¿Qué tan justo es que los ciudadanos financiemos el rescate de las isapres?

El texto parte de dos premisas necesarias para analizar el tema: 1º) las isapres han sido de las “industrias” más poderosas de la economía chilena, tanto por su relevancia económica y vinculación con los sectores financieros, como igualmente por la posición estratégica de la salud en la vida de las personas, y su influencia política, y (2º) el problema que enfrentamos en la actualidad, si bien tiene un origen en lo económico, supera con creces ese aspecto. El propósito de una institución como las isapres (siguiendo al viejo maestro Aristóteles), equivale a discutir sobre su función social y las virtudes que estas honran y recompensan.

Como sabemos, las isapres fijan en UF el valor mensual de sus cobros a los afiliados, por ende, sus recursos se actualizan mensualmente, y además pueden exigir un reajuste anual adicional. Es decir, han sido en estas décadas un sector privilegiado en materia de acceso a recursos financieros actualizados, lo que se tradujo por muchos años en gananciales jugosos para sus accionistas.

Preguntarnos si la sociedad chilena es justa –siguiendo a Sandel– es interrogarnos sobre cómo se distribuyen los ingresos y patrimonios, deberes y derechos, poderes y oportunidades, oficios y honores. Una sociedad justa distribuye estos bienes como es debido: dando a cada uno lo suyo. Lo difícil empieza cuando nos preguntamos qué es lo de cada uno y por qué razón lo es.

El dilema que enfrentamos en la actualidad es analizar bajo qué fundamentos la sociedad chilena mandata al Estado para otorgar recursos públicos para que estas instituciones puedan seguir operando, en un escenario que se ha planteado por dichas entidades como catastrófico, de no mediar una intervención financiera mayor del Estado. Y, en razón de ello, discutir qué tan justa es esta medida demandada por ellas.

El rescate financiero por el erario público de la industria de salud privada plantea dudas y contradicciones que no son fáciles de resolver. Por una parte, porque es muy probable que su colapso económico –de ser tal– afecte también la gestión del sistema público de salud al gravarle de demandas de mayores atenciones, perjudicando así a muchas personas (que por cierto somos inocentes de la mala gestión de las isapres), además de evidenciar una sensación de injusticia por destinar grandes sumas de dinero público a instituciones privadas que han fallado en honrar su tarea. En cierta forma, tal como ha sido planteado en los medios, desde un punto de vista moral, el rescate financiero del sector podría asemejarse a una forma de presión indebida hacia los ciudadanos y el Estado.

Las personas hemos pasado, primero, de la incredulidad a una creciente molestia camino a la indignación por lo que está rodeando está medida para las isapres, lo que se origina en una sensación de injusticia directamente vinculada a su merecimiento, debido a que por décadas sus ingresos fueron muy elevados y –en oportunidades– estas instituciones de salud no acogieron solicitudes de apoyo excepcional a algunos de sus beneficiarios, reducción de reajustes y otros, viéndose a las isapres como codiciosas en un aspecto social tan sensible para nuestras vidas.

También estas, por su posición privilegiada, pueden presionar a la sociedad, lo que otros sectores económicos tanto o más necesitados, pero de menor impacto directo y agregado, no pueden hacer. Entonces, no parece equitativo que en los buenos tiempos las isapres tengan enormes beneficios y cuando las cosas van mal se nos pida a los contribuyentes (a través del Estado) pagar sus facturas.

En este momento pareciera que estas entidades se merecen –aunque sea a regañadientes– el dinero del rescate. Lo que señalo es que para todos los habitantes de este país no es justo pagar las consecuencias directas e indirectas de esta crisis.

También está crisis ocurre no solamente por la evidente falta de previsión de estas entidades para enfrentar periodos críticos de menores flujos de recursos; sino que además y, sin lugar a dudas, por la inadecuada regulación del sector, de la cual deben hacerse cargo los gobiernos anteriores, parlamentarios y partidos políticos en estas largas décadas de democracia, cuestión que seguramente será negada por algunos, aduciendo que es un tema complejo, entonces, ¿lo complejo no tiene solución o debido a que somos incapaces de diseñarlas y/o implementarlas?

El problema desde la frialdad técnica implica preguntarse: ¿tuvieron los propietarios y altos ejecutivos de las isapres responsabilidad importante por la crisis financiera que les afecta? Muchos piensan que no, asumiendo que se debió a una situación imprevisible e inmanejable del mercado. Entonces, si se trató de la irrupción de grandes fuerzas económicas, es decir, fuerzas sistémicas y/o estructurales que explicarían “las enormes pérdidas”, ¿no debería sostenerse también que estas explican las inmensurables ganancias de décadas previas de las isapres? Es decir, los directivos son responsables de los años buenos, pero no de los malos. Entonces, ¿es factible que el talento y capacidad de trabajo de directivos y ejecutivos de las isapres sea la causa de resultados financieros positivos tan grandes –cuando todo va bien– y no cuando va mal?

Algo no cuadra en esa lógica. Finalmente, si directivos y ejecutivos no son tan responsables de los éxitos ni de los fracasos de sus instituciones, ¿se merecen un premio por su gestión?, ¿qué razón se puede argumentar para sostener que se la merecían antes?

Ahora bien, analizado este problema social desde los enfoques de justicia más dominantes, uno de las cuales es el bienestar y maximización de utilidades, no corresponde a los ciudadanos pagar por ello, pues este es un tema neto de mercado y, por lo mismo, así como se gana, se pierde, dando pie entonces a que algunos sostengan que los mercados sin restricciones no son ni justos ni libres. En segundo lugar, desde la perspectiva de la libertad de elegir en un mercado libre (sea real o hipotética), tampoco corresponde, pues son las circunstancias, el mercado excepcional, para bien o para mal, que se han conjugado para estos resultados, debiendo ser asumidos por las instituciones causantes: las isapres (esta visión requiere respetar el derecho individual de las personas, lo que estas instituciones no hicieron). Una tercera postura, la justicia requiere cultivar la virtud y razonar sobre el bien común; se entiende por virtud el sentido institucional y su rol en la sociedad, y no solo para los gananciales de sus propietarios; no cabría entonces legitimar el apoyo financiero a estas entidades.

En una sociedad justa se requiere de un intenso sentimiento comunitario, para lo cual tendrá que encontrar una forma de cultivar en los ciudadanos la preocupación por el conjunto, apartándose de las nociones puramente privatizadas de la vida buena y cultivar la virtud cívica. Si bien muchos sostenemos que la justicia requiere de políticas que corrijan las desventajas sociales y económicas y den a todos equitativamente oportunidades de triunfar, la discusión pasa por el cómo hacerlo. La cual en este caso es el centro del problema.

Si el “rescate” implica recursos fiscales –y además cuantiosos–, ante la inminencia de un mal mayor que es su quiebra y el consecuente deterioro de la atención de salud de muchas personas, todas por cierto inocentes de este mala gestión, (1º) dicho “rescate” debe tener garantizado que bajo ninguna circunstancia el Gobierno o sus instituciones públicas, como el Servicio de Impuestos Internos (SII) u otras, puedan condonar pagos, deudas, intereses, cuotas, etcétera; también (2º), dichos pagos deben ser en moneda actualizada y con intereses conforme al costo alternativo del monto del rescate, y (3º), algo aprendido del rescate del año 1982, debe existir un plazo definido para el pago parcial y total de las deudas (y saber lo que implica su no pago), (4º) además de instalar una administración del Estado en estas instituciones hasta que la deuda pública esté totalmente saneada. Quizás esto último sea un “estimulo eficiente” para que las isapres paguen más rápido sus deudas con la sociedad chilena.