Más de una: el mapa de las informalidades

En Chile, la informalidad laboral suele entenderse de forma binaria: lo formal como “legal y virtuoso” y lo informal como “ilegal y problemático”. Esta dicotomía es injusta y limita el diseño de políticas, porque la “informalidad” no es un bloque homogéneo: existen informalidades con orígenes, motivaciones y trayectorias distintas que requieren respuestas específicas.

Una fuente visible es la informalidad asalariada, que emerge cuando la economía formal externaliza riesgos, fragmenta la cadena de valor o recurre a figuras contractuales que diluyen responsabilidades. Allí la respuesta es clara: inspección eficaz, sanciones disuasivas, responsabilidad solidaria a lo largo de las cadenas de suministro y reglas que eviten el falso “independiente” sin autonomía real.

La informalidad reproductiva, otra vertiente anclada en la organización social del cuidado. La sobrecarga doméstica empuja a muchas personas –especialmente mujeres– a buscar flexibilidad fuera de la formalidad. Fortalecer una oferta pública de cuidados (salas cuna, jardines, centros diurnos y apoyos territoriales), junto con jornadas adaptables con cotización proporcional y teletrabajo regulado, puede reducir la necesidad de optar por arreglos precarios para compatibilizar ingresos y cuidado.

En los ciclos de desaceleración aparece, además, la informalidad de subsistencia: hogares que ingresan a actividades informales por exclusión del empleo formal. La respuesta es contracíclica: creación de empleo transitorio de calidad, transferencias acotadas vinculadas a capacitación y programas puente que faciliten el tránsito hacia la formalización cuando mejora el ciclo.

Finalmente, persiste la informalidad no remunerada en unidades familiares y comunitarias: trabajo sin pago ni protección. Allí conviene extender pisos de seguridad social no contributiva –salud, invalidez y vejez– y habilitar vías de formalización simples para actividades de apoyo al emprendimiento familiar, evitando cargas burocráticas que desalienten su regularización.

En síntesis, no enfrentamos una sola “informalidad”, sino varias; y, de forma transversal, opera la informalidad interseccional acumulada, que combina condiciones como ser migrante, mujer, joven, indígena, rural o en situación de discapacidad, multiplicando barreras y riesgos. Reconocer esto como eje de diseño, implementación y evaluación –regular asimetrías, proveer cuidados, habilitar trayectorias de formalización y garantizar derechos– es imprescindible para que las políticas estén a la altura de la diversidad que buscan transformar.