Lo que la evidencia sí dice sobre el CAE y las deudas estudiantiles

Cuando el debate sobre el financiamiento de la educación superior aparece en los medios chilenos, suele adoptar la forma de un intercambio de posiciones conocidas. Unos exigen la condonación del CAE como acto de justicia. Sus críticos responden que beneficiaría a quienes ya tienen título universitario. El problema es que en ese intercambio la evidencia investigativa aparece tarde, en fragmentos y casi siempre al servicio de una posición ya tomada. Esta columna propone algo distinto: revisar lo que la investigación comparada y nacional ha producido sobre la deuda estudiantil y sobre el CAE, y dejar que esa evidencia hable antes de sacar conclusiones.

La deuda estudiantil como fenómeno global

El punto de partida obliga a reconocer que la deuda estudiantil no es una particularidad chilena. Es una tendencia que reorganizó el financiamiento de la educación superior en buena parte del mundo durante las últimas tres décadas. Con la expansión del acceso y la reducción del gasto público directo en educación terciaria, los gobiernos recurrieron masivamente a los préstamos estudiantiles para desplazar los costos desde el Estado hacia los propios estudiantes y sus familias (Callender et al., 2020). Las cifras son elocuentes sobre la escala del fenómeno. En Estados Unidos la deuda estudiantil federal supera 1,67 billones de dólares en 2025, mientras que en el Reino Unido el saldo total de préstamos para educación superior creció de 54.400 millones de libras en 2013-2014 a 266.600 millones al cierre del período 2024-2025 (Wooclap, 2026).

Lo que la investigación ha tardado más en documentar no es el tamaño de la deuda sino sus efectos sobre las vidas concretas de quienes la cargan. Una revisión sistemática publicada en 2024, que analizó 47 estudios sobre esquemas de préstamos educativos en distintos países entre 1994 y 2024, encontró que si bien la educación mejora la calidad de vida, una carga de pago superior al 8% del ingreso es considerada una carga financiera, y que los beneficios materiales de la formación universitaria coexisten con un aumento sostenido en la carga psicológica asociada al pago (Journal of Risk and Financial Management, 2024; Steinbaum, 2020a).

Los efectos documentados se extienden mucho más allá de las finanzas personales. La investigación sobre deudores universitarios en el Reino Unido mostró que los graduados con deuda son menos propensos a ser propietarios de vivienda y más propensos a arrendar o vivir con sus padres que quienes egresaron sin préstamos, lo que indica que las políticas de financiamiento universitario estructuran de manera concreta las trayectorias habitacionales y de acumulación de riqueza de los jóvenes (de Gayardon et al., 2021). A eso se suman hallazgos sobre el ingreso al posgrado, la satisfacción laboral y la formación de familias. Evidencia para Estados Unidos muestra que egresados con mayor carga de deuda tienden a seleccionar empleos con salarios más altos pero menor valor social, y que la deuda reduce la probabilidad de asistir a estudios de posgrado (Rothstein & Rouse, 2011; Federal Reserve Bank of Philadelphia, 2024).

Una de las conclusiones más sólidas de la literatura comparada es que los créditos estudiantiles generaron inequidades generacionales y socioeconómicas, aumentaron el costo efectivo de la educación superior para quienes dependen del endeudamiento y dificultaron el acceso a otros créditos, erosionando la capacidad de acumulación de riqueza y el ascenso social que la masificación de la educación superior prometía (Houle & Addo, 2018; Montgomerie, 2019; Steinbaum, 2020b). En otras palabras, el instrumento diseñado para democratizar el acceso al conocimiento terminó reproduciendo, con nuevas formas, las desigualdades de origen que se suponía debían corregir.

El CAE visto desde adentro

Chile introdujo el Crédito con Aval del Estado en 2006 siguiendo la receta internacional del momento pero adoptando uno de sus diseños más deficientes. Era un préstamo de amortización fija, intermediado por la banca privada, con garantía estatal y una tasa de interés inicial del 6%. No era contingente al ingreso. Era una hipoteca sobre el futuro que cobraba cuotas fijas independientemente de si el egresado trabajaba en su área, si se había empleado en otra región, si ganaba bien o mal, o si trabajaba en absoluto.

La investigación estableció de manera temprana que el sistema expandió el acceso a la educación superior, pero lo hizo en condiciones que reforzaron la mercantilización del sector. El estudio de Fundación Sol titulado Endeudar para gobernar y mercantilizar documentó que el CAE cumplió con la promesa inicial de aumentar el acceso, pero que el 70% del incremento se concentró solo en 20 centros educativos, la mayoría pertenecientes a cuatro grandes grupos educativos privados, varios de ellos investigados por lucrar con utilidades que la ley exige reinvertir en las propias instituciones (Kremerman & Páez, 2016). El crédito no democratizó la educación superior en términos amplios. Financió la expansión del mercado educativo privado con el dinero y el riesgo de los propios estudiantes.

