Movimientos en el barrio: Ecuador y Venezuela

En las últimas semanas Ecuador y Venezuela han destacado en las noticias de la región, aunque por distintos motivos.

En el caso de Ecuador hay una dura pugna entre el presidente Noboa y la Corte Constitucional, que está tensionando el clima político interno ya muy crispado. El mandatario ecuatoriano, ahora en su período normal de cuatro años tras su triunfo en las elecciones de abril pasado (por lo tanto, más empoderado) ha empujado con fuerza sus prioridades: seguridad y reformas políticas. En ambas materias ha chocado con la Corte Constitucional.

En materia de seguridad, como sabemos, lamentablemente el país experimenta la violencia desatada por los grupos narco con nexos con carteles internacionales, lo que se ha traducido en una verdadera guerra interna. Los asesinatos en Ecuador crecieron de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, de acuerdo con cifras oficiales. En lo que va de 2025 se cuentan 6.000 homicidios (en promedio 25 por día) y en 2024 fue el país más peligroso de Latinoamérica, según Insight Crime.

Junto con mantener a las tropas en la calle para combatir a las bandas criminales, el presidente Noboa ha convocado a un referendo para eliminar de la actual Constitución la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio nacional, como la que Estados Unidos tuvo hasta 2009 para actividades antidrogas. En junio, el parlamento aprobó una reforma constitucional sobre el restablecimiento de campamentos militares extranjeros, que deberá ser avalada en este referendo programado para el 16 de noviembre.

Al respecto, la pregunta que deberán responder los ciudadanos con un sí o no es “¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?”

Anticipando un eventual triunfo, el gobierno de Noboa ha mantenido tratativas con la administración Trump, la cual -por intermedio de su secretario de Estado Rubio- ha manifestado estar evaluando positivamente mandar tropas a Ecuador para apoyar la lucha contra los carteles.

Otra pregunta que deberá también ser votada en el mismo referendo tiene que ver con el financiamiento público a los partidos políticos. El texto de esta es: “¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?”

Su motivación declarada es reducir el gasto público y reconfigurar el sistema político para que los partidos se sostengan con aportes voluntarios de sus afiliados y simpatizantes. Tras esta iniciativa pareciera estar el objetivo de debilitar al sistema de partidos, aprovechando su alta impopularidad. Dicho propósito se refuerza con la homologación que pretende de los movimientos ciudadanos a los partidos cuando obtengan al menos 5% de votos válidos en dos elecciones sucesivas.

La eventual vuelta al financiamiento de los afiliados y simpatizantes favorecerá a las personas de alto patrimonio que han volcado su poder económico a la política (como el mismo Daniel Noboa).

El presidente quiso incluir una tercera pregunta para el referendo, esto es una reforma general de la constitución mediante asamblea constituyente, pero la Corte Constitucional la suspendió, al considerar que Noboa emitió el decreto para incluir dicha pregunta sin haber solicitado ni obtenido su dictamen favorable, lo cual viola el procedimiento establecido en la Constitución.

Noboa considera que la actual constitución ya no es adecuada para resolver los urgentes problemas del país y que en su momento respondió a una inspiración chavista que pretendió instalar un modelo que en su concepto se ha convertido en una camisa de fuerza para el país y que además cuenta con una institucionalidad política que favorece la polarización y el inmovilismo.

El choque con la Corte Constitucional ya venía precedido de la suspensión de tres leyes impulsadas por el gobierno con disposiciones sobre vigilancia e interceptaciones sin orden judicial y la declaratoria de zonas geográficas como objetivos militares donde los agentes tendrían vía libre para aplicar la fuerza.

En agosto, el mandatario encabezó una marcha contra la Corte en Quito, donde aparecieron vallas con los rostros de sus nueve magistrados y la leyenda “estos son los jueces que nos están robando la paz”.

El 1 de septiembre el presidente cambió a todos los jefes de las Fuerzas Armadas como estrategia para fortalecer su guerra contra las organizaciones del narcotráfico. Ecuador se encuentra, desde inicios de 2024, bajo un “conflicto armado interno” declarado por Noboa, para combatir al crimen organizado.

En estos momentos el conflicto entre los poderes se encuentra entrampado. Noboa entiende que la constitución lo faculta a llamar directamente a un referendo para reformar la constitución mientras que la Corte considera que debe pasar por su visación. El Consejo Nacional Electoral si bien acató la suspensión de la Corte en su convocatoria al referendo, la llamó a despejar a la brevedad el tema para hacer un solo referendo.

