Empleo y brechas de género: la deuda con las mujeres

Pese a los avances de las últimas décadas, la inserción laboral de las mujeres en Chile sigue enfrentando barreras profundas y persistentes. En el trimestre abril-junio de 2025, la tasa de participación laboral femenina alcanzó el 52,9%. Sin embargo, el ritmo de creación de empleo para mujeres se ha desacelerado drásticamente: de más de 430 mil empleos anuales generados en abril-junio 2022, se pasó a apenas 6,8 mil en el mismo periodo de 2025.

A ello se suma una tasa de desempleo femenino que sigue muy cerca de los 2 dígitos (9,9% en abril-junio 2025) y una clara concentración de las mujeres en sectores vulnerables como el comercio, la enseñanza y los servicios, donde predominan empleos informales, mal remunerados o sin proyección profesional. Los datos muestran, además, que las mujeres jóvenes, con menor nivel educativo y pertenecientes a pueblos originarios, son las más afectadas por el desempleo y la precariedad. 

La mirada territorial revela incluso escenarios más duros para las mujeres en algunos territorios. En abril-junio 2025 siete regiones del país exhiben tasas de desempleo femenino de 2 dígitos, lideradas por Atacama, que registró un 11,7%. Se suman a este grupo: Ñuble, Metropolitana, La Araucanía, Tarapacá, Biobío y Los Ríos. En cuanto a inserción laboral, 10 regiones presentan tasas de participación laboral femenina iguales o inferiores a 50%, con casos críticos como Los Lagos y Ñuble, donde la participación de la mujer apenas superó el 45%. 

Existen factores estructurales del mercado laboral chileno que dificultan el acceso, la permanencia y el ascenso de las mujeres en el empleo remunerado. Entre ellos destacan la discriminación en los procesos de contratación, los techos de cristal, la falta de condiciones laborales compatibles con la maternidad, entre otros. Pero la principal barrera sigue siendo la carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Según la última Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, las mujeres destinan 2 horas y 5 minutos más que los hombres al trabajo no remunerado en promedio al día. Esto incluye trabajo doméstico, trabajo de cuidados a integrantes del hogar, trabajo voluntario y ayudas a otros hogares. 

Como muestra además un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto a la Organización Internacional del Trabajo, muchas mujeres consideran que los salarios ofrecidos por el mercado no compensan los costos asociados a trabajar fuera del hogar, especialmente cuando deben pagar transporte, alimentación y cuidado infantil. Esta percepción de “esfuerzo no recompensado” actúa como un desincentivo real, en particular para quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad económica.

La Encuesta Suplementaria de Ingresos 2024, por su parte, sigue mostrando las marcadas diferencias entre hombres y mujeres a nivel salarial. La brecha de género en el ingreso medio para 2024 se ubicó en -24,4% en desmedro de las mujeres, incluso superando levemente el -23,3% registrado en 2023. Al considerar el ingreso mediano –que supone mayor representatividad– la brecha de género del 2024 llegó a -20,5% también en perjuicio de las mujeres, anotando un alza respecto al -16,7% observado en 2023. Estos datos confirman no solo la persistencia de la desigualdad salarial de género, sino también su preocupante tendencia al alza.

Es urgente garantizar el acceso universal a sala cuna y fortalecer la articulación territorial de los servicios de cuidado. También es clave apoyar a las mujeres que hoy generan ingresos en condiciones informales, a través de programas de capacitación, subsidios, acceso al crédito y políticas activas de empleo con enfoque de género. Es hora de reconocer el trabajo de cuidados como un pilar del bienestar social y económico, lo que implica redistribuirlo entre hombres y mujeres, pero también entre el Estado, el mercado y las comunidades organizadas que ya participan activamente en estas tareas.

Finalmente, las dinámicas del empleo femenino varían significativamente entre regiones. Las políticas públicas deben diseñarse con enfoque territorial, reconociendo las particularidades del tejido productivo, los niveles de informalidad y las brechas de acceso en cada zona del país.