Presupuesto para especialistas médicos en Chile: avanzar sin retroceder

El sistema público de salud chileno arrastra desde hace décadas un déficit estructural de médicos y odontólogos especialistas. Para enfrentarlo, en 2008 se creó el Plan de Ingreso, Formación y Retención de Especialistas, que permitió aumentar la formación con financiamiento estatal y fortalecer la presencia de profesionales en regiones y hospitales de alta demanda.

Este mes, la Comisión Asesora para Reformas al Gasto Público presentó 34 recomendaciones para optimizar el uso de recursos estatales. Entre ellas, se incluyó la revisión de los programas de formación y retención de especialistas, señalando observaciones administrativas y presupuestarias. Este análisis, necesario y oportuno, abre una discusión de fondo sobre el futuro de esta política pública y su relevancia estratégica para el país.

Tres evaluaciones oficiales (Dipres 2014, 2018 y 2024) ya habían advertido falencias en su diseño, trazabilidad y focalización. Aunque el presupuesto creció sostenidamente –alcanzando $123.097 millones en 2024–, persisten desafíos como la concentración de especialistas en la Región Metropolitana, la baja retención en el sistema público y la falta de indicadores sanitarios claros.

Además, faltan estudios de mayor precisión sobre las brechas reales, que permitan dimensionar la magnitud del problema y planificar con evidencia. La pregunta es si estas dificultades justifican desandar una política clave para el desarrollo del capital humano en salud.

La evidencia indica que no. Tampoco se han evaluado las consecuencias de suspender la formación de especialistas con apoyo estatal, en un contexto donde siguen siendo urgentes las brechas en áreas críticas como anestesiología, medicina intensiva y medicina interna. Ejemplos concretos son hospitales que enfrentan una seria escasez de especialistas, como los de Ancud, Alto Hospicio y Calama, o los nuevos recintos que pronto abrirán en Puerto Varas, Buin, La Unión y Río Bueno, que requerirán dotaciones completas en especialidades clínicas para responder al aumento de demanda.

A ello se suma el cambio en el perfil epidemiológico: una población Fonasa creciente, con mayor edad y carga de enfermedad, eleva la casuística y complejiza la atención, exigiendo equipos médicos más numerosos y altamente capacitados.

Desde nuestra experiencia institucional, esto se refleja con claridad. Desde 2011, el programa de Anestesia de la Facultad de Medicina UDP ha graduado 150 anestesistas para Chile, con la participación de 236 docentes de distintas áreas. Este es solo un ejemplo del enorme esfuerzo que realizan las instituciones formadoras.

La formación de especialistas con criterios de aseguramiento de calidad exige una compleja coordinación académica, clínica y administrativa que se desarrolla durante años. Sin políticas públicas estables, estos procesos podrían interrumpirse, afectando directamente la capacidad asistencial de la red pública y del país en su conjunto.

Mientras países como España, Reino Unido y Canadá fortalecen sus modelos de formación pública con financiamiento directo y gobernanza clara, Chile corre el riesgo de retroceder. Eliminar o debilitar este programa sin una alternativa sólida dejaría al país sin una estrategia estructural para cerrar la brecha de especialistas.

El debate no debe centrarse en si este plan es relevante –esa cuestión ya está resuelta–, sino en cómo perfeccionarlo. Es indispensable fortalecer su gobernanza, corregir debilidades de diseño y orientar la inversión hacia resultados sanitarios concretos, entendiendo que las métricas financieras y administrativas son una parte importante, pero no la totalidad de lo que está en juego.

Formar especialistas para el sistema público no es un lujo, es una estrategia esencial para Chile. Con visión de Estado, debemos asegurar la continuidad y el fortalecimiento de este programa, evitando retrocesos y avanzando hacia un sistema de salud más justo y eficiente para todas y todos.