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Incongruencias del sistema electoral chileno

por 27 agosto, 2020

Incongruencias del sistema electoral chileno
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Se acerca octubre y, con ello, el plebiscito nacional que definirá si el país está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para una nueva Constitución, junto al tipo de órgano para ese efecto. Ante ello, resulta pertinente traer a colación una serie de cuestiones que se han esquivado en las últimas elecciones.

La Ley Nº20.568, que regula la inscripción automática, modifica el servicio electoral y moderniza el sistema de votaciones, dispone, como bien sabemos, que votar en Chile es voluntario. Muchas discusiones se han dado en el país respecto a si el voto debe ser voluntario o no, pero en ellas se han pasado por alto cuestiones relevantes, como las incongruencias en las exigencias éticas que se imponen a la ciudadanía para estos efectos.

Un ejemplo de lo anterior es que, pese a que el voto es voluntario, la misma ley dispone, en su artículo 57, inciso cuarto, que cuando falten electores voluntarios para ser vocales de mesa, el Delegado “deberá designar a otros que se encuentren en el recinto, recurriendo al auxilio de la fuerza encargada del orden público si fuera necesario”, es decir, la ley le entrega facultades al Delegado para que, con la ayuda de Carabineros o personal de Fuerzas Armadas, se fuerce a personas en el recinto a ser vocales de mesa.

Lo curioso de esto es que, como se ve, obligamos a personas que cumplen con el estándar de lo cívicamente correcto, a saber, personas que votan de forma voluntaria, a cumplir con una obligación que otras personas, sin comportarse acorde al estándar de lo cívicamente correcto y además, estando obligadas a ello, eluden.

Este pequeño ejemplo (ellos abundan en normativas electorales) es una muestra de una profunda contradicción, toda vez que esta ley y sus similares tienen como justificación moral el deber de un ciudadano en democracia de hacer que el sistema electoral democrático funcione, pero, para ello, se utiliza la misma justificación moral que serviría para hacer que se imponga el voto obligatorio. Sin embargo, la ley rechaza de plano esta última opción. En otras palabras, obligamos a personas a ser vocales de mesa, una cuestión que toma días enteros, pero no obligamos a las personas a hacer algo mucho más sencillo que eso, que es ir a votar.

Se podrá objetar que estos son casos excepcionales y que si las mesas no se constituyen de forma adecuada, no es posible que otros ejerzan su voto, pero eso también demostraría otra contradicción, puesto que si el interés del legislador ante esta ley era que las personas efectivamente ejercieran su derecho a voto, les podría haber obligado a ello, imponiendo el voto obligatorio de la misma forma en que les obliga a ser vocales de mesa. La pregunta es: ¿pretendemos obligar a chilenos(as) a cumplir con su deber cívico o no? Recién luego de responder a esta interrogante, debemos formular las leyes en la materia.

El problema es que en esto no hay consenso y que la realidad política del país ha cambiado mucho desde los años de formación y reforma de estas leyes hasta ahora. La mayor prueba de la necesidad de este cambio normativo es un proceso constituyente encima, la máxima expresión democrática bajo este tipo de sistema político.

Hay, en esta sumatoria de contradicciones, cuestiones bastante relevantes que también se dejan pasar con la excitación de las elecciones. Una de ellas es que personas de apenas 18 años y sin ningún interés y capacidad formativa para ser vocales de mesa, se vean obligados a serlo. Otra vez, si la idea es imponer un deber cívico, ¿por qué no se educa y capacita a jóvenes en esta materia? Es absurdo y profundamente negligente que se pretenda enseñarle a un adolescente de 18 años a manejar una mesa de votaciones con un simple folleto, el mismo día y con el ensayo-error en vivo y en directo con votos reales.

Cualquier persona que se dé el tiempo de caminar por mesas de un local de votaciones notará los adhesivos para sellar los votos desparramados por el suelo, a apoderados de mesa –en buena jerga política– “pasando máquina” en medio de los conteos frente a adolescentes de 18 años completamente desprovistos de herramientas para afrontar afirmaciones de sujetos con intereses políticos creados comúnmente, insertos en el mundo de la política y las elecciones, y en fin, una serie de problemas relevantes que se dan en un contexto ya no de determinar el destino de Chile durante los próximos 4 años, sino durante varias décadas.

No se puede perder el espacio de decir que la pandemia nos ha revelado que no tenemos plena certeza de cómo operar con nuestro sistema electoral frente a escenarios complejos. En esa línea, muchas personas propondrán realizar una votación electrónica a distancia, algo que es absolutamente irresponsable, porque equivaldría a ensayar en el camino con la eventual posible primera Constitución enteramente democrática de la historia de Chile, en condiciones donde es casi imposible verificar que la persona que está votando es aquella que dice ser.

Un dato adicional no menor es que las páginas del Gobierno son fácilmente hackeables, cuestión que se ha visto con el correr de los años y que tuvo su máxima expresión el 4 de noviembre del año 2007, cuando el sitio web del Gobierno de Chile fue hackeado con la leyenda "Viva el Perú, mierda", acompañado de una bandera peruana, o el 25 de octubre del año pasado, cuando el grupo Anonymous hackeó el sitio web de Carabineros, filtrando los datos de todos los efectivos del país.

Si nuestras más seguras y relevantes páginas web del país no tienen la seguridad necesaria, y nuestras leyes presentan contradicciones respecto a participación democrática e imposición de deberes cívicos, menos la tendrán para asegurar el resultado democrático de un plebiscito tan importante como es el que se nos viene.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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