Aunque el intendente Metropolitano, Igor Garafulic, le bajó el perfil al asunto, el senador Pablo Longueira calificó como graves los hechos. El cambio en las argumentaciones técnicas de la oficina regional de Conaf, impulsadas por instrucciones de Catalina Bau, alineó la postura de la entidad con los demás servicios sectoriales, que sólo habían presentado algunas observaciones. Por eso, para nadie fue una sorpresa la aplastante mayoría por la que se aprobó el proyecto de AES Gener.
Pasadas las 14:30 horas del jueves se inició la sesión de la Corema de la Región Metropolitana que definiría el futuro del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de AES Gener.
El resultado del encuentro no fue ninguna sorpresa: 17 votos a favor, 4 abstenciones y un voto en contra fue el saldo de más de 4 horas de presentaciones y varios enfrentamientos entre los asistentes.
La primera exposición estuvo a cargo del consejero regional Andrés Ugarte, el único que rechazó la iniciativa de US$ 700 millones y que busca inyectar en promedio 2.350 Gwh al año en el Sistema Interconectado Central (SIC), citó un artículo publicado el jueves por este medio. La nota, explicaba cómo la directora de Conaf, Catalina Bau presionó a la directora regional de la institución, María Teresa Latorre, para que cambiara la postura técnica que rechazaba entregar el permiso sectorial correspondiente porque consideraba que el proyecto transgredía la ley de bosques.
Situación a la que el Intendente Metropolitano, Igor Garafulic, le bajó el perfil, asegurando que «no me hago cargo de las cosas que salen en los diarios», calificando la denuncia como «un pelambre».
Opinión con la que no coincidió el senador Pablo Longueira, que señaló que la situación, respaldada por documentos publicados por este medio, era de la mayor gravedad. Por eso, aseguró que «la forma en que se está presionando a las autoridades técnicas finalmente permite que se relaje todo tipo de exigencias para este tipo de proyectos…se nota que hay una decisión de gobierno y para eso se acomodan todas las obligaciones ambientales».
Debido a ello, el próximo presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Cámara Alta, considera que la ley ambiental actual «tocó fondo, porque cuando la autoridad central ha decidido hacer un proyecto, la mayoría (de los votos) está garantizado».
A pesar de que desde Conaf y el Gobierno intentan bajarle el perfil al asunto, Ugarte aseguró que los antecedentes del caso serán presentados a la Contraloría General de la República y a los tribunales de justicia.
Trabajo v/s medioambiente
En la sesión, también estuvieron presentes vecinos y el alcalde de San José de Maipo, Luis Pezoa, que plantearon los beneficios que este proyecto traerá en el aspecto laboral y de desarrollo para la zona. Respaldo directamente relacionado con el acuerdo por 8 millones de dólares para proyectos sociales que AES Gener negoció con el municipio.
La fórmula no es nueva: casos como el de Pascua Lama, en que Barrick Gold entregó 60 millones de dólares a la junta de vigilancia, o el ducto de Celco en Mehuín, donde la empresa pactó el pago de casi 9 millones de dólares con una parte de la población, se ven cada vez con mayor frecuencia. Lo que ha impulsado variadas críticas desde algunos sectores.
Al respecto, Longueira aseguró que es necesario que se impulse una legislación que prohíba acuerdos de este tipo entre las municipalidades y las empresas, porque «me parece una miopía la forma en que se resuelven estas decisiones. No podemos decidir esto porque genera empleo en una comuna. Es un problema que hay que enfrentar de otra forma. Y las presiones ambientales que se crean aquí me parecen un circo, porque hacen pelear a la comunidad».
Poco antes de las 19:00 horas, la sesión terminó entre aplausos y pifias con una aprobación aplastante de la iniciativa.
