Tras las acusaciones de acarreo de votos, de vínculo con el narcotráfico en San Ramón –lugar en que el candidato oficialista obtuvo un gran número de firmas para inscribirse como independiente–, la “normalidad” retornó a la municipalidad donde, pese a que el jefe comunal anunció una completa reestructuración y duras sanciones a los vinculados en el escándalo denunciado por ‘Informe Especial’, hasta la fecha nada ha cambiado y todos siguen trabajando igual que siempre. Ni siquiera el hecho de que el jefe de seguridad de la municipalidad –contratado por el ex vicepresidente del PS– fuera detenido hace pocos días en un auto robado con más de 100 cartuchos calibre 9 mm, encargados desde el interior de la cárcel por un narcotraficante de la zona sur, ha logrado perturbar el ambiente político, donde estos hechos pareciera que comienzan a naturalizarse.
Como describe un antiguo cliché de prensa, la “tensa calma” se instaló en la Municipalidad de San Ramón. Luego del reportaje de ‘Informe Especial’ en octubre pasado, que reveló la cercanía del alcalde PS Miguel Ángel Aguilera con un grupo de narcotraficantes de la comuna, el ambiente se tornó caótico a pocas semanas de las elecciones. Aguilera no solo había apostado por que su comuna fuera vital para la recolección de firmas que permitió inscribir la candidatura de Alejandro Guillier, sino que tenía las fichas puestas (y la maquinaria municipal) en su hermana, Mónica Aguilera, que postulaba a Consejera Regional (Core).
Pero tras las elecciones del 19 de noviembre, el caos terminó derivando en normalidad. Todo salió a la perfección. Mónica Aguilera fue electa Core y Alejandro Guillier pasó a segunda vuelta, a pesar de que las fotos con el alcalde y la escena agradeciendo las firmas de apoyo en San Ramón, igual le abrieron un flanco que para algunos, como el diputado José Antonio Kast, puso en duda la legitimidad de su nominación.
El 6 de noviembre, Kast envió al Servel una denuncia contra Guillier por fraude electoral, a partir de las firmas que pudieron resultar irregulares en San Ramón. Esta denuncia, por más publicitada que haya sido, tomó el mismo rumbo que siguieron los hechos en San Ramón, vale decir, nada, y todo pasó al olvido. En el comando de Guillier ya ni siquiera es tema y se ha obrado en consecuencia: sin pronunciamiento de ningún tipo.
El PS también apareció tomando medidas drásticas: expulsó de sus filas a Aguilera (aunque lo hizo cuando este ya había renunciado) y a Pedro Jaque, uno de sus más estrechos colaboradores. Pero el ruido de las elecciones ha dejado en suspenso otras reacciones, por ejemplo, en torno a las personas vinculadas alcalde y que integran el comité central del partido.
A fines de noviembre, Miguel Ángel Aguilera habló por primera vez del escándalo que lo convirtió en un personaje político conocido a nivel nacional. En la ocasión, culpó de una “operación” en su contra a representantes del “laguismo” que –según dijo– le pasaron la cuenta por apoyar en la interna del partido a Alejandro Guillier.
El jefe comunal apuntó directamente a Ricardo Solari, presidente del directorio de TVN, y a Camilo Escalona, “cercano a Lagos”, como recordó.
Aguilera explicó claramente lo que –a su juicio– fue una pasada de cuenta por apoyar a Guillier cuando había que decidir entre el actual candidato y el ex Presidente. Incluso vaticinó que el intento por “derrumbarlo” vendría después de las elecciones.
Lo que no pudo explicar muy bien fue su teoría de la conspiración en torno a Solari. “¿Cómo se puede explicar que el presidente del Directorio de TVN, Ricardo Solari, socialista como yo, tenga un reportaje durante una semana entera hablando sobre los posibles vínculos de un alcalde de su partido con el narcotráfico?”, se preguntó, sin aventurar respuesta ni menos explicar el sentido de tal observación.
En la oportunidad, Aguilera remató diciendo que no hay ninguna acusación concreta en contra suya y, en rigor, tenía razón. Las irregularidades vienen de los contratos múltiples que tiene Pedro Jaque en el municipio. Como funcionario del Cesfam de la población La Bandera, es el hombre fuerte del alcalde en el despliegue territorial, que fue ejemplar precisamente a la hora de recoger firmas para Guillier.
Otros cuestionamientos recaen sobre la contratación en la municipalidad de Francisco Olguín, quien trabajó con una tobillera cumpliendo una condena por manejo en estado de ebriedad. Además, tiene antecedentes por receptación de especies.
