Talar el bosque para salvar un árbol: El error de la austeridad ciega

En el debate público contemporáneo, la palabra “austeridad” suele venderse como una virtud incuestionable. Bajo la premisa de una administración estatal más ligera, se aplauden los recortes presupuestarios como si cada peso ahorrado fuera, por definición, un éxito de gestión. Sin embargo, existe una frontera peligrosa entre la eficiencia y la negligencia. El problema no es el recorte en sí, sino la incapacidad de distinguir entre la grasa y el músculo.

Gobernar con una “poda lineal” -aplicando el mismo porcentaje de recorte a todas las instituciones por igual- parte del reconocimiento de una derrota administrativa. Con ello admitimos que no tenemos conocimiento ni la voluntad para evaluar qué programas funcionan, cuáles son mediocres y cuáles resultan, sencillamente, vitales.

Un ejemplo alarmante de esta ceguera estratégica ocurre hoy con el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Obligar a esta institución a ajustar su cinturón bajo la misma lógica que a una oficina burocrática de baja relevancia es, en términos llanos, un error de cálculo monumental.

El CDE no es un gasto; es un escudo. Su función es defender el patrimonio de todos los chilenos frente a juicios millonarios, perseguir la corrupción y recuperar fondos defraudados. Aquí es donde la lógica del “ahorro” se desmorona ya que por cada peso que el Estado “ahorra” recortando el presupuesto operativo del CDE (abogados, peritos, tecnología), el país arriesga perder miles de millones en litigios mal defendidos o en activos que nunca se recuperarán.

Además, el CDE es una de las instituciones con mejores tasas de éxito y profesionalismo en el aparato estatal. Debilitar al defensor en medio de una crisis de probidad es, paradójicamente, pavimentar el camino para que el mal uso de los recursos públicos quede impune.

La verdadera modernización del Estado exige cirugía, no un hacha. Un cirujano sabe qué tejido debe extirpar para salvar al paciente; un leñador simplemente corta indiscriminadamente lo que tiene enfrente.

Cuando se recortan recursos a instituciones eficaces, se castiga la excelencia. Se envía el mensaje de que no importa cuán bien hagas tu trabajo o cuánto dinero le ahorres al país: si la orden es “bajar un 3%”, el buen gestor pagará los platos rotos de la misma forma que el mal gestor. Esto desincentiva la profesionalización y degrada la calidad de la defensa pública.

Es hora de exigir que la discusión presupuestaria abandone el simplismo de las planillas Excel que solo miran la columna de gastos. Si el Estado quiere ser más eficiente, debe tener la valentía de identificar las iniciativas que no funcionan y cerrarlas. Pero, con la misma firmeza, debe blindar aquellas que, como el Consejo de Defensa del Estado, son la última línea de defensa contra el abuso y el despilfarro.

En un contexto nacional donde la corrupción parece aumentar, debilitar al organismo que lidera causas como el Caso Audios, las investigaciones contra el ex fiscal Guerra y la ex ministra Ángela Vivanco, o la persecución de mafias de licencias médicas falsas, es una señal errática. Si el Estado recorta los recursos a quienes deben defenderlo, el resultado inevitable será un aumento de la impunidad y un riesgo mayor para el patrimonio fiscal y la probidad pública.

Recortar donde se genera valor no es ahorro, es negligencia. Al final del día, lo barato sale caro, y en la administración del Estado, ese costo lo terminamos pagando todos los ciudadanos con un país más indefenso y un patrimonio más vulnerable.