Aranceles regulados de la gratuidad y proyecto FES

La política de gratuidad en la educación superior consiste en dos elementos principales. El primero es el financiamiento fiscal de los estudios superiores de las personas del 60% de menores ingresos de la población. El segundo es la prohibición a las instituciones adscritas de cualquier tipo de cobro monetario a dichos beneficiarios. La transferencia fiscal –el primer elemento– se realiza a las instituciones, por cada beneficiario, utilizando un valor definido por el Estado, denominado arancel regulado.

Dado que el arancel regulado viene aparejado de una prohibición de cualquier otro tipo de cobro –copago–, la política de gratuidad implica, en esencia, una fijación de precios. Dicha fijación se ha hecho en tres etapas, de las cuales la última cursa sus pasos finales. En consecuencia, la totalidad de los programas de estudios en instituciones gratuitas tendrá sus precios completamente regulados a partir del año 2026.

La fijación de los aranceles regulados es realizada por la Subsecretaría de Educación Superior y debe considerar obligatoriamente ciertas variables definidas en la Ley 21.091, promulgada por la Presidenta Bachelet. La misma ley, sin embargo, abre un peligroso espacio para la discrecionalidad, permitiendo que la subsecretaría añada variables y defina la forma de considerar cada una de las ya establecidas en la ley.

Esta discrecionalidad ha sido utilizada en las regulaciones promulgadas, a través de distintos artilugios. Por ejemplo, una de las variables es el tamaño: ¿sabe el lector que la Universidad Estatal de Aysén, aquella con menos matrícula del sistema, puede ser considerada grande por la regulación que está en vías de aprobarse? ¿Cuál es la utilidad de la legislación, en la práctica, si puede ser torcida de tal manera?

Otra dimensión de la regulación de aranceles corresponde a su objetivo: dar cuenta de los costos “necesarios y razonables” para impartir cada programa. Sin embargo, financiar el costo de un programa, incluso si fuera hecho de manera completamente perfecta, implica que la institución no tendrá excedentes. Si una institución de educación no posee excedentes arancelarios, no puede financiar otras funciones propias de su naturaleza, como la investigación y la extensión, que exige la ley para su existencia.

Aún más: no puede reinvertir los recursos adicionales en mejorar sus programas. No por nada las universidades que podían, pero se abstuvieron de entrar a la gratuidad en 2016, han aumentado en mayor medida su acreditación de calidad institucional. Quienes pierden con esta política, mal concebida y diseñada, son los mismos estudiantes: especialmente aquellos de universidades privadas, las cuales perderán cerca de $22 mil millones por la regulación de 2026.

En una situación como la descrita, conjugada con un escenario económico nacional hostil, extender aún más la regulación de aranceles es –evidentemente– una mala decisión de política pública. Sin embargo, se trata de una de las propuestas que apareja consigo el proyecto de ley del Gobierno del Presidente Boric, que condona la deuda del CAE y establece el nuevo FES.

Con este, la regulación de aranceles se extenderá al 90% de los estudiantes en las instituciones adscritas, congelará el crecimiento del número de estudiantes y establecerá exigentes requisitos para permanecer en el sistema. Al eliminar, además, todo otro tipo de ayuda estatal –i.e., becas y créditos–, condenará a las instituciones a una decisión imposible: entrar al FES o quebrar.

El sistema de educación superior ha mejorado progresiva y sustancialmente durante los últimos 20 años. Las ayudas estudiantiles cubren a más de dos tercios de los estudiantes, existe un sólido mecanismo obligatorio de aseguramiento de la calidad y, en la actualidad, la mayoría de las universidades aparecen en los rankings globales de mejores instituciones de educación superior. No es el momento de equivocar el camino.