[cita tipo=»destaque»]La investigación del fiscal Víctor Núñez, a partir de las querellas presentadas por la UDI y dos ex candidatos a diputados del Frente Amplio por la zona sur, Mauricio Carrasco y Andrea Ojeda, se centra en dilucidar si los contratos a Pedro Jaque –expulsado del PS– y el resto de las personas asociadas al entorno del alcalde, están en regla y si, además, los trabajos que en ellos se describen fueron efectivamente realizados. De no ser así, puede probarse el delito de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Pero hasta ahora tampoco hay resultados evidentes.[/cita]
Su hermana y su esposa también están contratadas por la municipalidad. Por último, el cuñado del alcalde, José Luis Barrera –que también fue expulsado del PS– aparece ligado con Jorge “Chino” Pinto, un conocido narcotraficante, actualmente preso, a través de una grabación de audio en la que le ofrece trabajo.
La tranquilidad y normalidad que se respira en el PS, en el entorno de Guillier y particularmente en el municipio de San Ramón, no se vio alterada ni siquiera con la detención hace pocos días de uno de los colaboradores del alcalde y ex vicepresidente del PS, a raíz de una investigación dirigida por la Brigada contra el Crimen Organizado, de la PDI.
Roberto Martínez, un hombre corpulento y de apariencia temeraria, fue hasta el 24 de noviembre el jefe de seguridad del municipio y un funcionario de confianza de Aguilera. Los antecedentes sobre la detención de Martínez fueron revelados durante la jornada de formalización, encabezada por el fiscal Leonardo Zamora, el pasado 25 de noviembre.
En la oportunidad, se ventiló que la participación del hombre de Aguilera en diversos ilícitos quedó al descubierto tras la detención del narcotraficante «Chino» Pinto. Fue este, según las grabaciones de la policía, quien encargó al funcionario de seguridad municipal que se consiguiera abundante munición que luego sería ingresada ilegalmente a la cárcel.
Con esos datos, según Luis Salazar –como consigna Emol–, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI, el vehículo de Martínez fue interceptado en un sector de la comuna de Paine. En su interior se encontraron 100 cartuchos de bala de pistola de 9 mm, además de detectarse irregularidades en el vehículo que conducía. Tras diversos pericias, se comprobó que el auto era robado y que se habían clonado sus inscripciones.
A través de una declaración pública, la municipalidad manifestó que su conducta anterior era “irreprochable” y que, pese a que los hechos por los que Martínez fue detenido son un asunto “de su vida privada, resultan inaceptables”, razón por la cual decidieron despedirlo.
La investigación del fiscal Víctor Núñez, a partir de las querellas presentadas por la UDI y dos ex candidatos a diputados del Frente Amplio por la zona sur, Mauricio Carrasco y Andrea Ojeda, se centra en dilucidar si los contratos a Pedro Jaque –expulsado del PS– y el resto de las personas asociadas al entorno del alcalde, están en regla y si, además, los trabajos que en ellos se describen fueron efectivamente realizados. De no ser así, puede probarse el delito de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Pero hasta ahora tampoco hay resultados evidentes.
De forma paralela se investiga también si hay fraude en relación con las personas que firmaron por Guillier en la comuna. Desde el entorno de los querellantes afirman que el fiscal debe solicitar al Servel las fichas de inscripción, donde habría unas 200 personas que trabajan en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de San Ramón, que en la práctica nunca firmaron, sino que fueron incluidas bajo amenaza de perder su empleo y otros beneficios municipales, esto de acuerdo a la versión de las tres personas que hasta ahora han declarado. Sin embargo, al cierre de esta nota, el fiscal Núñez no había solicitado estos documentos.
Aguilera, en su entrevista, aseveró que iba a reestructurar la municipalidad, lo que implicaba el despido de unas 130 personas, casi todas contratadas –según él– desde la administración anterior del alcalde democratacristiano Pedro Isla, y sanciones administrativas luego de que terminara un sumario interno, incluyendo a su cuñado José Luis Barrera.
Lo cierto que hasta la fecha nada de eso ha ocurrido y todo sigue igual. Ni los despidos, ni el fin del sumario que pueda ocasionar sanciones.
La investigación, por su parte, avanza lentamente, sin que todavía se anuncie la formalización de ningún involucrado.
Cercanos a la indagatoria aseguran que, de acusar a alguien, el gran afectado podría ser el operador del alcalde, Pedro Jaque, a raíz de sus contratos múltiples con el municipio y su presunta responsabilidad en la obtención de firmas para Guillier, que podrían ser irregulares.
A días de la segunda vuelta, el gran escándalo del narcotráfico y la política se apaga con la misma naturalidad con que se extingue la responsabilidad de una falta menor.
