Opinión
Más allá de los diversos mecanismos que tiene la élite para lograr que sus problemas sean los problemas de todos, a saber, sus decisiones de inversión, el control de los medios de comunicación, el lobby, el financiamiento legal e ilegal de campañas políticas, etc., cabe resaltar cómo algunos elementos del diseño de las políticas no repararon suficientemente en su impacto en la capacidad de la élite de lograr la empatía del resto de la población.
El punto de partida de este artículo es que el gobierno de Nueva Mayoría ha comenzado hace algunos meses un proceso de atenuación de su impulso reformista: una moderación. Suscribir aquello implica aceptar dos tesis, las que por motivos de espacio no defenderé en este texto. Por un lado, que el gobierno actual sí tuvo inicialmente una apuesta predominantemente transformadora y, por otro, que tal apuesta se desdibujó en el camino.
Esta moderación es una mala noticia para las izquierdas. Lo es, en primer término, porque significa un atraso en el avance de mayores derechos sociales. En segundo término, porque el daño al ánimo reformista en la opinión pública es un problema para cualquier sector que pretenda proponer una apuesta transformadora en el mediano plazo. Aunque haya sectores más responsables que otros, las consecuencias las pagamos todos.
Los párrafos que siguen tienen por propósito discutir qué podemos aprender como izquierda de la dinámica de la primera mitad del gobierno de Bachelet y su devenir hacia posturas más conservadoras. A modo de resumen, en mi planteamiento no considero que la causa principal de esta moderación sea un problema de voluntad. Desde mi perspectiva, la estrategia política seguida por Nueva Mayoría, en conjunto como algunos elementos estructurales de la sociedad chilena, no solo implicaban ciertos límites a la agenda de cambio, sino que además hacían poco probable poder sostenerla en el tiempo.
Una primera dificultad que enfrentó este gobierno es que el poder que determina la forma en que nos organizamos como sociedad depende solo parcialmente de qué fuerzas políticas ganan las elecciones. Y aunque esto debería ser una obviedad, la centroizquierda chilena no ha tenido en 30 años ninguna estrategia razonable para atenuar la capacidad que tienen ciertos sectores de la sociedad de vetar reformas profundas que cuentan con un apoyo mayoritario.
Hay diversos momentos en que la distribución asimétrica del poder ha operado para limitar, más allá de la voluntad de las mayorías, el alcance de las transformaciones del presente gobierno. La reforma educacional es un ejemplo paradigmático.
La primera versión de proyecto de ley que mandó el gobierno para terminar con el lucro, la selección y copago en el sistema escolar, enfrentó una dificultad determinante: un conjunto importante de apoderados se opuso a la reforma frente a la amenaza de que sus colegios serían cerrados. A pesar que en lo grueso el proyecto implicaba un conjunto de medidas que beneficiaban a las familias, el interés de los apoderados se alineó con el interés de los dueños, dada la posibilidad de estos últimos de hacer una amenaza creíble sobre el cierre de sus colegios. Una posibilidad que, vale la pena recordar, no existe en otros sistemas escolares con activo rol privado, pero donde los colegios son concesionados y la propiedad de la infraestructura es del Estado.
[cita tipo=»destaque»]Una primera dificultad que enfrentó este gobierno es que el poder que determina la forma en que nos organizamos como sociedad depende solo parcialmente de qué fuerzas políticas ganan las elecciones. Y aunque esto debería ser una obviedad, la centroizquierda chilena no ha tenido en 30 años ninguna estrategia razonable para atenuar la capacidad que tienen ciertos sectores de la sociedad de vetar reformas profundas que cuentan con un apoyo mayoritario.[/cita]
Cambiar estas condiciones que restringen la voluntad democrática es una vocación de mediano y largo plazo que debe estar presente en cada una de las reformas que la izquierda promueva: cada avance gradual debe ser evaluado no solo por cómo mejora las condiciones de vida de las mayorías, sino que además por cómo expande el poder de esta mayoría, y por ende limita el de la minoría, de manera que el campo de disputa democrática de las futuras reformas sea menos restringido. Por ejemplo, una perspectiva de centroizquierda consciente del “problema del poder”, tendría que haber anticipado, tempranamente en los 90, que la soberanía de la política educacional pasaba por no financiar desde el Estado, peso a peso, la apropiación de la infraestructura y, de esta manera, de poder de veto por parte de los privados.
Un segundo ámbito que me interesa resaltar, es cómo el gobierno entendió su relación con los movimientos sociales y con la ciudadanía, en general. La idea parece haber sido querer administrar el capital político de las movilizaciones del 2011, pero en un contexto de orden, secretismo y prevalencia de la tecnocracia: hacer reformas con las ideas de la Nueva Mayoría, pero con las viejas formas de la Concertación. Así, el gobierno enfrentó la dificultad de tratar de hacer una sustancial reforma educacional sin los profesores o estudiantes entusiasmados y movilizados en apoyo a esta, todo lo contrario. Lo mismo sucede por estos días con la Reforma Laboral.
En esta forma de entender la política, los movimientos sociales son vistos como estrategias de captura del Estado por parte de minorías organizadas, y no como actores que representan una forma más densa de democracia, que tienen –eventualmente– la capacidad de contrarrestar el poder de la élite en su afán de defender el statu quo. Esta visión desconoce que la mayor captura del Estado viene justamente desde el mundo económico y empresarial y que, en lo grueso, los movimientos sociales con capacidad de incidencia parecen ser los únicos capaces de contrarrestar tal captura.
