Opinión
Las compras públicas son clave en la economía de un país como Chile. Se estima que en 2020 los organismos públicos realizaron transacciones que superaron los US$12.000 millones, más del 4% del PIB.
Justamente, por los volúmenes que se mueven, han sido consideradas por la OCDE -sobre todo en estos tiempos de crisis económica generada por la pandemia- como un instrumento de apoyo a los sectores más afectados, como las empresas de menor tamaño.
De acuerdo a cifras de Chilecompra, el 95% de las empresas que transan en el mercado público pertenecen al segmento de las pymes que participan, en promedio, del 50% de los montos totales.
Sin embargo, queda mucho por avanzar para nivelar la cancha para que las pymes compitan en igualdad de condiciones con las grandes empresas. En esa línea, hoy está en discusión en el Congreso la Ley de Modernización de Compras Públicas que salió de la Cámara de Diputados , y sin que se le hiciera ninguna indicación, ahora pasa al Senado en donde esperamos que se haga justicia con las empresas de menor tamaño, tal como se hizo en los mínimos comunes y se corrija lo que los diputados no fueron capaces de entender, respecto a las necesidades de las pymes.
Para que este nuevo cuerpo legal cumpla su objetivo, es fundamental que se eliminen los obstáculos que impiden que las compras públicas sean un instrumento reactivador de nuestra economía, al potenciar a las empresas de menor tamaño que dan cerca del 70% del empleo en el país.
En este contexto, es necesario que el gobierno acceda a realizar cambios al proyecto y que se establezcan criterios reales pro pymes. Entre ellos, está la necesidad de eliminar las garantías por seriedad de la oferta para este segmento. No se entiende la insistencia del Ejecutivo en mantener esta exigencia, que no representa ingresos para las arcas fiscales y que a las empresas medianas y pequeñas las complica financieramente, pues en muchas ocasiones las obliga a copar sus líneas de crédito.
Tampoco se justifica la solicitud de boletas de fiel cumplimiento con distintos montos que pueden fluctuar entre el 5% y 15%. Creemos que un monto razonable es del 3%, tanto en los convenios marcos como en el resto del sistema de compras públicas, este monto le permitirá más participación a las empresas de menor tamaño, ya que las líneas de crédito de estas empresas siempre están al límite y son necesarias para apoyar la producción y no para inmovilizarlas en una garantía por un tiempo largo, con esta rebaja se logra acceso a más caja.
Junto con ello, es relevante que se rediseñen los Convenios Marcos, con mayor acceso y cantidad de productos para las empresas de menor tamaño, y que se implementen licitaciones desagregadas por líneas de productos.
De incorporarse estos puntos en el Senado, creemos que será un avance real para reducir los sesgos que existen actualmente y generar un modelo que permita desconcentrar los montos transados, asegure igualdad de oportunidades e inclusión de proveedores y proveedoras de todos los tamaños, sin discriminación. Todos, puntos esenciales para una buena gestión pública.
