MERCADOS|OPINIÓN
Horizontal, el think tank cercano a Evópoli, publicó un conjunto de propuestas para la reforma de pensiones: «La necesidad de una reforma al sistema de pensiones«. Este es un claro paso adelante de parte del oficialismo hacia algunas de las propuestas de la oposición, mostrando que un consenso es posible sobre la futura arquitectura de las pensiones. Incluso hay un desafío para los defensores del reparto, que tienen que sopesar las propuestas que se hacen en el documento para introducir más solidaridad en el sistema. Esta columna es una revisión crítica del documento.
1- El documento de Horizontal mantiene un pilar básico gestionado íntegramente por fondos de contribución definida, pero con una importante diferencia: el rol de las AFP se limitaría a la pura gestión de las cuentas individuales y la administración quedaría en las manos de una entidad pública que se crearía. Tiene sentido: permitiría una fuerte reducción de los costos logísticos.
Pero lo anterior es solo una parte de lo que se puede hacer: los costos comerciales son también prohibitivos y en gran parte inútiles. Para una AFP, en un mercado por naturaleza limitado, el esfuerzo comercial consiste en decir a los cotizantes: «¡Vengan a mi casa, es mejor!», a lo que la otra AFP replica con mayor esfuerzo: «¡Quédate aquí, es mejor!». Todo esto cuando el mimetismo natural de la gestión (ayudado en gran medida por los estrechos marcos reglamentarios de la SP) está llevando a un rendimiento de gestión casi idéntico entre ellas.
2- Segunda propuesta, una AFP estatal. Esto fomentaría una mayor estimulante para reducir la rentabilidad, ahora abusiva, de las AFP privadas. Una regla empírica se utiliza en la profesión: el patrimonio neto requerido para cubrir los riesgos operativos de una empresa de gestión de fondos (no hay otros riesgos en una actividad de puros servicios) es una cuarta parte (25%) de la masa salarial. Si se considera que el 10% de retorno neto sobre capital es un estándar aceptable para los accionistas, la ganancia se reduciría al 2,5% de la masa salarial, una reducción contundente. Dicho sea de paso, el Estado debe tener en cuenta esta regla en futuras negociaciones con las AFP para quitarles la administración de los fondos. La compensación no debe reembolsar ganancias excesivas del pasado.
También otros costos pueden reducirse. ¿Por qué introducir una octava AFP en un momento en que el sistema ya padece de una dispersión excesiva de los fondos? Hoy en día, los fondos en Chile llegan a alrededor de 200 mil millones de dólares; el fondo público californiano Calpers por sí solo gestiona 380 mil millones, lo que permite comisiones de gestión externa de un tercio que las pagados por el actual sistema. No necesitamos tantos gestores. En una columna de El Mostrador, se aboga por un gestor único, lo que es defendible en un sistema de contribuciones obligatorias bajo la estrecha supervisión del Estado. Que sea una sola o más, se debe reducir el número de AFP por discrecionalidad, ya que no se espera una rápida consolidación del sector con una rentabilidad tan elevada.
3- El estudio introduce una idea innovadora consistente, si la entendemos bien, en financiar parte de las cotizaciones con el gasto de consumo de los cotizantes, en la práctica con el IVA, dentro de unos límites controlados ($20.000 mensuales por persona de ingresos bajos y medios, y especialmente para los cotizantes de baja densidad). No se conoce el realismo de la medida desde el punto de vista de la infraestructura de software requerida ni del respeto a la privacidad, pero el punto planteado es importante: si las contribuciones pasan de 10 al 16 por ciento de los salarios, el costo de la mano de obra formal aumentará significativamente y puede afectar el empleo. Una gradualidad es útil, pero es también preciso encontrar otras fuentes de financiamiento, aunque ellas signifiquen abandonar el estricto criterio contributivo. Tal vez el IVA o, de manera más realista, una contribución social generalizada, es decir, que pese sobre todos los ingresos, del trabajo y del capital, como lo hacen algunos países.
