Política Nacional de Desarrollo Urbano: eficiencia, gradualidad y certezas

La propuesta de actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), elaborada por el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y aprobada en su último plenario, ofrece garantías para seguir avanzando en una mejor vinculación entre planificación urbana, infraestructura y desarrollo económico. Desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) valoramos este esfuerzo, porque entrega una visión de ciudad integrada, resiliente y eficiente, y porque incorpora definiciones que deben estar acompañadas por un marco de inversiones en infraestructura capaz de responder a los desafíos del crecimiento urbano y de la equidad territorial.

Uno de sus ejes centrales es la sostenibilidad y la preparación frente al cambio climático de las ciudades. Esto involucra infraestructura de transporte público que reduzca emisiones, redes de agua y saneamiento que aseguren seguridad hídrica, soluciones habitacionales con eficiencia energética y equipamientos urbanos adecuados a comunidades diversas.

Estas prioridades, explícitamente recogidas en el documento, son también un motor económico, porque generan empleo, dinamizan cadenas productivas y fortalecen el proceso de descentralización fundado en la nivelación de los servicios de las ciudades del país.

El texto enfatiza la coordinación institucional y el rol de las concesiones como un sistema consolidado en el país. La actualización de la PNDU invita a una articulación más robusta entre sector público y privado en el diseño y ejecución de infraestructura urbana. El desafío está en planificar con visión de largo plazo, con eficiencia en el uso de los recursos y con calidad en los servicios que recibe la ciudadanía, toda la ciudadanía, considerando la estrecha vinculación entre áreas urbanas y rurales.

También se destacan principios que resultan especialmente relevantes para el desarrollo de infraestructura, como la eficiencia, gradualidad y seguridad en la entrega de certezas para la inversión. Son elementos que fortalecen la confianza de los actores públicos y privados, permiten ordenar las prioridades de manera realista y aseguran continuidad en el tiempo para las políticas y proyectos que demanda el país.

En la propuesta se incluye un llamado a innovar en mecanismos de gestión y financiamiento. La experiencia chilena en concesiones ofrece una base firme para explorar fórmulas que aceleren la ejecución de proyectos urbanos y que fortalezcan la confianza en la institucionalidad. Como CPI estamos trabajando además en el mejoramiento de la Ley FUC, en conjunto con el Minvu y la CChC, con lo cual se ampliarán las posibilidades de inversión privada en infraestructura pública urbana.

Durante más de un año y medio hemos participado activamente en las instancias de trabajo organizadas por el CNDT. Fue un proceso donde se asumieron diferencias, pero predominó la voluntad de alcanzar consensos en beneficio de la planificación y el desarrollo urbano de Chile. Esta iniciativa fue entregada a los ministros que integran la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio y pronto al Presidente de la República, lo que le otorga aún mayor relevancia y proyección.

Esta propuesta mantiene el espíritu de la versión anterior promulgada en 2014, y reafirma su carácter de política de Estado, que desde entonces y ahora con su actualización seguirá orientando el crecimiento de las ciudades en Chile. Al mismo tiempo, entiende la infraestructura como una palanca decisiva para el desarrollo económico y social del país.