Populismo digital: El espejismo de las leyes que “protegen niños” y solo salvan políticos

Resulta tentador imaginar que la complejidad de la salud mental adolescente se resuelve con… un interruptor. Ojalá fuera así de fácil. La idea de que el Estado puede decretar la inexistencia de un entorno digital para quienes nacieron en él tiene algo de esa nostalgia desesperada de quien intenta detener una inundación con un dedo.

En Chile, la noticia ha corrido con la velocidad de un algoritmo diseñado para la indignación: se comenzó a discutir una propuesta de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

Esta nueva iniciativa, presentada por Felipe Kast (Evópoli) y Cristóbal Martínez (UDI), profundiza la ya aprobada restricción —que empieza a regir en pocos días— en torno a la prohibición de teléfonos celulares en establecimientos educacionales, pero que, también se sube a una ola global que ya tiene a Australia desactivando cuentas y a Francia, Eslovenia, India y Austria que amenazan a las grandes tecnológicas con sanciones. El diagnóstico es nítido y doloroso; lo que falla estrepitosamente es la honestidad de la respuesta.

Lo que estamos viendo se parece menos a “firmeza moral” y más a una claudicación del Estado frente a un problema que no sabe cómo gobernar. Al optar por esta opción para los menores, el sistema político —de manera implícita— confiesa que ha renunciado a entender, supervisar y fiscalizar los engranajes que gobiernan esta nueva plaza pública digital. Prohibir pantallas es mucho más fácil que hacer el trabajo difícil: entender cómo funcionan estos sistemas y regularlos de verdad. Esta tendencia hacia lo binario, que ya vemos implementada en la “mayoría
digital” de Francia o, inclusive, en determinadas restricciones de Florida en Estados Unidos, revela una arquitectura institucional frágil. Ante desafíos tecnológicos contemporáneos que no caben en el titular de matinal, el legislador prefiere el atajo del veto, dejando intacta la estructura de incentivos de las corporaciones que hoy externalizan sus costos sociales sin pagar un solo peso de multa.

El gran dilema de este espejismo es su propia inutilidad; La historia de las prohibiciones enseña que los ecosistemas adaptativos no se detienen, se desplazan hacia zonas de menor control. Sin un sistema de verificación etaria que no implique entregar nuestra biometría facial a un servidor remoto, la ley nace muerta. En el mundo real, la distancia entre el decreto y la práctica se mide en la velocidad con la que un adolescente configura una VPN o prepara una identidad digital para seguir operando en una clandestinidad que lo vuelve aún más vulnerable. Al final del día, el Estado empuja a los jóvenes a un territorio invisible para el ojo adulto, donde el control parental se disuelve frente a la astucia técnica de quien no conoce un mundo sin conexión.

Chile tiene la oportunidad de diseñar una gobernanza de precisión que combine protección efectiva y responsabilidad de las plataformas, en vez de importar soluciones punitivas todavía incipientes. La fortaleza de un Estado no se mide por la dureza de los castigos que anuncia para los usuarios más débiles, sino por su capacidad real de regular a los poderes que dominan el ecosistema digital. Cuando se legisla desde la impotencia técnica, solo se producen normas de papel que tranquilizan a las élites mientras el problema migra de plataforma. La pregunta de
fondo es incómoda: ¿esta prohibición busca cuidar a los menores o revela que hemos renunciado a gobernar el mundo donde ya viven nuestros ciudadanos? Porque si la respuesta del Estado es “apagar” pantallas en lugar de entender el problema, la pregunta ya no es la protección de los niños, sino más bien el nivel de preparación del propio Estado para enfrentar un entorno digital que llegó para quedarse.