Plan impulso Araucanía: crónica de un nuevo fracaso

La pobreza de la Nación Mapuche nace cuando el Estado de Chile destruye su estructura política y económica durante la denominada “Pacificación” de La Araucanía. Desde entonces ha explotado y extraído sus recursos sin piedad y no ha contribuido seriamente a desarrollar su economía. Y cuando se le ha pedido ayuda, a cambio impuso una condición: hacerse primero chileno.

Para ellos, el mapuche es desarrollado en la medida que deje de ser lo que es, su cosmovisión, su cultura y sus costumbres. El único camino posible para el desarrollo económico es integrarse y homogeneizarse, construyendo, así, un modelo a su medida, un cliente, dependiente y cooptado.

Para llevar a cabo una política indígena efectiva, se debe separar la paja del trigo y terminar con la estrategia
política de enfrentar al chileno con el mapuche. Debe crearse un plan de desarrollo económico para resolver la pobreza de los chilenos de La Araucanía. Un plan de desarrollo mapuche debe ir necesariamente más allá de La Araucanía. Debe incorporar a los 614 mil que viven en la RM e incorporar a las regiones del Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Si el objetivo del Gobierno es resolver el conflicto mapuche, este debe incluir al millón 700 mil mapuche. Porque aquí está el gran error de comprensión: los mapuche somos un pueblo, no una población.

[cita tipo=»destaque»]Si el 80% del mapuche no está en La Araucanía, ¿por qué entonces se habla del conflicto mapuche en La Araucanía?, ¿por qué se ha querido mostrar que su cultura se encuentra solamente en la comunidad rural? Porque así dividen la nación mapuche entre rurales y urbanos, quitando validez a la condición de mapuche urbano. De esta manera, se da a entender que el verdadero mapuche debe estar en el campo, ser pobre, andar a pata y con manta, es decir, se le transforma en un asunto rural y agrícola, caricatura que han construido comunicacionalmente, para evitar que la fuerza cultural e histórica del mapuche no interfiera con el epicentro del poder, ergo, con la ideología que administra el modelo político y económico.[/cita]

Si el 80% del mapuche no está en La Araucanía, ¿por qué entonces se habla del conflicto mapuche en La Araucanía?, ¿por qué se ha querido mostrar que su cultura se encuentra solamente en la comunidad rural? Porque así dividen la nación mapuche entre rurales y urbanos, quitando validez a la condición de mapuche urbano. De esta manera, se da a entender que el verdadero mapuche debe estar en el campo, ser pobre, andar a pata y con manta, es decir, se le transforma en un asunto rural y agrícola, caricatura que han construido comunicacionalmente, para evitar que la fuerza cultural e histórica del mapuche no interfiera con el epicentro del poder, ergo, con la ideología que administra el modelo político y económico.

De esta manera, el intendente Mayol y el ministro Moreno intentan hacer creer que el problema de fondo, entre el Estado y la Nación Mapuche, es un problema de pobreza, de “violencia rural” y de terrorismo. Bajo esta concepción, estos serían obstáculos para la inversión privada, deduciendo “inteligentemente” que se debe a que el mapuche no trabaja la tierra.

Ante ese escenario, plantean dos brillantes soluciones. La primera, militarizar (comando Jungla); la segunda, modificar el artículo 13 de la Ley Indígena, para que se permita la venta de las tierras o se arrienden a grandes empresarios. Es decir, el señor ministro cree que la pobreza se soluciona contratando al mapuche como peón, en un sistema que se parece mucho al inquilinaje, situación previa a la Reforma Agraria de la década de 1960.

La solución a los problemas político-históricos no es solo económica. En efecto, a pesar de ser notoriamente conservador, el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo publicó, el año 2002, “que la cuestión mapuche no puede reducirse a un problema de carácter socioeconómico… que en primer lugar se debe entender quiénes son los mapuche (…) los mapuches se sienten como grupo diferente de los chilenos”.

La Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal, también el año 2002, llamó a reflexionar sobre un modelo de desarrollo más oportuno para las regiones pluriculturales, el apoyo a la recuperación de las tierras usurpadas y la reparación del daño histórico que se infligió a los pueblos originarios.

El mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos (2010:97), señala que los esfuerzos de los gobiernos por el desarrollo de los pueblos indígenas se han enfocado solamente en la política social y no en un esfuerzo concreto por un desarrollo integral, que supone el acceso a espacios de poder, determinación política y económica como derechos colectivos de los pueblos originarios.

Entonces, hablemos en serio, ministro Moreno, la solución al desarrollo indígena no pasa por bonos, ni subsidio para vender leña, sino por perfeccionar la democracia y redefinir el mecanismo para acceder al poder. La democracia, en su expresión electoral, no representa al pobre ni al indígena: el voto no les permite decidir su futuro. Los representantes en quien han delegado su futuro, normalmente sirven a intereses de minorías privilegiadas y no a las segregadas. Es por ello que se hace evidente la necesidad de crear un registro electoral indígena.

En efecto, la solución es reconocimiento legal y político, no integración. Ese concepto, hace colisionar a los pueblos indígenas con la sociedad mayoritaria y deja fuera la riqueza de la interculturalidad, sumándolos al desarrollo económico y educacional externo. En el caso mapuche, esto coarta la libre expresión de su identidad. La política indígena decidida centralmente, no reconoce nuestras particularidades e impide un desarrollo desde nuestro propio espacio de autonomía, que permita mantener nuestras costumbres.

Todo parece indicar que el Plan Araucanía está inspirado en la idea de aplicar el mismo modelo económico que ha fracasado en Chile y que no beneficia a la mayoría. Nos quisieran vender la solución mágica: tomar algunos mapuche y transformarlos en millonarios a costa de mantener al resto pobre. “Un modelo que ha fracasado, no puede servir de Modelo para otros países”, decía Stiglitz, Premio Nobel de economía.

Esto se corrobora en las palabras del intendente Mayol, el pasado 21 de agosto, en Emol: “Estamos muy contentos, porque si mira la encuesta del INE… es una región que creció más del 7% (…) Está aumentando la inversión, está creciendo la región, hay un mayor ánimo”. Crecer a ese nivel y ser la región más pobre de Chile (28,5% de pobreza multidimensional), es porque la distribución del ingreso es brutalmente injusta. Como todos sabemos, en realidad crecieron solo los grandes empresarios.

Los culpables de que existan muchos pobres, son una clase política, que manifiestan un indiscutible desapego entre ellos y la realidad del mapuche y del pobre. En cierto modo, esta visión es esperable de un Gobierno de derecha fundamentalista, cuyo ideal siempre será enriquecerse cada día más a costa de aquellos que son cada día más pobres, pero no lo esperaba de ese sector que dice poner las necesidades de la gente por delante.

Podrá concluir, señor Ministro, que las medidas que propone no resuelven la pobreza de los chilenos de La Araucanía, ni la pobreza del pueblo mapuche, menos aún alcanzan a resolver la deuda histórica del Estado. En este sentido, para resolver conflictos políticos, económicos y territoriales, se deben establecer procedimientos legítimos y legales, que permitan asegurar el desarrollo de las capacidades y oportunidades en zonas indígenas.

Me refiero a la creación de un Estatuto de Autonomía Indígena, como se ha hecho en otras sociedades civilizadas, para asegurar los derechos colectivos políticos y territoriales. En lo económico, por ejemplo, se puede crear un banco de créditos e inversión indígena, idea que no es nueva. En Canadá existe la banca indígena hace muchos años, lo que ayuda al conjunto de indígenas, sean estos amigos o no de los gobiernos de turno, sean urbanos o rurales. Así, también, es perfectamente posible pensar en la creación de una Corfo indígena, al servicio del desarrollo de todos.

En cuanto a los derechos civiles, es básico reconocer la ciudadanía indígena, con derechos e identidades particulares para que los pueblos puedan desarrollarse y participar activa y libremente en la vida política, económica, social y cultural. De esta manera se les permite el acceso a instancias de poder y de toma de decisiones, respecto a su propio destino.

Debe haber aquí una nueva relación, donde el mapuche disfrute de sus derechos colectivos, y no seguir con la fórmula de receptores pasivos.

Si el Plan Araucanía del ministro no cuenta con estos derechos básicos, será la crónica de un nuevo fracaso.