Al respecto y en oposición con lo que se suele argumentar, la estrategia de un gobierno transformador debe ser apostar por un aumento sustancial de las expectativas de la ciudadanía respecto a la profundidad de los cambios. Obviamente una ciudadanía con altas expectativas y un movimiento social empoderado, pueden llegar a ser un dolor de cabeza para cualquier gobierno, ¿para qué agregar una dificultad más al difícil ejercicio de gobernar? Pero un gobierno con vocación transformadora debe anticipar que, sin esta “dificultad extra”, no le va a quedar otro camino que ceder a las presiones del mundo empresarial cada vez que el escenario se ponga más complejo, por ejemplo, debido a la caía del precio del cobre. En otras palabras, a un gobierno transformador le conviene contribuir a sumar una restricción más a su accionar, la restricción del “empoderamiento social” y de las expectativas desbordadas, de manera de alinear sus incentivos futuros con esa intención transformadora.
Una tercera dificultad, relacionada con el punto anterior, ha sido la incapacidad del gobierno de aislar a la élite en su afán de oponerse a las reformas.
Al respecto, y más allá de los diversos mecanismos que tiene la élite para lograr que sus problemas sean los problemas de todos, a saber, sus decisiones de inversión, el control de los medios de comunicación, el lobby, el financiamiento legal e ilegal de campañas políticas, etc., cabe resaltar cómo algunos elementos del diseño de las políticas no repararon suficientemente en su impacto en la capacidad de la élite de lograr la empatía del resto de la población. Por ejemplo, la reforma tributaria no solo implicaba una mayor recaudación desde los sectores de mayores ingresos, sino que además contenía algunas alzas tributarias que sí tenían un impacto directo en otros sectores sociales. Más allá de la justificación técnica y normativa de estas otras alzas, hubiese sido mejor concentrar toda el alza en los impuestos de los altos ingresos, para así poder aislar a la élite en su afán de frenar la reforma.
La sustentabilidad de las reformas y la posibilidad de aislar a los “perdedores”, es un elemento que debe ser considerado en el diseño de las políticas públicas. A su vez, se hace cada vez más imprescindible tener una política de medios que contrarreste la sobrerrepresentación del mundo empresarial-conservador, como también incorporar en las políticas productivas del Estado (casi inexistentes en Chile) el sesgo pro diversificación cultural, de género y de origen socioeconómico del sector empresarial chileno.
Un cuarto problema se relaciona con la dificultad que ha mostrado el aparato estatal para responder al desafío de diseñar e implementar la ambiciosa agenda de Nueva Mayoría, lo que conjugado con un programa de gobierno que carecía de profundidad y detalles, ha redundado en una implementación del mismo llena de improvisaciones y autogoles.
Hay en esto una importante responsabilidad de los partidos políticos de la Nueva Mayoría, los que simplemente no hicieron la pega de discutir de manera seria, participativa y pausada, el diseño de los importantes cambios que iban a proponer al país. En parte esta falencia se debe a que una fracción relevante de Nueva Mayoría nunca ha estado convencida de la necesidad de cambios profundos, y que por lo mismo hizo todo lo posible para torpedear las reformas.
Esta ausencia de profundidad y densidad programática, llevó en algunos casos a la implementación gradual de políticas sin tener completo el diseño general en el que éstas iban a estar enmarcadas. Haber realizado una importante reforma a la educación escolar, sin nunca haber tenido claro si se cambiaría la forma de financiamiento de las escuelas (vouchers), es un claro ejemplo de aquello. Algo similar podría estar ocurriendo en el caso de la gratuidad en educación superior.
A su vez, la falencia estructural que ha demostrado el Estado chileno, el que está pensado para un rol mínimo, capaz de definir ciertas “reglas del juego” y regulación, pero sin “dientes” para llevar a cabo grandes transformaciones, nos debiese convencer en la izquierda que la modernización –no sólo el incremento del tamaño del Estado– son condiciones necesarias y complementarias para emprender grandes reformas.
Por cierto, hay un conjunto de factores que poco tienen que ver con la estrategia política de la Nueva Mayoría y lo que esta heredó de la Concertación. Con esto no solo me refiero a la situación económica mundial sino que también a la responsabilidad que hemos tenido en la izquierda por fuera de la Nueva Mayoría, toda vez que nuestra estrategia ha incidido en la baja relevancia del movimiento social de estos dos primeros años.
Con todo, la moderación que ha emprendido el gobierno de Michel Bachelet debe educarnos respecto a lo difícil que es llevar a cabo una agenda de transformaciones profundas. Más aun, porque en nuestro ideario socialista las reformas son más ambiciosas que las emprendidas por este gobierno y porque muchos de los problemas descritos en esta columna podrían ser incluso más agudos en un hipotético gobierno de fuerzas transformadoras.
Para ser exitosos, los cambios radicales en contextos democráticos deben conjugar el buen diseño (¡que toma tiempo!), la movilización social y la capacidad del Estado o de las comunidades de llevar a cabo las reformas. La tarea para la izquierda es titánica y la moderación del actual gobierno nos debe dar importantes lecciones al respecto.
