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Justificó debilidad de las querellas presentadas por el organismo

El día en que el director del SII sinceró el freno de mano que se le puso a la investigación de platas políticas

por 27 noviembre, 2015

El día en que el director del SII sinceró el freno de mano que se le puso a la investigación de platas políticas
El lunes, y a dos bandas, Fernando Barraza entregaba claras señales de la mano que ha venido adoptando su servicio en torno a los casos Penta, SQM y Corpesca. La primera, en una entrevista donde confirmó la adopción de la doctrina Escobar, que señala que la utilización de boletas falsas de las empresas solo es una falta administrativa, que no amerita una acción penal. La segunda, al referirse en el Congreso al caso Caval, sobre el que señaló que no habría pruebas suficientes para querellarse aún, lo que no es compartido por fuentes ligadas al referido caso. Gestos que, en opinión de diversos actores, solo buscan frenar las indagatorias que tienen en el banquillo de los acusados a gran parte del poder político y empresarial del país.
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Las señales en torno a un debilitamiento en las investigaciones de los casos de financiamiento irregular de la política son diversas. Una de ellas sería la inminente reasignación de los casos SQM, Penta y Corpesca, lo que podría concretar el próximo lunes Sabas Chahuán, un día antes de la llegada del nuevo Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

Estos cambios vendrían de la mano con la evaluación, por parte de los nuevos fiscales regionales que tomarían la posta hoy liderada por la Fiscalía Nacional, sobre la continuidad o salida de los equipos que investigan actualmente, entre los que se encuentran los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena, Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias.

Un rol clave en este giro lo ha tenido el Servicio de Impuestos Internos (SII), que en opinión de diversos actores y cercanos a la causa, ha apostado sus fichas a frenar las investigaciones. A una semana del debut de Abbott, el director del SII, Fernando Barraza, daba una fuerte señal al respecto, al justificar la actual debilidad de las querellas impulsadas por su servicio en los casos de platas políticas.

Es así como, en entrevista publicada este lunes en el Diario Financiero, el ingeniero civil industrial aseguraba que "el servicio no persigue específicamente los ilícitos relacionados al financiamiento irregular de la política, no nos corresponde hacer esa persecución".

De esta forma, remarcaba la preeminencia de la “doctrina Escobar” dentro del señalado organismo, que plantea que la utilización de boletas falsas para realizar aportes y rebajar la carga impositiva de las empresas solo es una falta administrativa, que se sanciona con multas y no amerita una acción penal.

El director del SII detallaba que “cuando asumí́ el cargo me pareció́ que lo responsable era que las querellas por delito tributario fueran dirigidas hacia las personas nominativamente, me parece irresponsable querellarnos al voleo. Las querellas tienen que ser responsables, no son chacotas y tienen que ser fundadas, tiene que haber la convicción de que efectivamente hubo dolo. Hay que ser responsables a la hora de querellarse. Esto no solo respecto a las platas políticas”.

Además, y con el sello que ha marcado a las últimas querellas del SII, Barraza explicó por qué se empezó a omitir de este tipo de acciones la frase “hacia todos los que resulten responsables”, asegurando que no es responsable hacerlo, sino solamente “contra las personas respecto de las cuales, efectivamente, mediante la recopilación de antecedentes, llegamos a la convicción de que ha existido dolo”.

Una fuente ligada a las investigaciones señala que los dichos de Barraza están “ratificando una línea de acción del SII, que es básicamente limitar las investigaciones por delito tributario relacionadas con el financiamiento ilegal de la política. Y trata de argumentar sobre la base de supuestos elementos técnicos que obviamente no tiene. Primero, porque no es abogado. Pero obviamente está equivocado, por ejemplo, en cuanto a las explicaciones que da sobre por qué la querella no se dirige contra quienes resulten responsables”.

Una de las primeras acciones del ingeniero al asumir el cargo en agosto pasado, fue solicitar la renuncia definitiva de Cristián Vargas, quien hasta hacía tres meses había sido el director jurídico del servicio y uno de los protagonistas e impulsor de las denuncias y querellas presentadas por el SII en los casos Penta y SQM.

Vargas, junto al ex director Michel Jorratt, habían denunciado presiones políticas desde el Ministerio del Interior, liderado entonces por Rodrigo Peñailillo, para detener las indagatorias.

Luego, a poco más de un mes de que el actual director del Servicio de Impuestos Internos asumiera, se presentaron dos querellas: una contra SQM Salar y representantes legales de sociedades que sirvieron de puente para allegar recursos a campañas políticas, como Giorgio Martelli y Cristián Warner, y otra contra el ex diputado RN Alberto Cardemil. En un hecho inédito en este tipo de acciones, no se incluyó la cláusula “contra quienes resulten responsables”.

Pero lo que más llamó la atención fue la larga argumentación, de página y media, con que se intentó reforzar por qué el SII tiene facultades exclusivas en la persecución de delitos tributarios, que son los que abundan en los casos Penta, SQM y Corpesca. Lo que fue interpretado por la Fiscalía como uno de los frenos que ha intentado instalar el servicio a lo largo de la indagatoria.