La reducción de la tasa del 6% al 2% que siguió a las movilizaciones de 2011 tampoco fue lo que pareció. La reducción no llegó por un gesto de buena voluntad de los bancos, sino porque el Estado decidió costear el 4% de los intereses a través de recursos fiscales, de modo que para el Estado la carga fue muy importante mientras los bancos continuaron recibiendo el mismo rendimiento que antes (El Diario de la Educación, 2018). El ajuste cambió quién pagaba el subsidio, no si existía.

Un estudio doctoral sobre el impacto del CAE en estudiantes de clase media chilena documentó algo que los datos agregados no capturan bien. Los egresados con CAE deben compatibilizar durante un promedio de quince años el servicio de una deuda con la satisfacción de necesidades básicas y objetivos de vida, bajo el peso de expectativas familiares de movilidad social que el propio sistema de crédito puso en juego. Si bien los datos revelan las complejidades y limitaciones del CAE como sistema de financiamiento, también se registra el reconocimiento del estudiantado a la ampliación de oportunidades que permitió, junto con la duda e inquietud que genera la deuda y la tasa de interés, que no diferencia el apoyo a la educación de un crédito comercial cualquiera (Brito, 2022). Los propios beneficiarios del sistema lo perciben con ambivalencia. Reconocen que sin el crédito no habrían podido estudiar, y al mismo tiempo sienten que el instrumento los trató como clientes de un banco en vez de como sujetos de un derecho.

Ese doble registro, acceso ampliado y deuda insostenible, está documentado también en el análisis histórico de las políticas de condonación de deuda estudiantil en Chile entre 1980 y 2022. Esa investigación muestra que cuatro de los cinco sistemas de créditos estudiantiles introducidos en Chile han sido objeto de alguna forma de condonación, y que el principal objetivo de esas políticas no fue transformador sino funcional: reducir la morosidad de los sistemas de créditos y mejorar la adherencia al pago. Los resultados contrastan con las expectativas de transformación que las políticas de condonación han adquirido en el debate actual (Ríos-Jara, 2025). La historia larga del financiamiento estudiantil en Chile revela que el problema del impago no es nuevo ni coyuntural, sino estructural al diseño del sistema.

La versión actualizada del informe de Fundación Sol profundizó ese diagnóstico con datos más recientes. Para 2020, el 72% del aumento de matrícula seguía concentrado en solo 20 instituciones pertenecientes a los mismos grandes grupos educacionales. Solo tres bancos se habían adjudicado el 90% de los créditos y el Estado había recomprado, entre 2006 y 2018, el 53,7% de las carteras crediticias con un sobreprecio promedio del 25,7%, equivalente a 4,3 veces más de lo que el diseño original contemplaba (Kremerman et al., 2020).

El colapso en cifras

El resultado acumulado de veinte años de ese diseño es hoy visible en datos que no admiten interpretaciones optimistas. El stock total de deuda del CAE creció de US$11.600 millones en 2021 a US$14.100 millones al cierre de 2025 (Comisión Ingresa, citado en Ex-Ante, 2026). La tasa de morosidad general del sistema, medida como la proporción de deudores con tres o más cuotas impagas, pasó del 48,4% en 2021 al 60,1% en 2023 y llegó al 67,9% en junio de 2025 (CIEDESS, 2024; Arzola, citada en Ex-Ante, 2026). Si se observa específicamente a los egresados, las garantías ejecutadas por el Estado como aval, que miden los casos de impago más severo, saltaron de representar el 28% de ese grupo en diciembre de 2021 a un 53% al cierre de 2025, equivalente a 423 mil personas. El CAE nunca fue un préstamo bien diseñado para una economía con salarios volátiles, mercados laborales segmentados y egresados que tardan años en insertarse establemente en su campo de formación. La segunda es que no todas las personas que accedieron a la educación superior mejoraron su situación económica de origen, ni todas lograron ingresos que les permitieran devolver un crédito sin afectar su bienestar material. Esa brecha entre la promesa del sistema y la realidad de quienes lo usaron es, en último término, el motor más profundo de la crisis.

Lo que la evidencia sobre el CAE autoriza a decir es que su crisis no es un accidente ni un efecto secundario inesperado. Es el resultado previsible de un instrumento que ignoró lo que la investigación comparada había documentado sobre los créditos de amortización fija en economías con alta heterogeneidad de trayectorias laborales. La pregunta relevante no es por qué hay 423 mil morosos. La pregunta es por qué se tardó veinte años en tomar ese dato en serio.

El debate chileno necesita con urgencia moverse desde la trinchera de posiciones hacia la conversación con esos hallazgos. No porque la evidencia resuelva la disputa política sobre quién debe pagar la educación superior, que es en última instancia una disputa sobre valores y sobre el tipo de sociedad que se quiere construir. Sino porque ignorarla ha costado, en el caso chileno, veinte años de un experimento que dejó a cientos de miles de familias con deudas que no pueden pagar y con la promesa del ascenso social todavía pendiente de cumplimiento.