Opinión
La semana que pasó, a través de los medios de comunicación, nos enteramos del rechazo de la Cámara de Diputadas y Diputados a los fondos que permiten el funcionamiento para el 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y, por tanto, del Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura, así como también del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural junto a sus instituciones colaboradoras, tales como Villa Grimaldi, Fundación Eduardo Frei Montalva, Londres 38, Casa Memoria José Domingo Cañas, Fundación Patricio Aylwin, Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, Fundación Salvador Allende, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros.
Tras una jornada de discusión de 22 horas, se decidió dejar sin presupuesto a estas entidades, moción que principalmente recayó en diputados(as) de partidos de derecha y ultraderecha.
Si bien el proceso de discusión presupuestaria no está cerrado y lo que ahora viene es el pronunciamiento del Senado, apoyado por el importante papel que pueda desempeñar el ministro de Hacienda, Mario Marcel, resulta una señal simbólica y política peligrosa para la construcción y mantención de una cultura de derechos humanos en el país.
Tras esta noticia, las voces de los diversos actores involucrados no se han hecho esperar. Hemos observado los pronunciamientos que han realizado las autoridades de estas instituciones afectadas, así como de sus organizaciones sindicales, entre otros.
Así las cosas, este escenario, más allá de la decisión, podría implicar tres riesgos a mí parecer. Primero, devela la nula comprensión que algunos(as) parlamentarios(as) tendrían respecto de la obligatoriedad del Estado para con la protección, promoción, garantía, difusión y promoción de los derechos humanos. Resulta incomprensible que, si este es el principal sujeto mandatado en esta materia, no se les permita a los organismos afectados realizar su trabajo que justamente colabora con el avance progresivo de ese legítimo interés.
Segundo, se visualiza, al parecer, una desvalorización del aporte de las organizaciones de derechos humanos (estatales/autónomas y de la sociedad civil). Conjuntamente, las reacciones que algunos(as) diputados(as) de derecha publicaron en sus redes sociales, en que “celebraron” el triunfo de este voto, lo que podría interpretarse como una merma a las posibilidades de otorgar a la población una efectiva protección y promoción de los derechos. Se ha señalado que en Chile tendríamos “supuestos desaparecidos” (aludiendo al Plan Nacional de Búsqueda), que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en realidad debiera llamarse “Museo de la Memoria Selectiva” para referir de manera irónica y burlesca al énfasis pedagógico y político en relación con el período en el que se inscribe su mensaje, y también se ha indicado que lo que se ha desaprobado en general son “actividades que se consideran ideologizadas”.
Pareciera ser que lo que aquí aparece es más bien un voto de castigo y de censura y de una convicción de que efectivamente no se debieran usar recursos públicos en este tipo de políticas públicas, porque “no reflejarían realmente las necesidades que tienen las personas”. En consecuencia, lo que se esperaría es que, a partir de la discusión presupuestaria, se pudieran debatir los contenidos, impactos, desafíos y mejoras que la institucionalidad de derechos humanos requiere para, precisamente, favorecer las obligaciones internacionales del Estado en distintos ámbitos y con respecto a diversos grupos desaventajados y no debilitarlas aún más.
Finalmente, y, en tercer lugar, el próximo año vamos a conmemorar 50 años del golpe cívico-militar. Es interesante revisar la experiencia comparada de países como España, Alemania y Argentina en materia de justicia transicional. Los resultados de esta votación presupuestaria se instituyen como una señal que no nos deja bien posicionados ante el mundo, pues sigue dando lugar a señales de impunidad, revictimiza a los(as) afectados(as) y a las organizaciones de la sociedad civil, y da a pensar que en Chile no están (una vez más) aseguradas las garantías de no repetición al ignorar las recomendaciones que hicieran las comisiones Rettig y Valech, además de una serie de otros organismos internacionales durante todos estos años de democracia.
Acontece entonces un escenario político y social preocupante que debe hacernos reflexionar y actuar en función del lugar que necesitan ocupar los derechos humanos en los cursos de acción estatales mediante el papel que asumen los tomadores de decisión.
Esta noticia está en desarrollo, por lo que esperamos que, en el transcurso de los días, la manera en que los derechos humanos se estén entendiendo, así como el significado que se les esté otorgando en el presente, permitan al Estado chileno seguir avanzando en ese compromiso intransable para con la dignidad humana.
