Los alcaldes de Cerro Navia y Maipú serán formalizados por delitos de corrupción.
La Fiscalía Occidente solicitará la prisión preventiva de los alcaldes de Maipú, Christian Vittori, y de Cerro Navia, Luis Plaza, imputados en el llamado «caso basura».
La solicitud se fundamenta en la gravedad, reiteración de los presuntos delitos y en el perjuicio fiscal ocasionado por los hechos de corrupción ocurridos en 2009 en ambas comunas.
Donde eventualmente hubo «asociación ilícita, cohecho, malversación de fondos públicos, fraude al Fisco y lavado de dinero», detalla un escrito presentado por la Fiscal Regional, Solange Huerta, donde se detalla la millonaria licitación de rellenos sanitarios que se adjudicó la empresa KDM en Maipú.
Según consigna hoy La Tercera, junto a los jefes comunales el Ministerio Público formulará cargos contra otras 16 personas por imputaciones similares.
A cuatro días de de la formalización que se realizará este lunes en el 9° Juzgado de Garantía, el abogado del alcalde de Maipú, Rodrigo Ávila, sostuvo que “he tenido conocimiento que la Fiscalía ha llamado a las defensas de distintos imputados para efecto de negociar las cautelares, bajo el apremio de exigirles determinadas develaciones, lo que obviamente no ha ocurrido por cuanto los hechos que investiga la Fiscalía no tienen ninguna justificación”.
“La Fiscalía en su petición de formalización englobó a los 18 imputados y solicitó formalizarlos por diversos ilícitos sin individualizar y distinguir qué delito le corresponde a cada uno de ellos. Estimamos que esa es una nueva violación de las garantías porque el mínimo derecho que tiene un imputado es saber por qué ilícitos se le va a formalizar. Hay un ambiente de que van a pedir medidas cautelares graves”, agregó.
El defensor del alcalde de Cerro Navia, Alex Carocca, dijo que “en su caso, lo que dice relación con Cerro Navia, son situaciones muy distintas a las de Maipú, son bastante menores a nuestro parecer. También disponemos de antecedentes que dicen que no hay delitos en Cerro Navia”
“Creemos que no es procedente pedir alguna medida cautelar, contra los imputados, mientras el Ministerio Público no entregue la totalidad de las interceptaciones telefónicas, y para eso recurrimos a la Corte de Apelaciones”, indicó el abogado.