Fiscalía Supraterritorial y su impacto en el sistema de justicia

El sistema procesal penal, en vigencia en Chile hace ya 25 años, descansa sobre la base de una serie de principios de carácter normativo, tales como la publicidad y transparencia de la justicia, la eficacia en la persecución penal y las garantías del debido proceso. Tales principios, que a su turno constituyen manifestación del Estado de Derecho, aseguran el control del poder y la correcta aplicación de la Ley, a través de la interrelación de un órgano encargado de la persecución penal, la defensa del imputado y el control jurisdiccional, vinculados todos en un solo proceso sistémico cuyo equilibrio es fundamental para su correcto funcionamiento.

El 2 de febrero de 2024 se publicó la Ley 21.644 que modifica la Constitución Política de la República, creando la Fiscalía Supraterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, a lo que se añade la reciente modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que refuerza las atribuciones del Fiscal Nacional perfeccionando la persecución penal a través de la incorporación de más de 35 fiscales especializados y una dotación extraordinaria de profesionales, equipamiento y recursos que, sumados al proyecto de ley de fortalecimiento, aun en trámite legislativo, incrementan el poder investigativo del Ministerio Público de modo sustantivo, sin que se haya debatido ajuste alguno a los demás órganos que componen el sistema de justicia.

Cualquiera que se vincule de algún modo al sistema de persecución penal podrá observar que en cada audiencia que hoy se lleva a cabo en cualquier Juzgado de Garantía o Tribunal Oral en lo Penal del país, debe existir, a lo menos, un fiscal, un defensor y un juez. Cabe preguntarse entonces, ¿de qué sirve aumentar la dotación de fiscales si no habrá más Jueces que pueden presidir las audiencias? ¿Qué éxito tendrá la Fiscalía Supraterritorial, si no hay salas para llevar a cabo el mayor número de audiencias que podría generar su puesta en marcha, sea por falta de jueces o defensores? ¿De qué sirve aumentar el número de fiscales, si no se dota al resto del sistema de los recursos necesarios para que ellos cumplan eficazmente su labor?

La Excma. Corte Suprema y la Defensoría Penal Pública hicieron presente al Poder Legislativo su preocupación durante el debate de estas nuevas normativas, pues el modelo de justicia no funciona con instituciones aisladas. Se requiere una mirada sistémica que, con base en la evidencia y los datos que los operadores poseen, mejore la institucionalidad en su conjunto, y así asegurar que la mayor inyección de recursos que se está destinando a estas reformas tenga real impacto en la calidad de la justicia.

Ciertamente, estimamos que mejorar la persecución penal es importante, pero para ello no basta con aumentar el número de fiscales. Es el sistema en su conjunto el que debe reforzarse manteniendo los equilibrios necesarios en un Estado de Derecho. Aún estamos a tiempo.