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La demanda marítima en La Haya: una lección de política

por 25 marzo, 2018

La demanda marítima en La Haya: una lección de política
Todo intento de mantener en la mera forma jurídica los tratados adscritos, no se sostiene –no pueden sostenerse- meramente en la letra y tiene que mantener su vigencia gracias a la historia y a las relaciones políticas entre Estados. La historia jurídica chilena no hace eco del carácter obtuso de sus políticos actuales. La independencia de dos espacios tan íntimamente unidos, como son el Derecho Internacional y la política, más bien parecen una falta de respeto a lo que ha sido en Chile tanto las Relaciones Internacionales, como la Historia Diplomática y, en ciertas exposiciones jurídicas, la reelaboración del Derecho de Gentes, inclusive a nivel regional. No estaría mal que los políticos e internacionalistas chilenos tomen nota de la lección dada por Bolivia esta vez, no para perpetuar las políticas internacionales que caracterizan a nuestro país, sino para posibilitar un dialogo regional.
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Que el neoliberalismo sea exclusivo de los gobiernos de derecha desde el retorno de la democracia en Chile, no es sino una estrecha y mala idea de cómo esta ideología ha permeado en la sociedad y en la política, tanto a nivel local como mundial. Una de sus características, la tecnocrática, no es, ni por mucho, propia de ese sector político, tal como ahora, en el terreno internacional, ha quedado en evidencia. Que le haya tocado al gobierno de Piñera enfrentar esta segunda fase de la demanda boliviana en La Haya por una salida soberana al mar, no deja de ser una anécdota que posiblemente le produzca más réditos que desventajas: todo conflicto con países limítrofes tiende a crear un elevado ambiente de patriotismo y del llamado “sentimiento de unidad nacional”, cercano a las ideas propias de las derechas.

No resulta extraño, por ello, que los modos y los discursos en torno a la defensa chilena sean similares en el gobierno de Michelle Bachelet con el del actual mandatario, pues se han jactado que el proceso debe asumirse como política de Estado y no de manera independiente por cada gobierno. Sin embargo, es muy distinto que un problema de soberanía territorial sea un problema estatal a que el modo de tratar dicho problema sea un asunto gubernamental, y en esto sí que es esperable que distintos gobiernos presenten divergencias profundas, dependiendo del contenido ideológico al que cada uno de ellos dice adherir. En esto sí que es elocuente que no haya existido diferencia entre el pasado gobierno con el actual.

Si se quiere, Bolivia ha jugado, con armas sucias, un juego limpio (si se entiende, como hace Chile, la política como algo sucio). Ha llevado a Chile a una Corte de Justicia para debatir ahí, donde Chile, según su propia posición legalista, debería sentirse más cómodo: si es la ley la que ampara a Chile, un Tribunal de Justicia no debería suscitar problema alguno. Sin embargo, no existe un terreno más político, en materia jurídica, que el internacional. La misma creación de la actual Corte Internacional de Justicia de La Haya, surgida inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un fondo e inspiración política.

Lo que ha caracterizado cada una de las defensas chilenas en La Haya es una pretendida pureza legal, que ha sido presentada con un halo de virtud jurídica y de civilidad internacional, como algo propio del comportamiento de países bien educados y próximos al desarrollo, haciendo parecer el actuar de los agentes y políticos bolivianos como propio de un juego indecoroso, en el cual Chile no se quiere ensuciar. La contraparte del conflicto, por otro lado, ha dado lecciones de política y de buena política. Bolivia ha hecho de la posición más débil –y del más débil- la más fuerte. Ha presentado su posición –y la ha hecho entender a la comunidad internacional- con una contemporaneidad jurídica aguda: los tratados no son un soporte irrefutable cuando estos contienen injusticias, como es la actual disposición territorial de ambos países, sostenida y ratificada en los tratados de 1904 y 1929, según la postura chilena.

Si se quiere, Bolivia ha jugado, con armas sucias, un juego limpio (si se entiende, como hace Chile, la política como algo sucio). Ha llevado a Chile a una Corte de Justicia para debatir ahí, donde Chile, según su propia posición legalista, debería sentirse más cómodo: si es la ley la que ampara a Chile, un Tribunal de Justicia no debería suscitar problema alguno. Sin embargo, no existe un terreno más político, en materia jurídica, que el internacional. La misma creación de la actual Corte Internacional de Justicia de La Haya, surgida inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un fondo e inspiración política.

Sea cual sea el resultado de la presente demanda marítima, Bolivia ya habrá dado un gran paso y Chile habrá recibido una lección (lo cual no quiere decir que habrá de aprenderla). El paso lo da Bolivia, aunque no le sea positivo el resultado, pues ha vuelto a posicionar un tema que, para el país altiplánico, es prioridad política e histórica, y un proceso internacional de este tipo deja asentado un precedente más en su demanda; la lección que recibe Chile es de realismo político, sea cual sea el camino que decida tomar: ya sea que quiera seguir con la antigua forma soberana heredada de la modernidad (cuya base se encuentra en las relaciones individualistas entre Estados y se dan bajo la fórmula hobbseana de la guerra de todos contra todos), la cual tiene como terreno de fondo lo político (es aquí donde acontece propiamente esa guerra), o bien, abierta a nuevas formas comunitarias y en vistas a una integración regional, donde es, nuevamente, en lo político donde se puede llegar a propiciar cualquier forma de relación.

Es así que toda pureza, todo intento de mantener en la mera forma jurídica los tratados adscritos, no se sostiene –no pueden sostenerse- meramente en la letra y tiene que mantener su vigencia gracias a la historia y a las relaciones políticas entre Estados. La historia jurídica chilena no hace eco del carácter obtuso de sus políticos actuales. La independencia de dos espacios tan íntimamente unidos, como son el Derecho Internacional y la política, más bien parecen una falta de respeto a lo que ha sido en Chile tanto las Relaciones Internacionales, como la Historia Diplomática y, en ciertas exposiciones jurídicas, la reelaboración del Derecho de Gentes, inclusive a nivel regional. No estaría mal que los políticos e internacionalistas chilenos tomen nota de la lección dada por Bolivia esta vez, no para perpetuar las políticas internacionales que caracterizan a nuestro país, sino para posibilitar un dialogo regional.

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