Un dato incómodo en el deporte

La evidencia científica internacional nos entrega niveles preocupantes de maltrato, acoso y abuso en distintos contextos deportivos, lo que deviene en situaciones complejas que requieren tiempo y preocupación a través de la prevención, protocolos y controles efectivos.

Una investigación realizada en Canadá en el año 2022 con atletas de selecciones nacionales arrojó que, de 995 deportistas, 75% había declarado haber sufrido alguna forma de maltrato (psicológico, físico, sexual o negligencia).

En el estudio #NosotrasJugamos, realizado por Fifpro Sudamérica en 2023, sobre una muestra de 1.171 deportistas, el 85% de las jugadoras experimentó algún tipo de discriminación de género durante su carrera deportiva; un 42% observó discriminación relacionada con la clase social, la pertenencia a pueblos originarios u orientación sexual; y un 68% afirmó haber sido testigo de discriminación por género en el transcurso de su carrera. En esta investigación se invitó a participar a jugadoras de fútbol femenino de 103 clubes de primera división de siete países del continente, entre ellos, Chile.

Nuestro país cuenta con un marco obligatorio: el DS Nº 22/2020 del Ministerio del Deporte, que establece el Protocolo General para prevenir y sancionar conductas de acoso y abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva. Su adopción es requisito para acceder a beneficios de la Ley del Deporte y se aplica a todas las organizaciones deportivas.

Allí se establecen las conductas sancionables, los actores deportivos responsables, los órganos jurisdiccionales, el deber de las organizaciones deportivas y de sus directorios; también establece los principios orientadores: inclusión de NNA como sujetos de derecho; igualdad y equidad de género; no discriminación contra la mujer; enfoque preventivo; no revictimización; nuevo estándar de seguridad deportiva, entre otros.

El desafío, entonces, es pasar del cumplimiento formal a la eficacia verificable: prevención y educación en todos los niveles, incluyendo contextos deportivos-escolares; responsables institucionales idóneos y plazos acotados para sus investigaciones; órganos disciplinarios constituidos en plenitud y actuando con celeridad; dirigentes generando las condiciones para que la institucionalidad funcione adecuadamente.

Estamos frente a una obligación compartida:

• Autoridades, estableciendo estándares mínimos, fiscalizando su ejecución y condicionando financiamiento y reconocimiento oficial al cumplimiento efectivo.
• Federaciones, asociaciones y clubes designando responsables institucionales aptos, implementando códigos de conducta y canales de denuncia confidenciales.
• Entrenadores y staff con formación acreditable en prevención de violencia física y psicológica.
• Atletas y familias, conociendo sus derechos, canales de denuncia, y primeros auxilios emocionales.
• Patrocinadores incorporando obligaciones de salvaguardas en los contratos; y medios de comunicación cubriendo los casos con enfoque de derechos, evitando la revictimización.

El deporte compite por confianza; cuando fallan las salvaguardas se pierde legitimidad, base social y financiamiento. La experiencia indica que la inacción cuesta más que la prevención. La ciencia ha aportado diagnósticos y recetas y las normas están escritas. Lo decisivo entonces es cómo, quién y con qué recursos se ejecutan, implementan y fiscalizan las salvaguardas y protocolos para generar un real entorno seguro en el deporte.