Por una agenda estratégica para la educación en Chile

Chile discute sobre educación como si aún viviéramos en el siglo XX. Mientras el mundo avanza hacia sistemas escolares capaces de formar pensamiento crítico, juicio ético y uso responsable de la inteligencia artificial desde la sala de clases, nuestro debate sigue atrapado entre reformas parciales, correcciones de último minuto y políticas que cambian antes de mostrar resultados. El problema dejó de ser solo un tema pedagógico: es estratégico. Y su costo lo pagan y seguirán pagando los estudiantes; los de hoy y los del futuro.

Los datos son elocuentes. En las últimas dos décadas, la calidad de la educación escolar en Chile no solo no ha mejorado de manera sostenida, sino que muestra signos claros de estancamiento y retroceso. Las pruebas Simce evidencian una caída persistente en comprensión lectora y matemáticas, especialmente tras la pandemia. Las últimas mediciones de PISA confirman la tendencia: Chile se mantiene bajo el promedio OCDE en lectura y matemática, con brechas profundas asociadas al origen socioeconómico. A los 15 años, una proporción significativa de estudiantes no logra distinguir hechos de opiniones, entre una fuente verdadera de una falsa, inferir ideas principales o resolver problemas básicos.

Y todo esto ocurre en un contexto paradójico. Según los informes Education at a Glance 2023 y 2024, Chile destina a educación escolar (primaria y secundaria) un porcentaje del PIB comparable –e incluso superior– al promedio OCDE. El esfuerzo fiscal existe y es más que generoso. El presupuesto en educación ha sido significativo y sostenido. Sin embargo, cuando se observa el gasto por estudiante, Chile sigue muy por debajo de los países de desempeño medio-alto. En otras palabras, gastamos mucho en términos agregados, pero poco –y mal– donde importa: en cada niño y niña dentro de la sala de clases.

Este desajuste revela un problema estructural: no es solo cuánto se invierte, sino cómo y en qué se invierte. Los países que logran resultados consistentes –como Portugal, Estonia o Irlanda– combinan tres elementos claves: foco pedagógico claro, capacidades institucionales sólidas y políticas estables en el tiempo. Chile, en cambio, ha optado por una ruta errática, donde cada Gobierno hace su diagnóstico y promete “la reforma definitiva”, muchas veces determinado por la ideología de turno, pero deja tras de sí un sistema más fragmentado y fatigado.

El traspaso de los establecimientos desde la administración municipal a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) es un ejemplo emblemático. La idea de desmunicipalizar tenía un cierto sentido: corregir desigualdades territoriales y modernizar la gestión educativa. Pero la implementación ha sido deficiente. Problemas administrativos, retrasos en pagos, debilitamiento de equipos directivos y una excesiva centralización y politización han afectado el funcionamiento cotidiano de las escuelas.

La evidencia disponible no muestra mejoras claras a nivel global en resultados de aprendizaje, mientras sí evidencia altos costos de transición. Reformar sin capacidades, sin un pilotaje adecuado y sin evaluación independiente no es modernización: es improvisación. Falta una verdadera política pública de Estado en materia educacional.

Esta lógica se repite. Hace solo semanas, el Congreso aprobó una prórroga al alza de los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía. La medida, presentada como necesaria para evitar una caída en las matrículas de carreras de educación, posterga exigencias que buscaban supuestamente elevar la calidad de la formación docente.

El problema no es solo el contenido de la decisión, sino su forma: cambios introducidos a última hora, reglas que se ajustan sobre la marcha y ausencia de evaluaciones serias de impacto. Primero se suben los requisitos como argumento de mejorar el perfil de los profesores en formación, hoy se bajan requisitos para asegurar cobertura; mañana se lamenta la baja calidad. Zigzaguear no es gobernar.

La consecuencia de todo esto es conocida por quienes trabajamos hace años en educación superior. Las universidades e institutos profesionales reciben estudiantes con brechas que debieron cerrarse mucho antes: dificultades severas de comprensión lectora, razonamiento lógico débil y escasa autonomía en el aprendizaje. Se gastan recursos valiosos en nivelación que no debiera existir tras doce años de escolaridad. Así, el sistema escolar transfiere sus déficits al sistema universitario, tensionándolo y desenfocando su misión formativa. 

Es sintomático que tras esos doce años de escolaridad, quienes desean entrar a la universidad contraten programas denominados “preuniversitarios” que, con duraciones de un año a seis meses, entregan las herramientas para obtener un puntaje suficiente en la prueba de admisión. Dicho de otro modo, ¿la escolaridad básica y media no entrega ni siquiera las herramientas para ingresar a la universidad? Para qué decir de las habilidades necesarias para mantenerse y avanzar en la educación superior.

Frente a este panorama, Chile necesita un giro. No un nuevo eslogan, sino una estrategia país. Basta de consignas. La experiencia comparada muestra que es posible revertir tendencias en plazos razonables si se actúa con decisión y coherencia. 

En cuatro años, un país puede lograr avances significativos si prioriza bien. Primero, foco radical en lectura, escritura, matemáticas y pensamiento crítico en los primeros años de escolaridad. Esta última es sin duda la habilidad más demandada por el futuro del trabajo. Segundo, fortalecimiento real de la profesión docente: selección exigente, acompañado esto de mejores remuneraciones, formación de calidad, acompañamiento efectivo en el aula y medición de resultados. Sorprende que siendo los profesores a quienes entregamos nuestro “más valioso tesoro”, el “mercado” no sea capaz de remunerar en la forma que se lo merecen: educación y sueldos de calidad. Tercero, autonomía académica con libertad y responsabilidad, donde los directivos lideren proyectos educativos claros y sean evaluados por resultados. Cuarto, sistemas de evaluación simples –tanto para estudiantes, profesores y directivos–, transparentes y usados para mejorar.

A esto debe sumarse un desafío ineludible en el que ya estamos cinco años tarde: integrar el pensamiento crítico y el uso ético de la inteligencia artificial de manera transversal en todo el currículo. No como asignatura marginal, sino como competencia estructural permanente a lo largo de todo el ciclo educativo e incluso profesional de continuidad. Los países que hoy lideran en innovación educativa ya lo entendieron. Chile no puede seguir formando profesores y estudiantes para un mundo que ya no existe.

Pero ninguna de estas medidas será sostenible sin un acuerdo mayor. Por eso, este es un llamado directo al nuevo Gobierno: Chile necesita una mesa nacional de educación, con expertos, docentes, directivos, estudiantes y actores sociales, que construya una agenda país de futuro para los próximos veinte años. Una agenda que trascienda ciclos electorales y termine con la lógica de ensayo y error que ha marcado nuestras políticas educativas.

La educación no admite más improvisaciones ni atajos. Cada decisión mal planificada deja una estela de efectos acumulativos que pagamos por décadas. Si Chile quiere realmente invertir bien para aprender mejor, debe abandonar la política del parche y recuperar algo esencial: planificación estratégica, evidencia rigurosa y visión de futuro. Sin eso, seguiremos gastando mucho para aprender poco.