La agenda ausente de la campaña presidencial

Las campañas presidenciales chilenas tienden a repetir el mismo libreto: la seguridad, la migración y la economía concentran la atención, mientras se relegan otros temas de igual o mayor importancia para el futuro del país. La elección de 2025 no es la excepción. Basta revisar los discursos y programas para notar que hay un conjunto de problemas que permanecen prácticamente invisibles en la discusión pública.

Uno de ellos es el medio ambiente y el cambio climático. Chile es uno de los países más vulnerables del planeta frente a la crisis climática: sequías prolongadas, incendios forestales, derretimiento de glaciares, contaminación urbana y rural, agotamiento de acuíferos. Pese a ello, las propuestas ambientales se reducen a menciones superficiales, sin una visión estratégica que integre transición energética, justicia climática y protección de la biodiversidad. Se habla mucho de crecimiento, pero casi nada de los límites ecológicos que condicionarán nuestra vida en las próximas décadas.

Otro gran ausente es la cuestión de los pueblos indígenas y la interculturalidad. Tras el fracaso del proceso constitucional y el retroceso en el reconocimiento de derechos colectivos, pareciera que el mundo político prefiere el silencio antes que volver a abrir un debate que incomoda. Sin embargo, la deuda histórica con los pueblos originarios no desaparece por omisión. Ignorarla solo prolonga el conflicto y posterga la posibilidad de construir una convivencia intercultural que fortalezca la democracia en lugar de fracturarla.

Tampoco se habla de educación superior, pese a que las universidades y centros de formación atraviesan desafíos profundos ligados a su financiamiento: gratuidad incompleta, exigencias de acreditación crecientes y recursos cada vez más limitados, lo que genera brechas estructurales en docencia, investigación e innovación. En un país que necesita formar profesionales de calidad y sostener la producción de conocimiento, esta omisión es alarmante. Una sociedad que no invierte en su inteligencia colectiva se condena a repetir sus errores.

A la lista se suma la salud mental, que tras la pandemia emergió como urgencia nacional y hoy vuelve a ser relegada a la marginalidad programática. O la descentralización, palabra que se repite en giras regionales, pero que rara vez se traduce en propuestas serias de autonomía política y fiscal. Ni hablar de la tecnología y la regulación digital, un campo donde el mundo avanza a una velocidad vertiginosa mientras Chile sigue atrapado en discusiones del siglo pasado.

La omisión más grave, sin embargo, recae sobre los derechos humanos y la inclusión social. Aparte de la discusión parcial sobre aborto, se evita enfrentar debates de fondo sobre diversidad o derechos digitales. Un país que no encara estas cuestiones se resigna a perpetuar desigualdades que ningún crecimiento económico podrá resolver.

Esta agenda ausente no es casual: revela los límites de una política que conversa más con las encuestas que con la historia. El cortoplacismo electoral erosiona la capacidad de pensar el país en clave de largo plazo, y lo que no da réditos inmediatos se posterga indefinidamente. Pero el costo de estas omisiones no se medirá en votos, sino en oportunidades perdidas para el desarrollo humano, social y cultural de Chile.

La pregunta, entonces, es si aceptaremos esta reducción empobrecedora del debate, o si tendremos la valentía de exigir a los candidatos que hablen de aquello que no quieren hablar, porque no se trata solo de elegir un presidente, sino de decidir qué país queremos dejar de ser invisibilizado.

La ciudadanía tiene derecho a exigir más. No se trata solo de quién gobernará los próximos cuatro años, sino de si estamos dispuestos a discutir, de una vez por todas, aquello que la política insiste en mantener en silencio.