Burgos afirmó que fue «un parto inducido»
El funcionario dejó el cargo después que el organismo fiscalizador anunciara que investigará contratos autorizados «a dedo» por él y luego que se revelaran también sus negocios con el Estado.
El ministro del Interior, Jorge Burgos, comunicó este miércoles que el jefe administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, renunció a su cargo luego de fuertes cuestionamientos a su desempeño.
Burgos regresó sorpresivamente a Santiago desde Valdivia para oficializar la salida que venía siendo solicitada tanto por el oficialismo como la oposición.
«El jefe de administración de La Moneda decidió renunciar a su cargo, algo que formalizará por escrito el día lunes», informó Burgos
Riquelme comenzó a convertirse en un problema cuando su nombre apareció en el caso Caval, primero a partir de la cita que tuvo con Juan Díaz, el operador de la UDI comisionado por el síndico Herman Chadwick para vender los terrenos en Machalí. Díaz conoció a Riquelme durante unas vacaciones familiares en el Caribe y llegó a la oficina de él en La Moneda pidiéndole interceder ante Natalia Compagnon para que le pagara una deuda proveniente de un trabajo que hizo para Caval por encargo de CCU.
La reunión entre ambos fue revelada por Patricio Cordero, también ligado a la UDI, en el marco de su testimonio judicial en el caso. Y lo complejo es que la reunión ocurrió después de febrero de 2015, cuando estalló el caso.
Riquelme, en su testimonio ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, reconoció que había cometido «una imprudencia» al recibirlo y aseguró que no sabía, «aunque parezca inverosímil», de su vinculación con el caso Caval. «No lo hubiera recibido», dijo.
El otro episodio complejo fue el relativo al formateo del computador de Sebastián Dávalos cuando este renunció a la Dirección Sociocultural de la Presidencia. Riquelme, se supo durante la investigación, participó en el formateo del computador de Dávalos.
Pero todo esto no era más que un cuestionamiento político.
Riquelme volvió generar controversia cuando se conoció que, usando sus prerrogativas, autorizó el pago de $40 millones para la realización de un documental dirigido a resaltar la gestion de Bachelet.
Sin duda los problemas más serios comenzaron cuando el jefe administrativo de La Moneda tuvo que completar los datos omitidos en su declaración de patrimomio después de las críticas del propio Burgos. En dichos datos, fue posible apreciar un total de $570 millones en propiedades.
Pero el tiro de gracia lo disparó Ciper, cuando reveló el pago de más de $417 millones de pesos en tres años corrrespondientes a contratos con el Estado de empresas ligadas a Riquelme. Socoar y Greentec concretaron negocios con el Estado para vender insumos médicos.
