Y ahí están, nuevamente, mirando con lupa lo irrelevante

La política chilena ha vuelto a perderse en un debate secundario: las multas por no votar en elecciones obligatorias. En apariencia, es una discusión técnica: cuánto sancionar, a quién, en qué plazos. Pero en realidad lo que refleja es algo mucho más preocupante: una política obsesionada con administrar incentivos de corto plazo, incapaz de reconocer que la ciudadanía es bastante más compleja que simples reactores frente a castigos o premios.

Un estudio de Datavoz, realizado en 2024, sobre la percepción de la gravedad de distintas faltas, resulta revelador frente a la ceguera de nuestros políticos. Entre un conjunto de faltas, tales como no pagar el transporte público, tirar basura en un parque nacional, circular sin permiso de circulación o no votar cuando la ley lo exige, la mayoría señaló esto último como lo más grave. Y no opinaban así sólo quienes piensan que votar es un deber, incluso quienes lo ven como un derecho y apoyan que sea voluntario ponían al hecho de no votar cuando es obligatorio hacerlo como una de las faltas más graves. Estas percepciones no dependían de la existencia de una sanción concreta, más bien parecen reflejar que las personas consideran que más allá de sus preferencias si es algo obligatorio, entonces, debe hacerse.

Por supuesto, las multas tienen un efecto. Ayudan a desincentivar conductas en el margen, como ocurre con los límites de velocidad o el no pago de impuestos. Pero no explican todo y usualmente no explican el comportamiento general. En las municipales de 2024, por ejemplo, la multa se redujo. Es probable que algunos, en el margen, se abstuvieran porque la sanción resultaba ahora demasiado baja. Pero el hecho concreto es que la participación subió en cinco millones de votantes aproximadamente.

Es decir, la ciudadanía fue a las urnas porque lo consideró lo correcto. Los que no estaban habituados a votar no fueron porque estuvieran aterrados de la sanción. Y los que siempre iban a votar volvieron a hacerlo no porque hubieran perdido el miedo a una sanción que, en la práctica, nunca fue el motor de su participación. Nada de eso hace sentido. Fueron porque era obligatorio, punto.

No se trata de negar la importancia de los incentivos, sino ubicarlos en su justa medida: son útiles, pero no bastan, y menos aún explican por sí solos el comportamiento cívico y electoral.

Lo que incomoda de este debate es que los actores políticos parecen atrapados en lo pequeño. Un día defienden sanciones que históricamente rechazaban; al siguiente, relativizan principios que solían ser irrenunciables. La izquierda, que defendió históricamente la inclusión, hoy duda frente a ciertos votantes. La derecha, que durante décadas temió la ampliación del padrón, ahora exige sanciones para asegurarla. El resultado es un enredo ideológico que deja la impresión de que nadie cree realmente en nada, más allá de lo que pueda servirle para obtener más poder.

Sé que el momento es desafortunado porque, en plena campaña, el cálculo mezquino se impone sobre la reflexión de largo plazo. Sin embargo, es justo ahora cuando la política debiera reservar un espacio para escuchar, para tratar de entender cómo la gente habita realmente lo colectivo. Porque si de verdad quieren permanecer en el juego del poder más allá de la próxima elección, necesitarán comprender que el vínculo con la ciudadanía no se construye con multas, sino con legitimidad. Y, para esto último, lo que deberían estar discutiendo son otros temas.

Pero ahí están, nuevamente, mirando con lupa lo irrelevante: discutiendo sobre sanciones que, en el mejor de los casos, son marginales para explicar el comportamiento electoral. Mientras tanto, lo esencial —la confianza, la legitimidad, el sentido compartido de lo público— sigue fuera de foco. La lupa permanece fija en la anécdota, mientras el país espera que, de una vez por todas, la política se atreva a mirar lo sustantivo.