Pinochet, el dictador que los republicanos ven como un “estadista” (y complica a la derecha)

Luis Alejandro Silva Irarrázaval es como una caricatura del conservadurismo extremo y de la elite de este país. Estudió en el Colegio del Verbo Divino –por eso, en esa especie de entrevista homenaje que le hizo Cristián Warnken, nombró a su entrenador de atletismo, el gran Alberto Labra–, luego en la Pontificia Universidad Católica y el postgrado lo obtuvo en la Universidad de Los Andes, para luego tener un alto cargo en la misma casa de estudios. Todo dentro de la cota mil. Es católico, apostólico y romano, de la ultraconservadora corriente dentro de la Iglesia, el Opus Dei, del cual es supernumerario, practicando incluso el celibato. Es soltero, pero usa un anillo de compromiso, porque dice estar casado con Dios –eso que solo confiesan las hermanas y monjas–.

Este hombre célibe profesa posturas del siglo pasado, varias superadas hace décadas por la sociedad chilena, como el divorcio. Contrario al aborto –en todas sus causales–, al divorcio, la eutanasia y, por supuesto, al matrimonio homosexual. Hasta aquí, su derecho y su problema. Sin embargo, en los últimos años, comenzó a incursionar en política, obedeciendo a un objetivo que tienen los Opus Dei: influir y conquistar el poder.

En 2021 intentó ser parlamentario, obteniendo un paupérrimo resultado (3.3% de los votos) al competir por comunas populares como San Ramón, El Bosque, PAC, San Miguel y Lo Espejo. Este año decidió probar suerte como consejero constitucional –por la RM–, obteniendo la mayor votación de los 51 electos, con más de 700 mil votos, la mayoría concentrados en las acomodadas comunas que forman parte del distrito 11, es decir, La Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Sandía calada esta vez.

De ahí en adelante, Silva pareciera haber logrado encaminar su misión. Pasó a ser el vocero carismático de la mayoría del Partido Republicano que redactará el texto final de la nueva Constitución, y donde siempre su condición de Opus Dei está por delante en sus opiniones. Sus palabras trasuntan una visión en que Estado y religión –explicitado en la Constitución de 1925– vuelven a unirse, como en la época en que la aristocracia gobernaba, controlaba el comercio, la economía y, además, daba su venia a la jerarquía de la Iglesia católica, incluso aportando a uno de sus hijos al sacerdocio, como una manera de proteger sus derechos.

En próximas columnas podremos analizar qué nos pasó, que en un período tan corto migramos desde el 18-O, de promover posiciones liberales y ponernos a la altura de las sociedades modernas en términos de derechos –de la mujer, minorías sexuales, aborto, divorcio, etc.–, para terminar ultraconservadores y de ultraderecha, pasando cambio sin embrague y sin puntos intermedios.

Y si en Republicanos pensaron que esto sería pan comido –ya tienen uno menos, acusado de abusos sexuales– y que contaban con el respaldo ciudadano del 35% para hacer y deshacer –olvidando que un porcentaje importante de esos votos fueron ilusionados por la seguridad y para castigar al Gobierno–, a poco más de una semana, han comenzado a entender que esto será difícil y que, si siguen como han estado algunos en la previa, podrían terminar repitiendo el ciclo anterior. Porque si en Republicanos creen que los chilenos se volvieron totalmente conservadores y estarían dispuestos a revertir derechos como el divorcio, están cometiendo un error de diagnóstico fatal.

En este último mes, desde el resultado del 7M, en el Partido Republicano han sacado la voz con todo. Y han dado una batalla ideológica de esas de fondo. Reivindicando posiciones de extrema derecha, criticando los acuerdos de los expertos, y descalificando temas de fondo consensuados –como el Estado social–, señalando que por qué tendrían que negociar si ellos son los triunfadores. Hasta ahí, esperable. Ya sabemos lo que son las borracheras políticas en Chile cuando se le propina una derrota al rival. Lo vivimos en la Convención anterior.

Sin embargo, el “entusiasmo ideológico” –con un toquecito de soberbia– de Republicanos ha ido más allá. Luis Silva habla bien –como un predicador–, tiene desplante, pero peca de manera frecuente de ingenuidad política. Cada una de sus entrevistas han requerido una traducción posterior de parte del supernumerario y siempre generando polémica. Sin embargo, lo que el académico no ha logrado comprender es que la principal perjudicada de sus pensamientos hablados ha sido la propia derecha. Para el oficialismo, en cambio, ha caído como una bendición, ayudando a unificar posiciones. No hay regla más clara que aquella de tu enemigo te une.

El consejero republicano escarbó en una herida que la derecha ha intentado enterrar y dar por superada hace ya un par de décadas. De ahí que los dirigentes de Chile Vamos optaran de inmediato por marcar diferencias y alejarse lo más posible de la reivindicación que Silva hizo de Augusto Pinochet y del golpe militar. Desde Evópoli, RN y la UDI fueron categóricos. Y como el lenguaje crea realidad, llamó la atención el uso del adjetivo “dictador” – en boca de gente como Javier Macaya, UDI– para referirse a quien admiraron por más de 30 años. Lo errático de la verborrea de Silva fue tal, que del propio Partido Republicano surgieron algunas voces descolgándose del consejero, incluido Rojo Edwards, que calificó a la dictadura de dictadura…

El hombre de Iglesia, Luis Silva, ignorando las violaciones a los derechos humanos y otras atrocidades, muy poco católicas, catalogó a Pinochet como un “estadista”. Una opinión que no solo desató una ola de críticas, incluida la derecha, sino que también logró alinear un relato oficialista desde Boric –con un duro tuit– hasta los democratacristianos, algo que no veíamos desde hacía rato. Esperemos que esta controvertida opinión no sea más que otro desliz, producto de la falta de experiencia del “profesor”, y no responda a una provocación a tres meses de los 50 años del bombardeo a La Moneda, porque ese tono solo puede polarizar más el enrarecido ambiente político chileno.

Y, claro, si en Republicanos creen que la votación del 7M les dio la licencia para reivindicar la dictadura, y todos sus horrores –como los detenidos desaparecidos, exiliados, torturas, clausura del Parlamento y las libertades públicas–, además del escándalo de enriquecimiento ilícito –robo– que dejó en evidencia el caso Riggs, es que no están entendiendo nada de la política y el país. O, a lo mejor, ya están empezando a vivir el síndrome de la Lista del Pueblo.