El presidente ecuatoriano ha propuesto una asamblea constituyente de 80 delegados electos.

Considerando el contexto de extrema violencia e inseguridad en el país, la Corte Constitucional se encuentra en una difícil posición. Por más que explique que está velando por las garantías constitucionales y el Estado de Derecho, para una población agobiada se percibe mayoritariamente como obstáculos en una lucha más decidida contra el crimen.

A la situación criminal se suma un difícil contexto económico. Eso más las transformaciones impulsadas por Noboa, incluso contra las disposiciones constitucionales vigentes, llevaron el 18 de septiembre a la convocatoria de un paro nacional por la poderosa La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Frente a ello, el gobierno advirtió que detendrá por terrorismo a quienes bloqueen carreteras, y declaró el estado de excepción en ocho provincias frente a las protestas.

Ecuador está en una compleja situación con su presidente pretendiendo hacer cambios institucionales profundos, en lo inmediato para fortalecer su autoridad y poder hacer frente a la emergencia criminal como lo estime más conveniente. Esto resuena a la experiencia salvadoreña, donde el hartazgo y desesperación de la población la llevaron a apoyar a quien demostrara ser capaz de terminar con el control criminal, al precio que fuera.

Mientras en Ecuador se desarrolla una crisis interna, en Venezuela el problema es externo. Estados Unidos, bajo la óptica de la seguridad, tomó una nueva posición frente al régimen chavista. Recordemos que hace unos meses la administración Trump declaró a las bandas criminales más destacadas (entre las cuales está el Tren de Aragua) como organizaciones terroristas y en ese marco ha movilizado barcos y aviones en el Caribe para posicionarse frente a Venezuela, hundiendo varias lanchas que salieron de localidades de ese país, supuestamente llevando droga a Estados Unidos.

Estados Unidos considera que el régimen de Maduro está asociado al crimen organizado y por lo tanto podría ser sujeto de sanciones y acciones antiterroristas. La pregunta es si el despliegue militar norteamericano se limitará a controlar la actividad criminal que se origina en Venezuela, hundiendo objetivos como lanchas de narcotraficantes o podría atacar al régimen.

La manifestación de fuerza estadounidense que hace un tiempo atrás podría haber sido fuertemente repudiada, tras el fraude electoral de Maduro y su perpetuación en el poder por la fuerza, esto ya no es evidente. Incluso para muchos venezolanos tanto de la diáspora como en su país, una acción militar sería un medio legítimo para botar una dictadura que ha infligido un gran sufrimiento a su población y respecto de la cual se han intentado todas las vías pacíficas para retornar a la democracia, sin resultado y con más represión y exilio.

La acción de bandas criminales venezolanas en casi todo el continente y su aparente connivencia con el régimen chavista atenuarían además una reacción amplia de rechazo frente a una intervención de Estados Unidos para remover al gobierno dictatorial, al estilo de lo que sucedió en Panamá con Manuel Antonio Noriega a fines de 1989.

Siendo muy difícil saber cuál es el objetivo de Trump, para algunos de sus consejeros una acción de esa naturaleza no solo lo mostraría como poniendo fin a una oprobiosa dictadura a ojos de la mayoría de la región, partiendo por los venezolanos, también podría ser un golpe mortal para el régimen cubano, absolutamente dependiente de la ayuda chavista para no colapsar. El gobierno dictatorial de Ortega en Nicaragua quedaría también afectado.

Otro elemento para considerar desde la perspectiva de los mismos consejeros, es que el derrumbe de Maduro sería un golpe contra las intereses rusos, chinos e iraníes en Venezuela, lo que para Trump podría ser un éxito que exhibir frente a sus aliados y la visión que se ha ido asentando de su debilidad frente a Putin.

En suma, desde una motivación de seguridad, el gobierno estadounidense podría escalar sus acciones en las líneas descritas, con la posibilidad de lograr importantes objetivos estratégicos a un bajo costo material y reputacional.

El régimen de Maduro intuye ese riesgo y su máxima debilidad y por eso, más allá de sus movilizaciones y declaraciones, ha mantenido una actitud conciliadora evitando provocar una escalada.

Aunque en situaciones distintas, ambos países comparten una alta dosis de incertidumbre en el momento actual.