Opinión
Si la empresa, que explota los bienes del Estado de Chile, pretende ampararse definitivamente en una situación tan irregular como la que se ventila en los medios de comunicación, no le cabrá otro camino al Estado que acordar, por ley y por el interés nacional, la expropiación de Soquimich, respetando los derechos de los accionistas privados e informando a la comunidad financiera internacional que la expropiación se realiza en resguardo de la dignidad nacional, que se encuentra herida con tantos entuertos. La expropiación que recomendamos debiera considerar necesariamente, entre sus fundamentos, los antecedentes que obran en conocimiento del Ministerio Público y que han dado lugar a investigaciones de dicha Fiscalía, a formalizaciones, incluso de parlamentarios, y a una intensa actividad persecutoria, que evidentemente debe hacer reaccionar al Estado, desde el punto de vista político, para zanjar definidamente todo el tema de Soquimich y el financiamiento irregular e ilegal de la política.
En medio de la ventisca que ha provocado el delicado caso del juicio entre Corfo y Soquimich, se puede observar que lo ocurrido se debe en parte a una falencia en los controles y asesorías legales que dispuso el Estado para este caso. Lo anterior no es óbice para que en modo alguno se entienda que lo ocurrido sea problema de abogados, ya que después de haber leído en un diario las declaraciones del vicepresidente legal de SQM y del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, afirmamos que la responsabilidad del Gobierno de Bachelet, lamentablemente, es completa en el plano estrictamente político, en lo que hasta ahora se conoce.
Por lo anterior, es conveniente repasar qué sucedió con los controles jurídicos. Así, es notoria la ausencia informativa de la fiscalía de Corfo al momento de suscribirse el acuerdo con Soquimich. Lo esperable de cualquier fiscalía es que represente las dificultades que existen en una redacción ambigua y vaga de las cláusulas contractuales. Ese es su deber. Nada se ha sabido de aquello en estos días, y pugnaría con la racionalidad concluir que la fiscalía de la Corfo no se hubiera dado cuenta de los defectos de los convenios que se estaban celebrando. Seguramente, se habrá hecho caso omiso de los criterios y recomendaciones de dicha fiscalía.
Debido a lo anterior, es imprescindible y urgente que se sepa cuál fue la participación de la fiscalía de Corfo en el Consejo de dicha repartición, en el cual se aprobaron los acuerdos y, de paso, saber qué dijeron en esa reunión los participantes, especialmente los ministros de Estado que concurrieron.
Es imperioso que la Corfo divulgue íntegramente las actas de directorio en que se discutió el acuerdo con Soquimich. Así podríamos saber si se dejó constancia de la ambigüedad contractual o si, por el contrario, este tema nunca fue tratado. La falta de transparencia es inaceptable, ya que la Constitución Política en su artículo 8° y en la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, cautela la transparencia de todos los órganos estatales y se establece que estos deben dar a conocer públicamente los fundamentos de sus resoluciones.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), que aparentemente participó en las negociaciones, poco o nada ha dicho sobre las ambigüedades que hoy se denuncian en el acuerdo. No sabemos en qué plano ni en qué forma se trató este tema a fondo en el seno de ese Consejo; si se advirtieron los costos que tenía esta figura; qué dijeron los consejeros frente a este conflicto. Al igual que en el caso de Corfo, el CDE tiene la obligación de divulgar las sesiones en que se discutió este tema; y tiene que aclarar qué ocurrió realmente y cuál fue su rol, para así despejar cualquier duda.
[cita tipo=»destaque»]Este tipo de designaciones fueron especialmente curiosas en los gobiernos de centroizquierda. Si se observa con detención, podrá concluirse que casi en ningún caso relevante se solicitó la participación de abogados capacitados, de una orientación política afín a los gobiernos de la ex Concertación o de la Nueva Mayoría. Sin lugar a dudas, existía un verdadero complejo en designar a profesionales cercanos al Gobierno. Se optó en forma sistemática por abogados que integraban estudios jurídicos de derecha, cuya idoneidad profesional bajo ningún punto de vista ponemos en duda, ya que lo que nos interesa es señalar una cuestión bastante curiosa. El Gobierno de la Nueva Mayoría, en temas muy delicados, se hacía asesorar por abogados destacados de la derecha política, tal vez pensando que esa era una forma de protegerse de la crítica pública.[/cita]
Llama también la atención el modo en que se designa la defensa jurídica de una entidad tan importante para el Estado como es la Corfo. No existe ninguna explicación relativa a la manera de elegir su asesoría jurídica.
Este tipo de designaciones fueron especialmente curiosas en los gobiernos de centroizquierda. Si se observa con detención, podrá concluirse que casi en ningún caso relevante se solicitó la participación de abogados capacitados, de una orientación política afín a los gobiernos de la ex Concertación o de la Nueva Mayoría. Sin lugar a dudas, existía un verdadero complejo en designar a profesionales cercanos al Gobierno. Se optó en forma sistemática por abogados que integraban estudios jurídicos de derecha, cuya idoneidad profesional bajo ningún punto de vista ponemos en duda, ya que lo que nos interesa es señalar una cuestión bastante curiosa. El Gobierno de la Nueva Mayoría, en temas muy delicados, se hacía asesorar por abogados destacados de la derecha política, tal vez pensando que esa era una forma de protegerse de la crítica pública.
El consentimiento del Estado de Chile y de Corfo está completamente viciado si los órganos competentes no fueron debidamente informados, como fluye de las múltiples declaraciones públicas que se han hecho a través de los medios de comunicación. Ministros de Estado han dicho que no fueron informados y al parecer el Consejo de Defensa del Estado tampoco, ni la Contraloría General de la República.
La Contraloría General, al parecer, habría tomado razón, sin conocer estos antecedentes y debería, por lo tanto, revisar tal toma de razón, ya que no se le habría proporcionado toda la información que ahora está apareciendo públicamente de las declaraciones que se han publicado.
Si la empresa, que explota los bienes del Estado de Chile, pretende ampararse definitivamente en una situación tan irregular como la que se ventila en los medios de comunicación, no le cabrá otro camino al Estado de Chile que acordar, por ley y por el interés nacional, la expropiación de Soquimich, respetando los derechos de los accionistas privados e informando a la comunidad financiera internacional que la expropiación se realiza en resguardo de la dignidad nacional, que se encuentra herida con tantos entuertos. La expropiación que recomendamos debiera considerar necesariamente, entre sus fundamentos, los antecedentes que obran en conocimiento del Ministerio Público y que han dado lugar a investigaciones de dicha Fiscalía, a formalizaciones, incluso de parlamentarios, y a una intensa actividad persecutoria, que evidentemente debe hacer reaccionar al Estado, desde el punto de vista político, para zanjar definidamente todo el tema de Soquimich y el financiamiento irregular e ilegal de la política.
