estos montos suelen ser simbólicos o insuficientes frente al daño económico y moral. 

Es urgente fortalecer los mecanismos de compensación colectiva, mejorar la fiscalización preventiva y garantizar que las sanciones incluyan reparaciones proporcionales al daño causado. La institucionalidad debe evolucionar para que el consumidor deje de ser el eslabón más débil del sistema.

César Vargas Rojas

Académico de Derecho UNAB.