El proyecto FES y la autonomía financiera de las universidades

Hay dos aspectos que deben distinguirse en el proyecto de ley FES. El primero se refiere a la estructuración del “préstamo” al estudiante (reembolsos vinculados a sus ingresos futuros o reembolsos fijos como en el actual CAE, nivel de los copagos, etc.). El segundo se refiere a la eliminación de los bancos como intermediarios, ya que en el proyecto es el Estado el que proporciona los fondos directamente al estudiante.

Los rectores universitarios están muy conscientes, y con razón, de que este segundo aspecto es el más importante, ya que afecta su autonomía financiera y, más allá, la gobernanza general del sistema. Pero ¿cuál grado de autonomía financiera se puede aceptar?

Se sabe que el “mercado” de la educación superior es muy particular, ya que se desea que personas con capacidades contributivas muy diferentes puedan estudiar si reúnen las condiciones académicas requeridas. La gratuidad, las becas o los créditos estudiantiles son los medios clásicos que utilizan en diversos grados los países para responder a esta limitación.

Surge un problema en el actual régimen CAE de créditos para estudiantes. Por un lado, el estudiante no está realmente en condiciones de juzgar el valor del servicio educativo que va a recibir. Desde luego, su solicitud depende en menor medida del nivel de los costos y, por lo tanto, del precio que aplica la universidad una vez que se le concede un préstamo.

En cuanto a los bancos que lo financian, su interés es ante todo conceder el máximo número de préstamos, sobre todo porque su riesgo es prácticamente nulo y el préstamo les permite fidelizar a clientes interesantes. La situación se mejora poco si fuera el Banco Estado, en lugar de los bancos comerciales, el encargado de conceder los préstamos. La función del banco no es en ningún caso supervisar la gestión de los costos de la universidad.

Por lo tanto, en el sistema actual de CAE existe una facilidad de financiamiento por falta de un tercero que sustituya a una demanda dispersa y desorganizada. Se corre el riesgo de que los costos se disparen. El control actual, por los estudiantes y los bancos, es evanescente y eso es lo que pretende cambiar la reforma FES organizando en directo la asignación de fondos a los estudiantes.

Está bien documentado en el caso de EE.UU. que un control débil crea una espiral en la que los costos universitarios se disparan al unísono, sin que pueda existir una verdadera competencia de precios. El gráfico adjunto muestra, por ejemplo, que entre 1980 y 2022, el costo de los aranceles y matrículas en EE.UU. creció un 5,7% más rápido que la inflación. El número de impagos en los préstamos es elevado y el costo recae sobre las finanzas públicas.

¿Es esto razonable? Una empresa privada, por poner un ejemplo, no opera sin el estricto control de sus accionistas y prestamistas, directamente interesados en los resultados financieros. En el caso de la educación superior en Estados Unidos, nadie parece asumir realmente ese control financiero.

La competencia entre instituciones se basa allí en el prestigio, en la contratación de “estrellas” muy bien pagadas (lo que explica la solidaridad entre profesores y rectores), en un énfasis exagerado en la producción de papers en revistas con comité de lectura, etc. La calidad de la pedagogía y de la enseñanza impartida ya no es, ni mucho menos, el criterio principal que guía las decisiones. ¿Es eso lo que queremos para Chile?

Este es el debate que no se ha llevado a cabo de manera suficiente antes incluso de sustituir al CAE. ¿Qué relación debe establecerse entre la o las instancias públicas de tutela y la universidad? Sin duda, existe un acuerdo de que la libertad pedagógica debe preservarse estrictamente, que la acreditación académica debe seguir siendo independiente de la supervisión financiera y que los presupuestos de I+D pueden ser objeto de un tratamiento aparte.

No tengo competencia para proponer la estructuración idónea. Esta debe surgir de un proceso de concertación entre los diferentes actores del Estado y las instituciones para encontrar una base de acuerdo. Si el financiamiento por parte del CAE es decididamente obsoleto, es necesario arreglar el tema de la gobernanza antes de sustituirlo por otro.