Ley de amarre: no esperaba nada de ustedes…

Y aún así, logran decepcionarme, tal como diría Dewey, el hermano chico de la serie Malcolm in the Middle. El gobierno de los estudiantes en práctica, como hemos denominado a las autoridades salientes, nos deja un último recuerdo de la forma errática, improvisada e irresponsable con la que se han conducido como Gobierno en su proyecto de ley de reajuste del sector público 2026, el que establece normas que limitan la no renovación de contratos a contrata mediante actos administrativos fundados y permiten reclamos ante Contraloría.

La inclusión del “amarre” viola el principio constitucional de unidad de materia, al mezclar reajustes salariales con regulaciones laborales de distinta naturaleza, configurando una “ley miscelánea” prohibida para evitar prácticas abusivas. Nos dirán que es habitual que ello ocurra, pero no se tiene noticia de una situación tan grosera como esta. Hay numerosos fallos del Tribunal Constitucional al respecto.

Además, la propuesta invade la potestad discrecional de autoridades en cargos de confianza, sustituyendo el criterio de “necesidades del servicio” por requisitos excesivos que generan litigiosidad, contraviniendo la Ley Orgánica de la Contraloría -que prohíbe que el ente de control se inmiscuya en materias litigiosas-, los consecuentes dictámenes de la Contraloría y los consistentes fallos de la Corte Suprema sobre confianza legítima, que establecen cinco años de permanencia en el sector público, y no dos.

Pero, además, esto desnaturaliza el procedimiento administrativo contemplado en el Estatuto Administrativo, que en su artículo 10 señala en forma expresa que las contratas son transitorias, y la ley 19.880, toda vez que condiciona renovaciones futuras y habilita reclamos indefinidos, afectando la autonomía de órganos públicos.

Sin perjuicio de los argumentos legales, se trata de un proyecto con un desfinanciamiento de US$1.125 millones para 2026, cubierto por reasignaciones presupuestarias del subtítulo 21 y tesoro público, lo que eleva el déficit fiscal generado en la Ley de Presupuestos recientemente aprobada. El “amarre” impediría ahorros estimados en US$750 millones por la via de reducción de planta, perpetuando al menos 33 mil contratos recientes con costos recurrentes estimados en miles de millones anuales.

En un escenario de bajo crecimiento, como las proyecciones del Ministerio de Hacienda para el período 2026, aumenta la deuda pública y presiona el gasto corriente, violando reglas fiscales contempladas en la Ley 21.420 de exenciones tributarias.

Todo esto significará costos judiciales y demoras en ajustes post-electorales y reducirá eficiencia al limitar meritocracia y confianza política, incrementando ineficiencias sectoriales equivalentes a 0,3-0,5% del gasto público.

Por cierto, la icónica frase de Dewie aparece en un capítulo en el cual se celebra una modesta fiesta de cumpleaños organizada por la familia Wilkerson, en medio de sus problemas económicos. El paralelo, incluyendo el mal fin de fiesta de este gobierno, parece evidente.