Regularización migratoria en Chile: una necesidad social y económica impostergable

“Uno de cada dos migrantes en situación irregular en Chile decidió presentarse, entregar sus huellas, su información y decir: ‘Aquí estoy’”. Esa sola frase resume el significado profundo del reciente empadronamiento, convocado por el Servicio Nacional de Migración (Sermig) y la Policía de Investigaciones (PDI) en 2023. Más de 180 mil personas participaron en un proceso que, aunque se presentó como una medida de seguridad, reveló algo mucho más importante: el deseo de miles de familias de ser parte del país que ya habitan.

El empadronamiento no solo fue un ejercicio administrativo. Fue un acto de confianza. Un gesto que debería impulsar al Estado a pasar del control a la inclusión. Sin embargo, aún no existen señales claras de una política que traduzca esa voluntad en una estrategia de regularización. ¿Qué hará Chile con toda esa información? ¿Seguirá viendo la irregularidad como un problema que gestionar o como una oportunidad para fortalecer su desarrollo social y económico?

Para evaluar esto, analizamos los resultados de la encuesta aplicada por el Sermig en 2024 a una muestra del total de las personas empadronadas. Los datos recolectados por el Sermig son reveladores. La gran mayoría de las personas empadronadas terminó la educación media y una de cada tres cuenta con estudios superiores. Estos números derriban el prejuicio de que la migración irregular está asociada a una baja calificación o falta de preparación. Al contrario, muestran que muchas de estas personas poseen la formación y las habilidades que el país necesita en sectores clave como la salud, los servicios, la educación y la tecnología.

Detrás de estas cifras hay familias. Siete de cada diez personas empadronadas tienen hijos, la mayoría viviendo en Chile. Muchos de estos niños y niñas nacieron aquí, pero crecen en la incertidumbre: uno de cada cinco niños y niñas, chilenos, no tiene acceso a servicios de salud, quedando al margen de los sistemas de protección social más básicos. ¿Podemos hablar de inclusión cuando miles de menores viven sin derechos garantizados?

Esto refleja una clara disposición a la formalidad y una contribución concreta al desarrollo nacional. La incertidumbre actual no es sostenible. Chile tiene ante sí la posibilidad de transformar un desafío administrativo en una política de integración social y económica. El empadronamiento no debe quedar en una base de datos: debe ser el punto de partida de un proceso de regularización basado en derechos y en evidencia.