¿Disciplina o insensatez?

En cada campaña electoral chilena aparece como fetiche recurrente reducir el gasto público. Y esta vez, entre las candidaturas de derecha, se ha transformado casi en un concurso donde gana quien promete recortar más, pero cuando se pregunta por el detalle, la cosa se vuelve difusa. Nadie sabe exactamente de dónde vendrían los tijeretazos ni qué efecto tendrían.

Conviene recordar lo básico. Una política deliberada de reducción del gasto fiscal es una política fiscal contractiva. Los países la aplican cuando enfrentan economías recalentadas, con inflación disparada, como la Argentina, o cuando la deuda pública se ha vuelto insostenible. También puede justificarse si el gasto privado crece con tal fuerza que es necesario dejarle espacio para evitar presiones inflacionarias. Chile no está en ninguno de esos escenarios.

Lo que dicen los comandos de los candidatos, cuando se les presiona, es otra cosa. Hablan de eliminar gastos innecesarios o derechamente fraudulentos: licencias médicas falsas, evasión del Transantiago, supuestos abusos en gratuidad universitaria, exceso de ministerios. Perfecto. Todos podemos estar de acuerdo en cortar grasa. Pero ojo, eso no es una política fiscal contractiva, es simplemente gastar mejor. El verdadero debate no es “menos gasto”, sino “mejor gasto”.

Hoy, con una inflación en franca caída y pronto de vuelta al rango meta del 3%, con una inversión privada aún débil y con tasas de desempleo que se resisten a bajar, una contracción del gasto público sería dinamitar la reactivación. ¿Qué sentido tendría? ¿Para qué ajustar el cinturón cuando el pantalón ya está flojo? Lo que corresponde es reasignar. Menos licencias falsas, más médicos en hospitales. Menos fraudes en gratuidad, más cobertura en educación preescolar. Menos evasión en el transporte público y mas líneas disponibles que mejoren su cobertura.

Un país que crece demanda más bienes públicos, no menos. Chile gasta alrededor de 25% de su PIB en gasto fiscal, bastante razonable para nuestro nivel de desarrollo y muy por debajo del promedio OCDE. Al inicio de este Gobierno, tras la pandemia, la cifra llegó al 33%. Era inevitable y, como todas las economías del mundo, abrieron la billetera para enfrentar la emergencia sanitaria. Lo relevante es que este Gobierno volvió a encarrilar las cuentas y redujo ese gasto.

¿Está todo resuelto? No. Aún falta volver a cumplir estrictamente la regla fiscal, esa herramienta pionera que nos dio credibilidad internacional y que necesitamos mantener para acceder a financiamiento externo en tiempos difíciles. La deuda pública ha crecido, sí, pero sigue siendo envidiablemente baja. Hoy está en torno al 42% del PIB, lejos de los niveles peligrosos de muchos países. Y a diferencia de Estados Unidos, donde el pago de intereses devora más del 20% de los ingresos fiscales, en Chile apenas bordea el 6%.

Con un estallido social a cuestas, una pandemia y el Gobierno más a la izquierda de las últimas décadas, ese dato debería hacernos sentir más tranquilos que alarmados.

Claro, la deuda no puede seguir aumentando sin control. Nadie quiere ver cómo el 42% se transforma en 50% y luego en 100%. Por eso, lo sensato es moderar el crecimiento del gasto, estabilizar la trayectoria y, de paso, cuidar la credibilidad de las cuentas públicas. Pero de ahí a prometer recortes de 6 o 8 mil millones de dólares, como han hecho algunos candidatos, hay un abismo. Ningún estudio serio muestra que algo así sea viable sin paralizar servicios básicos o generar un ajuste recesivo.

La otra pata del problema son los ingresos tributarios. Chile recauda apenas 22,5% del PIB en impuestos, mientras el promedio OCDE llega a 33,9%. ¿Subir impuestos? No parece urgente hoy. Las tasas no son tan distintas de las de países desarrollados. La gran diferencia está en el cumplimiento. La evasión y la elusión en Chile siguen siendo escandalosamente altas. Y lo peor es que son regresivas y terminan beneficiando más a quienes más tienen. Atacar en serio ese problema sería mucho más sensato que seguir repitiendo la consigna del recorte del gasto.

En resumen, el discurso –que en campaña suena bien– de achicar el Estado, volver a la austeridad, cortar privilegios, carece de sustento cuando se mira con lupa. Chile ya es un país fiscalmente responsable, con deuda baja, riesgo país reducido y un sistema reconocido por organismos internacionales.

Lo que necesitamos no es otro round de circo electoral con cifras infladas de recortes, sino políticas serias que hagan cumplir la regla fiscal, reduzcan evasión y reasignen recursos desde gastos inútiles hacia necesidades urgentes. Esto último, debiera ser un punto de consenso y no una banderita de batalla de alguna candidatura.

Disminuir el gasto público porque sí, sin mirar contexto, sería como ponerse a dieta en medio de una hambruna: más que disciplina, es insensatez.