Dávalos, Peñailillo y los otros

El mismo lunes pasado, el líder del SII mandaba una fuerte señal en la misma dirección, al exponer en la comisión investigadora Caval II del Congreso. Allí señaló a los parlamentarios que “nos parece que aún no tenemos los elementos de juicio necesarios para efectos de poder determinar la eventual interposición de una querella o denuncia”.

Fuentes ligadas al caso, señalan que ha trascendido que la investigación liderada por el Fiscal Regional de O'Higgins, Luis Toledo, contenía situaciones “que al menos eran necesarias de indagar, pero en el Ministerio Público no podían continuar la indagación de delitos tributarios porque no tenían la acción penal pública para eso, que corresponde al SII. De hecho, habrían recopilado las contabilidades, facturas e incluso existiría la intervención de otras sociedades que parecían sospechosas. Todo eso fue remitido al servicio”.

Un día después de las declaraciones de Barraza, se hacía público que el SII había citado al ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, para que concurriera a aclarar su situación tributaria durante los últimos tres años. Citación emitida el 18 de noviembre, al día siguiente de que Jadue dejara Chile rumbo a Estados Unidos. Un caso en que el servicio ha actuado sin reparos, a diferencia de los relacionados con platas políticas.

En opinión de un abogado que ha seguido de cerca estos casos, “aquí es evidente un arreglo que tiene varias patas: la primera pata tiene que ver con la operación Abbott y cómo la misma doctrina de Abbott coincide mucho más con la del SII. Chahuán se está yendo dejando la bandera en alto, tratando de mostrar mayor diligencia y que las cosas que no logró hacer fue por un problema de tiempo y no por otra cosa. Pero lo cierto, tanto en la conducta del SII como en la que ha tenido la Fiscalía, sobre todo la manera en que se resolvió lo de Novoa, en las vacilaciones para la citación de Marco (Enríquez-Ominami), en que no tengamos ninguna novedad en caso Caval respecto a Compagnon o Dávalos, la sensación que se instaló es que todo este proceso ya pasó hace rato su peak comunicacional, judicial y político, y ahora más bien se empieza a encauzar en una transacción que va a requerir algunos colgados de la plaza pública. Orpis va a ser uno, probablemente en otra dimensión Novoa, Martelli. Pero la pregunta obvia que se hace todo el mundo es qué pasa con Dávalos, qué pasa con Peñailillo, con los que estuvieron verdaderamente detrás de esta operación”.

En tanto, una fuente ligada a las investigaciones señala que los dichos de Barraza están “ratificando una línea de acción del SII, que es básicamente limitar las investigaciones por delito tributario relacionadas con el financiamiento ilegal de la política. Y trata de argumentar sobre la base de supuestos elementos técnicos que obviamente no tiene. Primero, porque no es abogado. Pero obviamente está equivocado, por ejemplo, en cuanto a las explicaciones que da sobre por qué la querella no se dirige contra quienes resulten responsables”.

Este error, explica la misma fuente, se identifica porque “nunca el SII ha actuado así. Es raro que ahora vengan a descubrir la luz con esto. Incluso en tiempos en que estaba Bernardo Lara antes –actual subdirector jurídico del servicio, cargo que ocupó a fines de los 90–, siempre agregaban eso por una razón muy simple: porque el SII hace recopilación de antecedentes sobre hechos que revisten carácter de delito tributario. Entonces muchas veces no se tiene certeza de quiénes son todos los responsables, colaboradores o encubridores del delito. Por eso lo normal y técnicamente correcto es que la acción penal, ya sea una querella o denuncia, se dirija en contra de algunas personas, de las que ya aparece claro que participaron en el delito, pero también en contra de aquellas otras que resulten responsables y que arroje el mérito de la investigación. Investigación que realiza la Fiscalía, el Ministerio Público. El SII no puede investigar delitos”.

Por su parte, el abogado Jorge Navarrete señala que con las declaraciones de Barraza “queda la idea instalada de que hay un acuerdo al interior de la clase política para bajarle el perfil a la investigación por gravísimos casos de corrupción de financiamiento de la política y fraude tributario, lo que se acrecienta con una conducta de un organismo público de Gobierno que ha estado por debajo de las expectativas de la ciudadanía en general y de los medios de comunicación en particular”.

Otra fuente ligada a estos casos, opina que “lo que se ve con sus declaraciones es confirmar el carácter político que está teniendo su administración y no el carácter técnico y autónomo que debería tener”.

Al respecto, el abogado y ex integrante del Tribunal Constitucional (TC), Jorge Correa Sutil, cuestionó en Radio Cooperativa la independencia del SII con respecto a las querellas en platas políticas, señalando que “el problema es que es muy razonable que el SII pueda abrir o cerrar la llave para la investigación de los delitos tributarios. El problema es que esta clase de delitos tributarios no están afectando la capacidad recaudatoria del Estado, sino que lo que están afectando es la fe pública. Entonces tenemos el problema de haber entregado la llave del inicio o no inicio de una investigación a una autoridad dependiente del Ejecutivo en condiciones de que estamos investigando delitos que no dicen relación con lo tributario, o que dicen más relación con la fe pública que con lo tributario. Y esa cuestión a mí me parece que envenena la discusión, porque hace siempre dependiente al final del Poder Ejecutivo la llave de investigaciones sobre ilícitos en los cuales están comprometidos sus aliados y sus adversarios políticos, y esa cuestión debiera terminarse".

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