«Estamos logrando que se termine esta situación de ocultamiento y que desvele la verdad para abrir paso a la justicia», sostuvo Patricio Bustos.
El director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, aseguró que el cierre pericial con la identidad y causas de muerte de las 15 víctimas de la dictadura encontradas en los Hornos de Lonquén en 1978, «es un mensaje para el país».
En entrevista con Radio Cooperativa, el doctor aseguró que esto «tiene que ver con la legitimidad del sistema político que nosotros construimos y con el reconocimiento histórico de lo que ha ocurrido».
«Nosotros tenemos que reconocer que aquí hubo una dictadura cívico-militar que arrasó con los derechos humanos y que significa, por ejemplo, que el diputado Fidel Espinosa reciba el cuerpo de su padre identificado después de haber sido asesinado en diciembre de 1973 y que eso ocurra en estos días», recalcó Bustos.
En ese sentido, dijo que el SML junto con los familiares «le quebramos la mano a la impunidad. Estamos logrando que se termine esta situación de ocultamiento y que desvele la verdad para abrir paso a la justicia».
«Esto que los familiares gritan en las calles tiene que ver en cómo la institucionalidad democrática corrige todo lo que se pueda lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado», agregó.
Ante la consulta de por qué el SML se demoró 46 años en identificar los restos, Bustos contestó: «Se encuentran 5.286 unidades anatómicas mezcladas. De ellos, se logra determinar que 516 pertenecen a las víctimas y de esos se envían a cuatro laboratorios de genética en el extranjero. Se analizan todas las muestras y se logran las identificaciones. La posibilidad de trabajar a partir de los años 90 han tenido todas estas dificultades. Considere lo que significó encontrar en la fosa común de la Isla de Maipo 5.286 osamentas fragmentadas».
De todos modos, resaltó que «ante la maniobra de ocultamiento, nosotros le quebramos la mano».
En diciembre de 1978 los familiares de las víctimas, sus abogados peritos del SML y el juez Adolfo Bañados encontraron el lugar donde estaban los restos de 13 campesinos y dos estudiantes. Todos habían sido detenidos en la plaza de Isla Maipo por participar y beneficiarse de la reforma agraria, los primeros, y los dos jóvenes por ser testigos de la detención.
El hecho dio inicio a la acción de encubrimiento más grande la historia de Chile, la “Operación retiro de televisores”, que se trató de la exhumación de los cuerpos de las víctimas desde los lugares donde habían sido sepultados de manera ilegal para hacer desaparecer sus restos, principalmente tirándolos al mar.
