Sin ley de cuotas, retroceden las mujeres y la democracia

El fin de la ley de cuotas amenaza con un retroceso en la representación política de las mujeres y, por tanto, en los avances logrados en justicia de género y profundización democrática.

La regla de cuotas contenida en el inciso quinto del artículo 4 de la Ley N° 18.700 fue incorporada el año 2015, aplicada por primera vez en las elecciones parlamentarias de 2017 y llega a su fin el año 2029. Esta medida afirmativa fue muy importante para aumentar la representación de mujeres en el Congreso Nacional, sin embargo, el balance a la fecha es que ha sido insuficiente para superar la subrepresentación histórica de las mujeres en la política.

En 1990, las mujeres representaban solo el 6% de los escaños en el Congreso Nacional y 20 años después, en 2010, ese número aumentó solamente a 14,9%. Luego de las elecciones de 2017, cuando se aplicó por primera vez la ley de cuotas, la representación de mujeres aumentó al 21,2%, pero luego de las elecciones de 2021 las mujeres solo llegaron a ser el 29,4%, constatando un claro estancamiento.

A esto se suma que la ley solamente considera este mecanismo para las elecciones parlamentarias, dejando fuera otros órganos colegiados, como los consejos regionales y concejos municipales, donde también se evidencia una brecha importante en representación política de mujeres, llegando solo al 35,2% y 33,4%, respectivamente.

Los espacios de representación política debieran ser expresión de sus sociedades, y en Chile, las mujeres representan el 51,5%. Esta brecha es preocupante y nos alerta sobre las barreras de entrada, pero también sobre la calidad de nuestra democracia, porque cuando las mujeres no están siendo parte de los espacios de toma de decisiones, hay otros hablando y decidiendo por ellas. Por ello, velar por la representación equitativa entre hombres y mujeres es velar también por una mejor democracia.

En ese sentido, ante el término del plazo de implementación de la ley de cuotas, es valorable el proyecto de ley ingresado el pasado 6 de mayo por el Ejecutivo. Este considera: i) una reforma constitucional para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la ley electoral; ii) la ampliación de la aplicación de la regla de cuotas a las elecciones regionales y locales; iii) una modificación a la ley electoral entregando un mandato de posición de las mujeres en las listas electorales, garantizando que ningún sexo supere el 60%, que siempre encabece una mujer, alternando luego sucesivamente con candidaturas de hombres, ya que las barreras de entrada se encuentran muchas veces en los mismos partidos políticos, al inscribir candidaturas de mujeres en posiciones desmejoradas dentro de las listas y solo para cumplir con la cuota.

Con todo, este proyecto de ley es un paso más en un camino mucho más largo. Se requiere seguir avanzando en medidas que no solo faciliten la representación equitativa, sino que garanticen la representación paritaria, de 50-50. Es necesario, además, mirar experiencias valiosas, como la de México, para implementar fórmulas de paridad también en la elección de cargos unipersonales. Y, por cierto, se requiere de acciones efectivas frente a las distintas formas de violencia política de género, ya que muchas veces las barreras no solo están para la entrada a las instituciones, sino en las instituciones mismas, mermando el ejercicio pleno del derecho a la participación política.