Recordó que en la Constitución la facultad de investigar reside en el Ministerio Público
El abogado y ex integrante del Tribunal Constitucional explicó que detrás del financiamiento irregular de campañas no solo hay delitos tributarios sino también está en juego la fe pública y por lo mismo un organismo dependiente del Ejecutivo no puede «abrir o cerrar la llave» para investigar a aliados o adversarios del Gobierno.
El abogado y ex ministro Jorge Correa Sutil se refirió al diseño para presentar querellas en los delitos tributarios, asociados al financiamiento irregular de la política, que está siguiendo el SII. Esto, a propósito de que la UDI ha acusado una «persecusión» y «discriminación»por parte del fiscal Sabas Chahuán, quien no puede en algunos casos querellarse, dado que es facultad exclusiva del SII.
«Haya o no discriminación, a mí lo que me parece es que tenemos un sistema institucional malo en el sentido de que el Servicio de Impuestos Internos tenga que dar el pase para que el Ministerio Público pueda investigar», dijo a Radio Cooperativa.
El ex integrante del Tribunal Constitucional dijo que «me parece inconstitucional desde el momento en que la Constitución dice que la investigación de los delitos le corresponde autónomamente al Ministerio Público y el Ministerio Público no ha querido nunca cuestionar la constitucionalidad de esa disposición. No me explico por qué pero ahí está», aseguró.
Correa Sutil explicó su posición afirmando que «el problema es que es muy razonable que el SII pueda abrir o cerrar la llave para la investigación de los delitos tributarios. El problema es que esta clase de delitos tributarios no están afectando la capacidad recaudatora del Estado, sino que lo que están afectando es la fe pública. Entonces tenemos el problema de haber entregado la llave del inicio o no inicio de una investigación a una autoridad dependiente del Ejecutivo en condiciones de que estamos investigando delitos que no dicen relación con lo tributario, o que dicen más relación con la fe pública que con lo tributario. Y esa cuestión a mí me parece que envenena la discusión porque hace siempre dependiente al final del Poder Ejecutivo la llave de investigaciones sobre ilícitos en los cuales están comprometidos sus aliados y sus adversarios políticos y esa cuestión debiera terminarse», manifestó.
Para el abogado este asunto provoca un daño al organismo recaudador del Estado. «El SII es un servicio dependiente y si no influye va a estar siempre la sospecha de que pueda estar influyendo. Y todas estas acusaciones de victimización adquieren una duda razonable en la sociedad producto de que tenemos una norma allí que yo no sé que hace y no sé por qué no la han impugnado», dijo en el programa ‘El Primer Café’.
Por último, aseguró que es imposible salga de la zona de sospecha un organismo dependiente (el SII) que tiene la capacidad de decidir si a los aliados políticos o a los adversarios se les persigue. Esa cuestión no es razonable en la institucionalidad del país porque la va a tener siempre bajo sospecha», afirmó.
