Enorme gasto fiscal en gratuidad: otro riesgo del FES

La gratuidad en educación superior es una política que data de 2016, cuando gobernaba la Presidenta Bachelet. El gasto fiscal en ella, el primer año de su implementación, alcanzó los 584 millones de dólares. En el actual año 2025, el presupuesto público para la gratuidad es de 2.442 millones de dólares. El crecimiento del gasto en esta política ha sido sostenido y acelerado, lo que ha permitido que la proporción que representa en el presupuesto total de la educación chilena llegue a un 13,8% —una cifra enorme, considerando que el presupuesto en educación incluye las subvenciones escolares, las becas y otras asignaciones—.

Para que el lector pueda comprender la magnitud del gasto fiscal comprometido, dejaré un ejemplo. El Ministerio de Educación, el 2024, gastó 6.307 millones de pesos en la asignación de reactivación educativa. Por otro lado, destinó 2.339.144 millones de pesos a la gratuidad en educación superior. Este monto es 371 veces mayor que el primero.

¿Puede crecer aún más el gasto en la gratuidad? La actual estrechez fiscal, los montos insuficientes de la subvención escolar, las inequidades en el financiamiento de la educación parvularia y las necesidades del país en seguridad, economía y salud son claros indicios que Chile no puede seguir dándose el lujo de priorizar la educación superior por sobre el resto de las necesidades. La educación parvularia, por ejemplo, es muchísimo más rentable socialmente, trae beneficios gigantescos a las personas y ha estado completamente fuera del foco de la actual política.

Actualmente, 68 instituciones de educación superior están adscritas a la gratuidad. ¿Qué pasaría si todas las instituciones que pueden entrar a la política lo hicieran? Nos hicimos esta pregunta en nuestro más reciente estudio. Seis universidades, con un total de 131 mil estudiantes, son elegibles para entrar inmediatamente a la política. Considerando su composición socioeconómica y distintos escenarios, si dichas universidades entran a la gratuidad, el gasto público en la política podría aumentar hasta 607 millones de dólares (cerca de un 24%). Este monto corresponde a casi un 40% del recorte de gasto fiscal recomendado en marzo  por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

El riesgo de que estas universidades entren a la gratuidad y desestabilicen el gasto fiscal es enormemente exacerbado por el proyecto de ley que establece el FES. Al eliminar los créditos y becas fiscales de educación superior, el FES quita un porcentaje significativo de su ingreso operacional a estas instituciones. Con tal de funcionar para sus estudiantes y no retroceder en calidad, las instituciones afectadas accederían al sistema propuesto por el Gobierno, que reemplazará parcialmente sus ingresos por una transferencia fiscal y creará un déficit permanente en su resultado. La presión entonces será enorme para que los estudiantes de los seis primeros deciles, en estas instituciones, no deban retribuir una vez egresados. Dado que, desde este punto en el tiempo, el FES y la gratuidad significarán lo mismo financieramente para las universidades, las mismas ingresarán a la política.

Considerando lo anterior, el Gobierno insiste en empujar el proyecto FES. Éste profundiza el error garrafal que ha sido para Chile enfocarse desproporcionadamente en la educación superior. En el intertanto, la educación escolar y parvularia siguen sub-financiadas y llenas de inequidades, cuando representan la mayor oportunidad que tiene nuestro país en su camino al desarrollo.