Hidrógeno verde: no le hemos ganado a nadie aún

Le contaré cómo suele discurrir una megainversión de hidrógeno verde. Un buen día, un ejecutivo de una transnacional abre la caja fuerte y encuentra US$ 16 mil millones. Estudia emplazamientos posibles para producir hidrógeno y amoníaco verde y decanta por la radiación del desierto de Atacama (o por la ventolera de Magallanes). Tomada esa decisión, elabora un estudio de impacto ambiental y luego hace todo lo que haga falta para sacar el proyecto adelante, a cualquier precio, siempre despreciable en relación con la obra misma.

Clarísimo. El único detalle es que es falso.

De partida, las empresas no nadan en efectivo a la manera de Rico McPato. Impulsan iniciativas que, solo si superan las etapas preliminares, serán desarrolladas con deuda. Tal como usted evalúa casas que no podría pagar en efectivo, porque tendrá décadas de plazo para hacerlo.

En segundo lugar, la selección del soleado Atacama (o el ventoso Magallanes) no es única y definitiva. Estas empresas evalúan muchas alternativas y ponen fichas en varias, con el plan de que varias se caigan en el camino y otras prosperen.

El gerente general de Total Energies, la empresa detrás del proyecto de hidrógeno verde más grande de la carpeta chilena, se refirió a las 817 observaciones que recibió el estudio de impacto ambiental presentado por la firma. Estima que responderlas podría requerir 15 meses y US$ 4 o 5 millones. Solo para la adenda 1, porque luego podrían venir la 2 y 3. Incluso si exageró con fines comunicacionales, la mitad es muchísimo tiempo y plata.

Y aquí viene la parte no obvia: puede parecerle minúsculo ante los US$ 16 mil millones de la iniciativa, pero esa cifra no es la relevante en esta fase. Esta es la etapa de capital de riesgo, cuando la empresa aún no ha decidido cuáles de todas sus fichas verán la luz. Magallanes tiene buenas condiciones, sí, pero no es la única. Compite con los desiertos soleados y las llanuras ventosas de otros países.

Nadie discute la necesidad de estándares ambientales exigentes. La pregunta es si podemos conciliarlos con un proceso menos costoso con un esquema que, sin sacrificar estándares estrictos, aumente las posibilidades de que estas inversiones de energía limpia se concreten aquí, y que sea aquí donde generen empleo de calidad y tributen montos proporcionales a la enormidad de su escala.

Al respecto, una idea: definir temprano qué organismos públicos se abocan a los impactos propiamente ambientales que genera el proyecto y solicitar observaciones solo de aquellos. El enjambre de aerogeneradores debe considerar la participación del SAG por su efecto en la avifauna, pero ¿qué impacto ambiental exige el concurso del Sernageomin?

Sernageomin pide, por ejemplo, un plan de riesgo para la posible erupción de un volcán ubicado a 233 kilómetros del aerogenerador más cercano y que no se activa desde 1910. El centro de Temuco se emplaza a 76 kilómetros del muchísimo más activo Llaima y Pucón a 16 kilómetros del también inquietísimo Villarrica. Con ese criterio, todo proyecto en Santiago tendría que considerar los riesgos de erupción de varios volcanes. Sernageomin cita además riesgos de aludes, aun cuando no se entiende cómo ante tal eventualidad aerogeneradores podrían agravar el daño ambiental, y lo mismo con el campo volcánico de Pali Aike, cuya última erupción fue hace unos 7.500 años. Emite también muchas observaciones ligadas al agua, aun cuando para eso ya participa la DGA.

Seleccionar a los organismos participantes no solo aumentaría la posibilidad de que estas inversiones se concreten en Chile, en lugar de espantarlas a otras latitudes. Disminuiría además la carga tanto de todos esos funcionarios que hoy deben procesar cientos de páginas para formular observaciones como de aquellos que luego deben evaluarlas. Esas agendas estarían, así, menos saturadas para el momento de ponderar impactos de verdad ambientales.