Opinión
Da la impresión de que la administración actual está caminando hacia el sentido opuesto de lo que se espera, porque no se demuestra con acciones el compromiso real de la cartera con sus funciones, con sus trabajadores y con las políticas ambientales que urgen para responder a los efectos del calentamiento global y el cambio climático. Este desinterés (no se ve de otra forma) afecta directamente a las localidades más pobres y también al aporte que Chile estaba haciendo de manera avanzada en los acuerdos internacionales respecto a la materia en cuestión.
Desde que se tiene registro de las preocupaciones medioambientales, el Gobierno de Michelle Bachelet fue uno de los que más trabajó para enfrentar las problemáticas del cambio climático. Es el Gobierno más exitoso en la materia, generando avances concretos e impulsando una serie de políticas públicas e iniciativas que estaban interrelacionadas con el objetivo de hacer y ser una contribución real en Chile y a nivel mundial. Esta gestión medioambiental ha sido aplaudida en las últimas semanas con la entrega del premio National Geographic “Planetary Leadership Award” a la ex Mandataria, en reconocimiento a su labor y compromiso de proteger parques nacionales y océanos, como también por fomentar el uso de energías renovables. Paralelo a esto, nos preguntamos: ¿qué está pasando en el Ministerio del Medio Ambiente?
La respuesta está a la vista, actualmente esta cartera ministerial sufre una crisis interna tanto en términos, políticos, administrativos, como de conflictos de intereses. Por una parte, están las diferencias políticas y administrativas, que tuvieron como resultado la salida del ex subsecretario de esta cartera, Rodrigo Benítez, por no lograr consensos con la ministra Marcela Cubillos, lo que produjo tener una relación distante y ser apartado del debate sobre la reforma al Servicio de Evaluación Ambiental. Pero esta no ha sido la única renuncia, varios cargos de jefatura han renunciado además del subsecretario, quejándose del autoritarismo de la ministra.
Siguiendo en esta línea, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente denunció el despido arbitrario e ilegal de cerca del 10 % de los funcionario(as) del Nivel Central. Aunque los tribunales han indicado que varios(as) funcionarios(as) deben ser reintegrados(as), la amenaza aún persiste, lo que en términos concretos se expresa, por ejemplo, en la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ley que contemplaría una reestructuración administrativa, eliminando las direcciones regionales y también disminuiría la posibilidad de participación ciudadana en este sistema y, además, el cierre de áreas completas como la de calefacción sustentable. ¿Qué pasará con los(as) funcionario(as) de regiones?
[cita tipo=»destaque»]La ministra Cubillos sin duda ha tenido problemas de conducción, falta de liderazgo y se han visto públicamente las desprolijidades en torno a los manejos internos que, indudablemente, afectan el foco principal de una cartera, que es avanzar en una agenda que mejore las problemáticas del tema en cuestión. En este caso, la situación medioambiental en general del territorio nacional, el rol internacional de esta cartera, las decisiones que permiten disminuir los problemas que están afectando a nuestro medioambiente, el desarrollo sostenible, la defensa de los intereses de la sociedad y de la biodiversidad.[/cita]
La ministra Cubillos sin duda ha tenido problemas de conducción, falta de liderazgo y se han visto públicamente las desprolijidades en torno a los manejos internos que, indudablemente, afectan el foco principal de una cartera, que es avanzar en una agenda que mejore las problemáticas del tema en cuestión. En este caso, la situación medioambiental en general del territorio nacional, el rol internacional de esta cartera, las decisiones que permiten disminuir los problemas que están afectando a nuestro medioambiente, el desarrollo sostenible, la defensa de los intereses de la sociedad y de la biodiversidad.
Lamentablemente, las últimas noticias que hemos tenido de este ministerio han sido solamente polémicas, nada de políticas públicas, nada de leyes, solo polémicas.
Entonces, la pregunta es sobre qué noticias deberíamos tener de este ministerio. Dicho de otra forma, ¿cuál es el trabajo que pretende llevar a cabo este ministerio? La pregunta no es redundante, pues hasta la fecha el ministerio ha carecido de una agenda, y los proyectos presentados no son más que una continuidad del Gobierno anterior. Pareciera ser que el equipo ministerial fue conformado sin un análisis previo, sin prolijidad, dejándolo como un “ministerio de tercera categoría». Tampoco hay una estrategia clara sobre el quehacer de la institución.
En otro aspecto, a propósito de la salida del ex subsecretario de medioambiente, quien asumirá en su reemplazo, Felipe Riesco Eyzaguirre, al parecer no está alejado de los conflictos de interés. El año 2016 fue demandado por el Estado por no pago de impuestos y además su familia ha tenido una disputa con el Estado desde el año 1960 por el río Quepe, ubicado en la Región de La Araucanía. De hecho, el año 2013, Riesco en su calidad de abogado, defendió a su abuelo mediante un recurso de protección contra la Dirección General de Aguas por actuaciones ilegales y arbitrarias. Esta situación, entonces, manifiesta una inmediata desconfianza ante el futuro actuar de esta nueva autoridad.
En definitiva, el Ministerio del Medio Ambiente muestra una falta de análisis a la hora de conformar equipos, no se visualiza un interés por avanzar en transformaciones concretas, no se presenta una institucionalidad ambiental acorde a las necesidades de resolución de problemáticas y pareciera ser que, para quienes gobiernan, este ministerio no es relevante en el quehacer de las políticas de Estado.
El actual Gobierno debiese estar a la altura de los desafíos, fomentando, por ejemplo, investigación dirigida a las consecuencias del cambio climático en América Latina, que no solo quede en el papel, sino que además sea utilizada para la prevención y la toma de decisiones en Chile y la región. También es necesario tener un cuerpo legal que logre defender los intereses del ecosistema y la población, pero al parecer no existen estas garantías.
En definitiva, da la sensación de que la administración actual está caminando hacia el sentido opuesto de lo que se espera, porque no se demuestra con acciones el compromiso real de la cartera con sus funciones, con sus trabajadores y con las políticas ambientales que urgen para responder a los efectos del calentamiento global y el cambio climático. Este desinterés (no se ve de otra forma) afecta directamente a las localidades más pobres y también al aporte que Chile estaba haciendo de manera avanzada en los acuerdos internacionales respecto a la materia en cuestión.
La política ambiental es una cuestión seria, que necesita una altura política y la autoridad ministerial, junto con sus decisiones, no puede darse el lujo de transformar la institución que representa en un zapato chino.
