El devenir del Laboratorio de Gobierno de Chile

La creación del Laboratorio de Gobierno en 2015 se inscribe en una tendencia internacional que, desde comienzos del siglo XXI, ha buscado incorporar capacidades de innovación dentro del aparato estatal. Ya a inicios de la década de 2010, la red  DESIS (Design for Social Innovation and Sustainability) había comenzado a mapear estas experiencias, identificando unidades orientadas a la transformación del Estado como los extintos MindLab en Dinamarca, el Helsinki Design Lab en Finlandia, el Laboratorio para la Ciudad en México, o los aún vigentes La 27e Région en Francia, el Centre for Social Innovation (TACSI) en Australia, entre tantas iniciativas de este tipo a nivel global. Estas experiencias impulsan metodologías basadas en el diseño, la experimentación y la colaboración intersectorial para abordar problemas públicos complejos.

En Chile, la decisión de crear el Laboratorio de Gobierno se articuló por mandato de la Presidenta Bachelet, bajo el liderazgo de Eduardo Bitran en la Corfo y con Andrés Zahler a la cabeza de la División de Innovación del Ministerio de Economía. La creación de un comité interministerial facilitó la transferencia de conocimiento con el ecosistema de innovación finlandés, particularmente con Sitra y, en consecuencia, con el Helsinki Design Lab. Este proceso permitió incorporar el enfoque de diseño estratégico en el Estado, centrado en la experiencia de las personas en su relación con los servicios públicos.

Estos procesos se desarrollaron en un contexto global de creciente conflictividad social. El estudio “World Protests: A Study of Key Protest Issues in the 21st Century” documenta un aumento significativo de protestas impulsadas por demandas de desigualdad, acceso a derechos y desconfianza en las instituciones, posicionando la innovación pública como una herramienta para fortalecer la capacidad de respuesta estatal.

Sin embargo, su desarrollo no ha sido lineal ni ideológicamente homogéneo. En Argentina, durante la administración de Mauricio Macri, se impulsaron políticas de innovación pública orientadas a la modernización del Estado. En Chile, los gobiernos de Sebastián Piñera mantuvieron y reorientaron estas capacidades. En contraste, laboratorios tan importantes en la promoción internacional de la innovación ciudadana como el Medialab-Prado en Madrid, fueron desarticuladas bajo la administración de Isabel Díaz Ayuso, evidenciando la  vulnerabilidad de estas experiencias frente a cambios de sector político.

En Chile, la trayectoria del Laboratorio de Gobierno, pasando de la Corfo a la Segpres y luego al Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Gabriel Boric, refleja tanto su capacidad de adaptación como su dependencia al ciclo político, dificultando su consolidación como una capacidad estructural del Estado.

En términos operativos, y aun contando con una Agenda de Modernización del Estado con una impronta feminista, el Laboratorio durante la administración de Boric puso el foco en la dinamización de procesos internos, sin consolidarse como una transformación sustantiva de la relación con la ciudadanía, manteniéndose como una infraestructura de participación aún poco conocida.

En el actual debate sobre el tamaño y rol del Estado, junto con el ajuste fiscal y el recorte del gasto público en un 3%, se abren interrogantes sobre el devenir de la innovación pública en el país, evidenciando la tarea pendiente de consolidarla como un factor relevante en la relación entre Estado y ciudadanía. En esta línea, el informe de la OCDE, publicado en 2024, “Los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de Chile” señala que dicha confianza no depende solo de la efectividad en la provisión de servicios, sino también de la apertura, la equidad y la capacidad de respuesta de los gobiernos frente a las necesidades reales de las personas.

En este escenario, la falta de apropiación del Laboratorio de Gobierno por parte de la ciudadanía abre una disyuntiva; si se trata de una infraestructura en riesgo en un contexto de restricción fiscal, o si, como ha ocurrido en experiencias internacionales como la de Bukele en El Salvador, la innovación será aprovechada como fuerza de transformación, institucional y política, por el gobierno de ultraderecha entrante.