4- Horizontal hace una crítica ingenua y otra más sofisticada del reparto. La ingenua es que el reparto estaría sujeto a un riesgo demográfico al que no estaría sujeto la capitalización “financiada”. Esto no es cierto. Si el número de inactivos aumenta en relación con la población activa, no se puede escapar a un ajuste de los parámetros del sistema: un aumento de los aportes y/o un aumento de la edad de jubilación. La capitalización y el reparto son equivalentes al primer orden, una a través de ahorros en los mercados financieros, el otro a través de transferencias directas. Siempre son los activos los que alimentan a los inactivos, y si se pueden capitalizar los valores financieros, no se puede por las papas.
Claro que hay diferencias. La primera es la gobernabilidad: cuando el Estado no asume su responsabilidad de mover los parámetros, un desajuste en el reparto (sobre todo con prestaciones definidas) se paga con el déficit público; un desajuste en el caso de la capitalización no se hace a expensas del Estado, sino a expensas de los ancianos que sufren por pensiones deficientes.
La segunda diferencia es que ambos reaccionan de manera diferente a los choques (demográficos, rendimiento de los activos, crecimiento de la economía, etc.), por lo que, desde el punto de vista de la reducción de los macrorriesgos, se considera prudente no apostar el 100% en un solo sistema.
También existe en Chile un problema que llamamos de «absorción»: en relación con el tamaño del mercado financiero nacional, los fondos acumulados para la jubilación se están volviendo “demasiado grandes». Esto crea el dilema de un precio excesivo de los activos nacionales con más burbujas; o invertir en exceso en activos extranjeros. Hoy en día, el 43% de los ahorros de los chilenos para pensiones va al extranjero, con un riesgo de cambio casi en proporción. ¿Es este el mejor uso que se le puede dar? La transferencia directa por reparto y/o por prestaciones públicas puede tomar relevo.
5- La crítica sofisticada es que la solidaridad es más efectiva a través de prestaciones directas, tipo PBS, que a través de un fondo solidario de reparto. El documento propone entonces aumentar fuertemente la PBS y añadirle una contribución universal (y no un tope) de $200.000, que puede llegar hasta el 8º decil de ingresos.
Pero hay que tener cuidado con el impacto de tal medida: al elevar fuertemente los límites de las ayudas directas, se reduce el incentivo para que las personas de bajos ingresos entren en el sistema de ahorro forzoso de las AFP.
Por el contrario, al limitar la ayuda estatal directa, la clase media está menos protegida, una clase media que está expuesta como otras a los riesgos de la vida que penalizan una carrera y la jubilación. Muchos dudan de que mecanismos de pensión garantizados puedan abordar eficazmente la solidaridad más allá de los primeros deciles de ingresos. Hay maneras de introducir mecanismos de solidaridad en un fondo contributivo, pero complicadas. Una fórmula de reparto puede sencillamente proporcionar la cobertura adecuada, con la introducción en el cálculo de la pensión de anualidades o puntos (en los sistemas nocionales) según el número de hijos, el nivel de ingreso, las enfermedades, etc. Esta regla de juego, claramente anunciada, puede ser fácilmente aprobada democráticamente por los ciudadanos.
6- El último punto se relaciona con la semántica. La cotización obligatoria en el caso de las AFP es dinero reservado para sí mismo; en el caso del reparto, es –¡horror!– un impuesto. Los cotizantes de bajos ingresos, protegidos por la PBS pero obligados a contribuir sin más beneficios, apenas ven la diferencia. Pero vale para todos: en un caso, me quitan a la fuerza una parte de mi salario de hoy para recibir en el futuro mi dinero de entidades privadas muy reguladas; en el otro, del propio Estado. ¿Hay tanta diferencia? Confiemos en la solidez institucional del Estado chileno para que estos contratos sean respetados en ambos casos.
Claro que la solidaridad es el tema más importante en el presente debate. Horizontal hizo su trabajo, otros deben hacerlo también. Y que el diálogo avance.
