Un fax enviado a destiempo, una orden de arresto que llega incompleta, la defensa de los jueces y la policía a un procedimiento que, al menos, se ejecutó de manera extraña. Cosas que pueden ocurrir en cualquier caso, pero que en este proceso hacen que todos sean sospechosos. Por eso, La Moneda y el Poder Judicial están a la espera de que dos investigaciones determinen lo que realmente ocurrió.
El imputado no estaba. Por tercera vez la Corte de Apelaciones de Santiago revocaba el arresto domiciliario decretado por el juzgado de garantía. Pero ahora, el sociólogo Hans Niemeyer, sospechoso de fabricar y colocar explosivos, no se presentaba ni al tribunal, ni menos a la Cárcel de Alta Seguridad donde estuvo desde que fue detenido el 30 de noviembre de 2011.
El juicio oral contra Niemeyer debía comenzar por estos días y precisamente en esta fase la defensa intentaría demostrar que el sociólogo no es autor de un delito que pueda ser juzgado como terrorista. Sin embargo, en la fecha en que Niemeyer debía volver a la cárcel el cronograma del proceso estaba suspendido.
El juicio no iba a comenzar hasta que no se resolviera un requerimiento en el Tribunal Constitucional presentado por el Ministerio del Interior hace dos meses, después de que no pudo apelar a una resolución del juzgado de garantía que rechazó una serie de pruebas y testigos contra Niemeyer.
Por eso, la causa estaba estancada y esta vez Hans Niemeyer, para quién la Fiscalía Sur pide 19 años de presidio, debería pasar un buen tiempo en la cárcel a la espera del juicio.
La orden para que Niemeyer volviera a la cárcel después de 8 días en la casa de su familia en La Reina, fue emitida por el tribunal el viernes 7 de diciembre de 2012. En un correo remitido por la jueza Natacha Ruz a las policías, la orden venía sin el documento adjunto necesario para oficializarlo. Un cabo de carabineros se percató del error y mandó un mensaje de vuelta consignándolo. Pero ya era tarde, y la orden para arrestar a Niemeyer, sólo llegó correctamente el lunes 10 pasado el mediodía.
En el contexto de lo ocurrido con el “caso Bombas”, donde todos los imputados fueron absueltos y el de Luciano Pitronello, en que el estudiante fue condenado por daños e infracción a la Ley de Armas, y no por delitos terroristas, lo ocurrido con Niemeyer parecía una broma de mal gusto.
No obstante, así fue. Paralelamente, la orden para vigilar el cumplimiento del arresto domiciliario de Hans Niemeyer fue enviada a un “fax virtual” a la 16ª Comisaría de La Reina, el mismo día 28. Aunque según Carabineros el aparato no se usaba hacía meses y menos para este tipo de procedimientos. En la unidad policial solamente vieron el mensaje que ordenaba hacer tres rondas diarias por la casa de Niemeyer, también el lunes 10.
En tanto, la orden de captura internacional fue emitida 5 días después, el 15 de diciembre.
Para esa fecha no había mucho que vigilar. El sociólogo todavía se encuentra prófugo. Pero tiene a todos los involucrados dando explicaciones. El viernes 20 el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al 13º Juzgado de Garantía una investigación administrativa para esclarecer los errores en este caso.
[cita]Para el diputado UDI Cristián Letelier, el principal responsable es el juez que “al determinar que una persona que pone bombas no es un peligro para la sociedad”, critica quien representa como querellante a la Fundación Jaime Guzmán por el bombazo atribuido a Niemeyer en el memorial de líder gremialista. Y agrega que “todo es muy extraño: para comunicarse usan siempre mail y ahora un fax, que según carabineros llegó en blanco, no tenía contenido. Hay una negligencia al interior del tribunal que esperamos sea aclarada”.[/cita]
En este contexto, el juez Eduardo Gallardo, quien decretó el arresto domiciliario en vez de la prisión contra Niemeyer, elaboró un informe, donde asegura que las policías tienen acceso a un sistema informático donde las órdenes de detención se suben inmediatamente.
Por lo tanto, si la orden llegó a Carabineros y la PDI sin el adjunto correspondiente podían haberlo consultado en esta plataforma, que contiene datos cruzados entre el Poder Judicial y el Registro Civil. Según el juez tampoco hubo un llamado de las policías al juez de turno para resolver alguna duda.
Sin embargo, para el diputado UDI Cristian Letelier, el principal responsable es el juez que “al determinar que una persona que pone bombas no es un peligro para la sociedad”, critica quien representa como querellante a la Fundación Jaime Guzmán por el bombazo atribuido a Niemeyer en el memorial de líder gremialista. Y agrega que “todo es muy extraño: para comunicarse usan siempre mail y ahora un fax, que según carabineros llegó en blanco, no tenía contenido. Hay una negligencia al interior del tribunal que esperamos sea aclarada”.
Letelier se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, quien reconoció la existencia de un error, “en una situación especial como la del señor Niemeyer. Se podría haber cometido error en cualquier otro caso, pero aquí no hay segundas intenciones, se produjo un error y nada más que eso», afirmó el magistrado.
Como sea, el caso escaló en importancia para el gobierno, al punto de que Piñera nombró a Niemeyer al inaugurar la implementación del Banco Unificado de Datos Criminales y este miércoles solicitó a la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, una investigación sobre los posibles errores en relación con este caso al interior del 13º Juzgado de Garantía.
Esta investigación quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Escandón, que debería entregar un primer informe en los próximos días.
Para Rodrigo Román, abogado de la defensa de Niemeyer, la reciente maniobra del gobierno es “una intromisión indebida en el proceso judicial” que obedece a razones políticas más que jurídicas. Por mientras, Hans Niemeyer sigue prófugo.