El desafío pendiente de integrar los derechos humanos en la Ley de Presupuestos

La discusión de la Ley de Presupuestos 2026 abre una oportunidad para revisar el lugar que ocupan los derechos humanos (DD.HH.) en la planificación fiscal. Aunque se han incorporado enfoques como la perspectiva de género, persisten brechas relevantes respecto de estándares internacionales en participación, transparencia, progresividad y no discriminación. En el Informe sobre DD.HH. en Chile 2025 de la UDP dedicamos un capítulo a estas tensiones.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exige a los Estados usar el máximo de recursos disponibles, evitar retrocesos injustificados, garantizar participación efectiva y asegurar que el gasto no reproduzca desigualdades. Lo mismo dice el sistema interamericano: sin respaldo presupuestario, los DD.HH. no pueden ser garantizados.

En Chile, el análisis normativo y la información obtenida vía transparencia revelan tensiones entre estos principios y la práctica institucional. La participación de organizaciones sociales en la formulación presupuestaria es limitada y la distribución de recursos no suele atender a necesidades de grupos excluidos como NNA, pueblos indígenas y personas con discapacidad.

Un caso ilustrativo es el presupuesto asignado al modelo predictivo basado en algoritmos de la SUSESO para acelerar la revisión de reclamos por rechazo de licencias médicas. Dicha herramienta plantea riesgos, pues no se diseñó ni se implementa con enfoque de derechos humanos. Así, la automatización avanza a costa del acceso equitativo y libre de toda discriminación en los servicios públicos.

Esto evidencia la urgencia de incorporar un enfoque de DD.HH. en las decisiones presupuestarias y tecnológicas del Estado. También obliga a repensar cómo se toman las decisiones públicas, donde prima la eficiencia sin evaluar los efectos nocivos que una inadecuada incorporación puede tener. La evidencia internacional demuestra que la inclusión de herramientas tecnológicas en el sector público puede replicar sesgos y vulneraciones.

Por ello, es fundamental incorporar un enfoque de derechos humanos en todo el ciclo presupuestario, garantizando mecanismos vinculantes de participación, transparencia fiscal accesible y evaluaciones de impacto en derechos antes, durante y después de la ejecución. Para avanzar, proponemos una metodología de ocho pasos para evaluar programas y partidas presupuestarias desde una perspectiva de derechos humanos:

1) Identificar y delimitar el gasto a analizar.

2) Delimitar su marco normativo.

3) Evaluar su contribución a reducir desigualdades.

4) Verificar uso máximo de recursos, progresividad y no regresividad.

5) Analizar mecanismos de transparencia, participación y rendición de cuentas.

6) Revisar coherencia institucional y coordinación intersectorial.

7) Examinar indicadores desagregados e instancias de corrección de impactos negativos.

8) Formular recomendaciones para fortalecer el cumplimiento de derechos.

El Presupuesto no debe ser un instrumento meramente administrativo, sino una herramienta para materializar obligaciones internacionales y responder a las necesidades de comunidades históricamente vulneradas. Avanzar en coherencia normativa y en una gestión fiscal orientada a derechos es imprescindible en un contexto de persistentes desigualdades y creciente relativización del valor de los derechos humanos.