Un acuerdo entre la entidad y los ministros Urrutia y Viera-Gallo despertó las pasiones del ciber activismo respecto al proyecto de ley de propiedad intelectual. Según ellos, la SCD no quiere gratuidad de derechos para traducciones y reproducción de textos educacionales y otros «usos justos». Es decir, si una persona graba un video de su hijo con música de fondo y lo sube a YouTube, o descarga una canción de Internet y la agrega a su MP3, será catalogado como un acto ilegal. La SCD dice que eso es mentira y que todo se trata de una «campaña del terror».
Este es nuestro nuevo trabajo: In Rainbows. Descárgalo de Internet y paga lo que estimes conveniente. Firma: Radiohead. Cuando el grupo británico de rock liderado por Thom Yorke decidió lanzar su séptimo disco en formato MP3 y ponerlo a disposición de sus fanáticos libremente en la red, el lanzamiento (10 de octubre de 2007) produjo una nueva trizadura en la industria discográfica como la conocíamos hasta fines del siglo XX. El éxito comercial del disco vía Internet fue un misterio ya que la banda rechazó entregar cifras de venta. Pero una vez que In Rainbows se editó en CD fue aclamado por la crítica y de inmediato escaló los charts del Reino Unido y Estados Unidos. Cambio de paradigma.
¡Crash!
Este cambio de paradigma que transforma el modo de hacer negocios debido al uso de Internet como canal de distribución, es parte esencial de la discusión propiciada por el análisis del proyecto de ley de Propiedad Intelectual que deberá revisar el Senado.
El texto ingresó a tramitación en marzo de 2007, con el objetivo de modernizar la legislación de 1970, época sin TV Cable ni Internet (salvo el proyecto Synco de la UP, conocido como la “Internet de Allende”), y quedar acorde a los tiempos digitales. Sólo un dato: en Chile, según estudios del Ministerio de Economía, hay 1 millón 300 mil conexiones de banda ancha en hogares, 1 de cada 3 hogares conectado a Internet, y 14 millones de celulares activos.
Entre los puntos a discutir están las excepciones y limitaciones al derecho de autor y los denominados “usos justos”, ya que en la actualidad son ilegales la copia y descarga de música de Internet, la traducción y fotocopia de textos para uso educacional y bibliotecas y otras prácticas comunes que actualmente violan la ley y se equiparan con el pirateo.
Como el tema afecta a la industria cultural para bien y para mal, incluido el derecho de propiedad intelectual, y hay muchos actores involucrados, el Senado decidió convocar a una mesa de trabajo entre los diversos interesados, y a la ministra de Cultura Paulina Urrutia como garante del proceso. El propósito: consensuar los intereses de los autores, la industria cultural, la poderosa industria de telecomunicaciones y el público, antes de plantear la discusión nuevamente en la Cámara Alta.
Mesa coja y perdida de confianza
La mesa de trabajo fue integrada por la SCD, representada por su director general Santiago Schuster, el abogado Rodrigo Rojas, de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI), un representante de la Asociación de Proveedores de Internet (API), el director de la Asociación de Derecho e Informática de Chile (ADI) Claudio Magliona, el director de la ONG Derechos Digitales Claudio Ruiz, la Comisión de Directores de Bibliotecas del Consejo de Rectores de las universidades chilenas, la directora del Colegio de Bibliotecarios de Chile Paula Roncatti, y representantes de Liberación Digital. Los convocados se reunieron al menos en seis ocasiones con Paulina Urrutia en una sala del séptimo piso del edificio del Consejo de Cultura de calle Fray Camilo Henríquez.
Sin embargo el 6 de agosto pasado, la mesa se quebró. “Ese día se publica en el sitio web Trato Justo Para los Artistas de la SCD, un artículo donde la entidad da cuenta de una reunión con la ministra Urrutia y el ministro Viera-Gallo, donde señalan que llegaron a un acuerdo para potenciar siete puntos irrenunciables del proyecto, que son la esencia de la discusión para todos los integrantes de la mesa”, dice el abogado Claudio Ruiz de la ONG Derechos Digitales, uno de los asistentes a las reuniones que califica el acuerdo de “secreto” e “impresentable”.
La ministra reconoció el acuerdo paralelo en una reunión del 7 de octubre en el Consejo de Cultura (El Mostrador.cl intentó contactarse con Paulina Urrutia pero no se encontraba disponible) y el sábado pasado junto a Viera-Gallo y representantes de la SCD lideraron un acto en La Moneda en contra de la piratería donde difundieron los planteamientos de los artistas y provocaron la irritación de los otros ex integrantes de la mesa de trabajo. Uno de ellos dice que “el tema a la ministra la superó y la SCD sencillamente la bypaseó y negoció con Viera-Gallo”. A lo cual Viera-Gallo responde que “la ministra Urrutia nos pidió como Segpres una intervención para mediar entre la SCD y el ministerio de Cultura. No veo ningún problema con que el gobierno llegue a acuerdo con una organización en particular. Lo que sucede es que algunas organizaciones no están muy acostumbradas a tramitar proyectos de ley y tratan cada paso como si fuera el juicio final”.
