“Bancada por el agua”: oportunidad y desafío legislativo

En los últimos años, el Congreso ha impulsado diversas iniciativas legislativas orientadas a los recursos hídricos. Algunas buscan crear nuevas leyes; otras, modificar las existentes para enfrentar la creciente escasez de agua en un contexto donde el marco normativo vigente no responde plenamente a las demandas actuales.

Entre los proyectos en tramitación destacan: la regulación y fomento del tratamiento y reutilización de aguas servidas tratadas, el uso de agua de mar para desalinización y la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, entre otras.

En este escenario, el pasado 4 de agosto, trece senadores de distintas bancadas –RN, UDI, Demócratas, PS, PPD, DC, Frente Amplio y Federación Regionalista Verde Social– conformaron la “Bancada por el Agua”. La iniciativa cuenta con el apoyo de dos asociaciones gremiales vinculadas al sector (Andess y Aladyr) y de las ONG Water is Life y O2 Company.

Según su presentación, la instancia busca actuar como “articuladora y facilitadora de una agenda común por el agua”, con el objetivo de impulsar legislación que garantice el acceso permanente, confiable y equitativo al agua potable en Chile, priorizando la preservación de los recursos hídricos y fomentando su uso eficiente, especialmente en comunidades rurales y vulnerables.

Una de sus primeras propuestas es la creación de una mesa técnica permanente con universidades, fundaciones y otros actores para apoyar a la bancada, revisar proyectos en tramitación y acelerar su avance legislativo. Esta colaboración podría ser valiosa: el marco normativo del agua requiere ajustes urgentes, elaborados de manera coordinada, ágil y con respaldo técnico.

Sin embargo, el trabajo legislativo en esta materia enfrenta al menos dos grandes desafíos. El primero es la lentitud de la tramitación, incluso en proyectos con urgencia presidencial. El segundo, más complejo, es la fragmentación temática: muchas iniciativas carecen de una visión estratégica común, enfocándose en resolver contingencias puntuales en territorios específicos, sin considerar una mirada sistémica y de largo plazo. Esta dispersión genera una gestión desintegrada, rígida y burocrática.

Un ejemplo de esa falta de integración es la ley sobre reutilización de aguas grises tratadas. Si bien regula una parte del problema, deja fuera las aguas negras y su tratamiento integral, que están bajo la ley sanitaria, dificultando así la implementación efectiva de la norma.

El éxito de esta bancada –y particularmente de su mesa técnica– dependerá de su capacidad para convocar y escuchar a actores técnicos, políticos y sociales que representan legítimos intereses en torno al agua. La construcción de consensos amplios y de una base común de largo plazo es clave para evitar que se repita la historia de tantas mesas hídricas que, pese a buenas intenciones, terminaron sin resultados significativos.

El agua en Chile requiere una gobernanza sólida, coherente y con visión de futuro. La bancada tiene la oportunidad de dar ese paso. Si lo aprovecha o no, dependerá de su voluntad de trabajar de manera inclusiva y estratégica, más allá de las coyunturas o contingencias hídricas.