Opinión
A propósito de la muerte de María Luisa Toledo recordé la descripción que hace Tolkien respecto al paso del tiempo: “Devora todas las cosas”. Me parece que esa descripción es tristemente precisa en el campo de los derechos humanos: el tiempo devora la justicia.
El Estado de Chile, a través de distintos tratados internacionales, entre los que destacan la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los cuatro Convenios de Ginebra, se ha obligado de forma inexcusable a adoptar todas las medidas y mantener siempre una voluntad política conducente a lograr un juzgamiento a los autores de las violaciones de los derechos humanos de manera eficaz, rápida y efectiva.
Lamentablemente, en 30 años de justicia transicional es posible constatar políticas y decisiones estatales que hacen vista gorda a estas obligaciones, en especial la sistemática aplicación de la ley de amnistía y la aplicación de la medida de prescripción a los responsables de los crímenes a los derechos humanos, situaciones que obligaron a los defensores de los DD.HH. a buscar fórmulas con la finalidad de combatir la impunidad.
El ejemplo más reciente es que hace unas semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió recomendar al Estado de Chile que la Corte Suprema deje sin efecto 14 sentencias en que aplicó la media prescripción a 50 condenados por violaciones de derechos humanos. Esto no es un hito del cual debemos estar orgullosos, al contrario, esta recomendación a Chile viene después de trece años de revisión por parte de la Comisión, periodo al que debemos sumar todos los años en que se investigaron dichas causas por la justicia chilena.
Tal como dice Tolkien, el tiempo lo devora todo, fallecen los culpables, los testigos, los familiares que buscan verdad y justicia. El tiempo ampara la impunidad y devora las pretensiones de justicia anheladas, en especial cuando no hay a quien enjuiciar o familiar que notificar.
El desafío que tienen los constituyentes es precisamente que la nueva Constitución consagre los mecanismos necesarios para que el Estado de Chile cumpla las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos, mecanismos que impidan que el tiempo sea capaz de devorar todo, relegando el paso del tiempo a la única función que debiese tener en un sistema jurídico: determinar plazos y condiciones.
