Opinión
Pasamos de un modelo municipal que, por medio de las corporaciones, estaba abocado al absoluto descontrol de los alcaldes, a una camisa de fuerza burocrática que limita gravemente a los SLEP en el cumplimiento de sus funciones más elementales.
Cunde un extraño interés por el desarrollo y fortalecimiento de la educación pública. Es una preocupación muy inusual, sospechosa, diría con más propiedad, porque viene desde actores que nunca han abogado por el rol del Estado en la educación. Al contrario, hoy levantan la voz escandalizados quienes de manera sistemática han abogado por su reducción a un papel minimalista, de cobertura subsidiaria y de última instancia.
Sobre el abandono de la educación pública cabría remontarse a las últimas cinco décadas. Pero no es necesario. Basta recordar que desde 1990 todas las iniciativas orientadas a su mejoramiento han sido votadas en contra por los partidos que actualmente dicen abogar por su causa. Esa oposición sistemática y constante se reviste hoy de sermones indignados a propósito de la implementación del proceso de desmunicipalización.
Se trata de una retórica vacía, porque a ese argumentario le falta evidencia. Todas las políticas de aseguramiento de la calidad indican que retrotraer la educación pública a la administración municipal no contribuiría en lo más mínimo a su mejoramiento. Si se analizan las políticas de rendición de cuentas por resultados, se encuentra una abrumadora cantidad de estudios y datos empíricos que pueden recordar a los desmemoriados los contundentes motivos que llevaron a que se aprobara, en 2017, la Ley N° 21.040, para terminar con la municipalización de la educación pública chilena.
Pero si ese cúmulo de pruebas es muy tedioso de analizar, les recuerdo un solo dato de la contingencia: la fiscal que lleva el caso de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, reveló en enero de este año que la Corporación Municipal de Educación de Maipú (Codeduc) adquirió desde 2018 un conjunto de mochilas y kits escolares con el logo de su gestión por un valor aproximado de $124 millones y $21 millones, respectivamente. Ese dinero correspondía al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), y habría sido desviado a colegios particulares.
Este botón de muestra es solo un pequeño recordatorio de la verdadera causa del debilitamiento de la educación pública chilena: un régimen feudal-municipal que abocó la educación pública a la fragmentación, la arbitrariedad, la discrecionalidad y la irresponsabilidad de autoridades edilicias que dañaron las bases de una estructura administrativa y pedagógica ya precarizada. ¿Es a ese modelo al que nos quieren retrotraer los que se oponen a la implementación de la Ley 21.040?
Convengamos en que la salida de la municipalización ha enfrentado resistencias enormes y de manera constante. El proyecto de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) fue postergado y boicoteado por el Gobierno de Sebastián Piñera desde el primer hasta el último día de su mandato. Pero, aunque este proceso se hubiera gestionado adecuadamente, el modelo administrativo tiene carencias de diseño muy graves.
La primera y más urgente dificultad de los SLEP es poder gestionar su infraestructura educativa de una manera eficaz, moderna y oportuna. La más mínima compra de material escolar hoy está atenazada en una maraña de control burocrático que lleva a que el pliego de cartulina que la profesora de 3° básico pidió en enero llegue en mayo, y con suerte. Pasamos de un modelo municipal que, por medio de las corporaciones, estaba abocado al absoluto descontrol de los alcaldes, a una camisa de fuerza burocrática que limita gravemente a los SLEP en el cumplimiento de sus funciones más elementales. La solución pasa por construir un Fondo de Infraestructura de la educación pública que sea adecuado a la gestión de las necesidades actuales y futuras del sector.
La segunda carencia de los SLEP radica en la pesada herencia que tuvieron que asumir luego del traspaso de las escuelas y liceos municipales. Las políticas irresponsables de muchos alcaldes se han traducido en que la nueva institucionalidad tuvo que heredar el costo financiero de que no se hayan pagado en forma correcta y oportuna las cotizaciones previsionales del personal, la sobredotación de docentes previo al traspaso, y muchas otras prácticas que gravan un presupuesto que no contempló estas y otras irregularidades. La solución pasa por deslindar responsabilidades e impedir que los SLEP paguen el precio de gastos indebidos que se deben imputar a los municipios.
El tercer frente a resolver es el carácter, competencias y capacidades de gestión de la Dirección Nacional de Educación Pública (DEP), que debe conducir la gestión de los Servicios Locales. Esta dirección necesariamente debe estar bajo la orientación del Ministerio de Educación, con el objetivo de dar coherencia a las políticas públicas que se desarrollen en esta área. La experiencia comparada internacional muestra que el peor modelo es la opacidad o duplicidad de la dependencia. Si los SLEP se hubieran pensado bajo la responsabilidad de los gobiernos regionales, lo lógico habría sido que se hubiera traspasado esta dirección a estos gobiernos. Pero en un Estado unitario, con un modelo constitucional presidencialista, lo que cabe es dar a una Dirección Nacional de Educación Pública las competencias que necesariamente tiene que asumir. Todos los argumentos en contra no son más que distractores y fantasmas para impedir que esta dirección opere racionalmente, de acuerdo con un diseño institucional de la administración pública.
Por supuesto, dotar a esta dirección nacional de la fuerza institucional necesaria no implica en absoluto caer en una lógica que lleve a una comprensión del canon de la calidad educativa estandarizada, ya que ese es un debate distinto. El Estado debe asumir que el desafío que enfrenta cada SLEP es distinto, cada caso contempla diferentes realidades y nudos específicos. Es fácil decir que el Ministerio de Educación es un edificio en Santiago, como caricatura fácil y populista. Pero los ministerios no son otra cosa que la institucionalidad que se despliega en el territorio al amparo de la ley, y constituyen la acción del Estado en todo el campo de la soberanía nacional. Ello en nada impide la resolución local de problemas, porque el Gobierno nacional gobierna a esa escala, por más que a algunos les moleste o no lo entiendan.
La evidencia internacional es clara: las prácticas educacionales que se configuran en un campo desigual se sostienen por políticas que legitiman y acrecientan estas diferencias, en vez de disminuirlas. La Ley 20.141 fue una vía para tratar de escapar de esa trampa. Aunque la implementación de los SLEP esté siendo lenta y llena de dificultades, no es adecuado desandar el camino. Lo que se requiere son medidas que fomentan una mayor estructuración de su trabajo, para que puedan apoyar la vida escolar bajo un modelo “orientado a metas”.
En ningún estudio de casos se evidencia, a propósito de la política educativa, un Ministerio de Educación sin capacidad de asistencia técnica, pedagógica y financiera a sus servicios públicos. Al contrario, los únicos perjudicados por la carencia de una labor ministerial de ese tipo son los establecimientos con bajo desempeño, situados en contexto de marginalidad urbana o rural, que pagan el costo de los delirios ideológicos de los enemigos de lo público.
