Entre la sombra y la urgencia: el dilema de la inteligencia estatal en Chile

En el día de la primera vuelta presidencial de noviembre 2025, la seguridad nacional es uno de los ejes fundamentales que determinarán el próximo ciclo político. Entre promesas de mano dura, escudos fronterizos y algoritmos predictivos, inversiones multimillonarias en sistemas de vigilancia en tiempo real, emerge una pregunta incómoda: ¿Qué hacemos con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)? ¿estamos ante una reforma estructural del sistema o simplemente ante una modernización simbólica que no altera el fondo? ¿hHemos hecho un correcto diagnóstico de la amenaza? ¿y, siendo así, este es el camino?

La ANI, sucesora de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI) y dependiente del Ministerio del Interior, ha operado durante dos décadas como un actor periférico, más ornamental que estratégico.

En 2018, mi investigación académica evidenció que más del 80% de los actores políticos valoraban negativamente su desempeño. Las razones eran estructurales: sin capacidad operativa, con atribuciones limitadas y sin legitimidad institucional, la ANI parecía diseñada para no incomodar a nadie. Su rol ha sido reactivo, burocrático y funcionalmente irrelevante.

Hoy, el contexto exige algo más que diagnósticos. La ANI ha participado en la implementación del Plan Nacional de Ciberseguridad 2023–2028, y su director, Luis Marcó, ha advertido sobre amenazas híbridas, espionaje extranjero y vulnerabilidades digitales. Paralelamente, el proyecto de ley que la transforma en Agencia Nacional de Inteligencia Civil (ANIC), junto con una Escuela de Inteligencia y un Centro de Fusión de Información, ha avanzado hasta la Comisión Mixta.

Tras las elecciones del próximo domingo 16 de noviembre, la Comisión Mixta deberá despachar el proyecto. El Congreso se verá, entonces, enfrentado a una decisión crucial: optar por una reforma real o limitarse a un maquillaje institucional. La tentación de maquillar sin transformar es siempre seductora: más fácil, más rápido, pero también más superficial.

¿Será que tal vez la respuesta está hoy en las propuestas de candidatos presidenciales? Mientras Evelyn Matthei propone capacidades 24/7, integración tecnológica y coordinación interinstitucional; José Antonio Kast plantea un sistema unificado con énfasis fronterizo, mientras Jeannette Jara apuesta por continuidad institucional y prevención social. Ninguno rechaza el proyecto, pero ¿y su arquitectura profunda? ¿quién controla la inteligencia? ¿cómo se fiscaliza? ¿qué rol juega en democracia?

Chile necesita inteligencia estatal, pero no cualquier inteligencia. Necesita una que piense, no que obedezca. Una que anticipe, no que reaccione. Una que sirva al Estado, no al gobierno de turno. Y para eso no basta con cambiar el nombre ni multiplicar oficinas. Se requiere rediseño institucional, legitimidad democrática y control ciudadano.

La ANI (o la futura ANIC) no puede seguir siendo una sombra burocrática. En tiempos de crimen transnacional, ciberamenazas y desinformación estratégica, la inteligencia estatal debe dejar de ser un simulacro. Debe convertirse en una herramienta real de anticipación, coordinación y protección del sistema democrático. No para espiar ciudadanos, sino para blindar la soberanía institucional. No para proteger gobiernos, sino para defender el Estado.

Legislar con visión, no con urgencia

La Comisión Mixta tiene hoy una responsabilidad que no admite evasivas. No se trata solo de conciliar divergencias técnicas entre ambas cámaras, sino de definir el tipo de inteligencia que Chile necesita para el siglo XXI. Urge que el Congreso supere el estancamiento y apruebe un diseño institucional que garantice autonomía funcional y control parlamentario efectivo; capacidad operativa limitada pero estratégica; coordinación interagencial con estándares democráticos; formación profesional y ética en inteligencia estatal; y transparencia estructural sin comprometer la reserva operativa.

No basta con legislar por urgencia. Se debe legislar con visión. Porque en seguridad, como en política, lo que no se diseña, se improvisa. Y lo que se improvisa, se paga. Tarde o temprano, se paga.