Opinión
Vías de consenso para seguir avanzando parecen ser el fortalecer al Fonasa, que ya atiende al 85% de la población, y avanzar hacia una atención primaria universal y de alta calidad. Aún nos queda mucho para que “Mi salud, mi derecho” sea más que una expresión de buenos deseos.
El Día Mundial de la Salud, que se celebró el reciente 7 de abril, recuerda la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Es una jornada en la cual se destacan temas importantes relacionados con la sanidad global y se promueven acciones para mejorar el bienestar de las personas en todo el mundo.
La historia de esta conmemoración está ligada a la necesidad de crear conciencia sobre los problemas que afectan a las comunidades a nivel global y a los esfuerzos por garantizar el bienestar de los ciudadanos. Para ello, es clave la importancia de la colaboración internacional para abordar problemáticas como las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la salud mental, la obesidad y las emergencias sanitarias.
Este día representa un recordatorio de que la salud es un derecho humano fundamental que debe ser protegido y promovido para todos, sin importar su origen, género, edad o condición socioeconómica. Además, ha servido como una plataforma para abordar temas críticos de salud pública y para impulsar cambios significativos en políticas y prácticas sobre esta materia.
La importancia de la fecha radica también en su capacidad para movilizar a individuos, comunidades, gobiernos y organizaciones en todo el mundo para tomar medidas concretas hacia la mejora de la salud. Sirve como un llamado a la acción para promover estilos de vida saludables, fortalecer los sistemas sanitarios, reducir las desigualdades en este ámbito y garantizar el acceso equitativo a servicios médicos de calidad para todos.
Este año con el lema “Mi salud, mi derecho”, en el actual contexto pospandémico, de conflictos bélicos, de movimientos migratorios, de cambio climático y de presencia de pobreza e inequidad, la OMS nos invitó a reflexionar sobre los desafíos pendientes para garantizar condiciones sociales universales para una vida saludable, así como para el acceso a todas las personas, sin mediar barreras o discriminaciones, a servicios de atención oportunos y de calidad.
Chile, hace ya más de una década, inició un camino con las garantías explícitas (AUGE) para que las personas percibieran a la salud como un derecho, pero no hay dudas de que aún quedan muchos aspectos por mejorar, tanto en un mayor gasto público como en un uso más eficiente de dichos recursos. Vías de consenso para seguir avanzando parecen ser el fortalecer al Fonasa, que ya atiende al 85% de la población, y avanzar hacia una atención primaria universal y de alta calidad. Aún nos queda mucho para que “Mi salud, mi derecho” sea más que una expresión de buenos deseos.