De todos modos, dice Rodrigo Rojas, de la ACTI, “estamos sorprendidos y molestos porque nos tomaron el pelo”. Claudio Magliona, director de la ADI, añade que el acuerdo “es de esas cosas que no se hacen porque se pierde la confianza”. Magliona no culpa a la SCD, que representa “legítimamente” los intereses de sus socios, sino al gobierno por faltar a su palabra. “No deja de sorprenderme haber sido invitado al ministerio de Cultura a discutir el tema y luego enterarme que la ministra Urrutia conversaba por el lado con otro grupo. Este debiera ser un llamado a la cordura”, insiste.
Combos iban, combos venían
Entre los temas clave para los detractores de la SCD se encuentra que la organización gremial propone no tocar las excepciones y “usos justos”, aceptados en otros países. Esto quiere decir, explica Ruiz, que si una persona graba un video de su hijo con música de fondo y lo sube a YouTube, o descarga una canción de Internet y la agrega a su reproductor de MP3, no sea catalogado como un acto ilegal.
La secretaria general de la SCD Denisse Malebrán califica lo anterior como una campaña de desinformación y una caricaturización. “Eso es mentira. Es ridículo”, dice. “Están tratando de asustar a la gente. Eso ya se hace y nadie se ha ido preso y nadie anda persiguiendo a nadie. YouTube, al contrario es una vía de exposición mundial. Como no nos va a gustar YouTube, Facebook y los Fotologs: son parte de la reinvención de la comunicación. Es una campaña del terror. Yo tengo mi música gratis en Internet. Y nadie ha dicho que la gente no pueda subir sus videos de un acto escolar. Tratan de hacernos ver como arcaicos y es completamente ridículo”.
¿Quién tiene la razón? La discusión incendia foros y sitios web en este minuto. Unos hablan de Trato Justo Para los Artistas y han desarrollado una extensa labor para convencer a la clase política con sus argumentos. Otros, de Trato Justo Para Todos, buscan hacer presión y explicar su postura contraria al acuerdo de los artistas y el gobierno. Todos se interesan en el mismo asunto: los derechos de propiedad cultural y las excepciones y limitaciones al derecho de autor. En cada caso dicen buscar lo justo para todos: autor y público, pese a que manifiestan posiciones irreconciliables en los puntos clave de discusión.
Autores versus consumidores
Christián Leal, autor del blog El Francotirador (uno de los más visitados en el mundo del activismo digital) y coordinador de Medios Digitales de radio Bío-Bío, asegura que “todo depende según como se interprete”. “En la práctica la SCD dice que no imponen a nadie que pague por descargar música ilegalmente, pero eso equivale a mantener el statu quo de la ilegalidad actual ¿Por qué en vez de eso no regulamos las excepciones de uso privado?”.
Derechos Digitales y Liberación Digital plantean que la SCD debiera comprobar el uso efectivo de las obras de sus representados antes de cobrar por el derecho de propiedad intelectual. Materia que según Denisse Malebrán es “impracticable”. Los usuarios de la música del catálogo de la SCD acceden a toda su música por una cuota fija, dice, y se hace “imposible demostrar el uso efectivo de la obra (esta o aquella canción). Yo no tengo como saber que tocó en este minuto una clínica o un supermercado. Eso es ridículo: tendríamos que tener un ejército de fiscalizadores que es irreal. Demostrar el uso selectivo de una obra es casi imposible”, explica.
Por otro lado, las ONG plantean además que la SCD es un ente monopólico que fija sus tarifas de pago a los clientes por lo que debería operar un “arbitraje” cada vez que una empresa (sea, por ejemplo, un hipermercado o un minimarket) decida impugnar el valor del cobro. Malebrán, ex vocalista de Saiko, responde que esto iría en beneficio de los grandes conglomerados que impugnarían los cobros de derechos de autor, afectando a los artistas.
Juan Guillermo Tejeda, profesor de diseño gráfico de la Universidad de Chile, fundador de The Clinic y responsable del polémico iceberg del stand chileno de la Expo Sevilla, dice que la discusión se olvida de un piso básico: el derecho de autor inalienable de los creadores y los artistas.
Según Tejeda, uno de quienes adscribe a Trato Justo Para los Artistas, “la vía de las excepciones es una puerta entreabierta: efectivamente tu puedes decir que un producto cultural es para un uso educacional y puedes fotocopiar libros, pero resulta que hay establecimientos educacionales que son un negocio y todos van a cobrar a costa de los derechos del autor de ese libro”.
Denisse Malebrán insiste sobre este punto: “Las excepciones en esta ley están pensadas en función de los minusválidos y de favorecer a bibliotecas públicas. Eso lo apoyamos. Pero es ridículo que a universidades que cobran 400 lucas tengamos que darles gratis los textos de gente que ha dado sus vidas a la investigación y la producción cultural. Siempre hemos explicado la diferencia entre el lucro y el uso privado de productos culturales”.
Sin embargo, Paola Roncatti pone en el tapete que “si se aprueba el proyecto en base al acuerdo de la SCD y el Gobierno, este impactaría fuertemente a las bibliotecas y archivos, ya que se estarían eliminando excepciones que son fundamentales para el funcionamiento dentro de la ley de diferentes tipos de bibliotecas. ¿Qué pasara con nuestros usuarios?, ¿qué pasara con nuestras bibliotecas? ¿pasaremos a ser delincuentes?”.
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