La Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) denunciaron maltrato laboral e irregularidades administrativas de parte de Carmen Gloria Drago Caballero .[ACTUALIZADA: Ver N de la R al final de la nota]
La vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI, Desireé López, instruyó un sumario administrativo ante una denuncia presentada por la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), quienes acusaron mal trato laboral e irregularidades administrativas de parte de Carmen Gloria Drago Caballero, directora del Departamento de Recursos Financieros del organismo y madre del diputado de RD Giorgio Jackson.
«De acuerdo a mis facultades como autoridad de este servicio y en atención a las normas del debido proceso establecidas, tanto en la Constitución Política de la República, como en el Estatuto Administrativo y la abundante jurisprudencia de la Contraloría General de la República, he tomado la decisión de instruir un procedimiento disciplinario (sumario administrativo), con el objetivo de esclarecer todas y cada una de las afirmaciones expresadas por ustedes en la carta referida…y de esa forma otorgar la amplia objetividad y apego a la legalidad vigente para investigar las situaciones denunciadas por su Asociación y esclarecer los eventuales hechos que las funden”, contestó López al organismo.
«La Asociación de Funcionarios (as) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles denuncia graves irregularidades cometidas por la Directora Nacional de Recursos Financieros de la Dirección Nacional JUNJI, señora Carmen Gloria Drago Caballero. Queremos rechazar el amedrentamiento realizado el viernes 17 de noviembre por el funcionario de confianza de Carmen Gloria Drago, Giovanni Canelo, quien obligó a los/las trabajadores del Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Nacional JUNJI a firmar una declaración en la que se precisa que Carmen Gloria Drago no maltrata a los/las trabajadores/as, cuando tenemos conocimiento de todo lo contrario. Los/las funcionarios/as manifestaron a esta Asociación que firmaron por temor».
«Desde el año 2014, se comenzó a detectar al interior de JUNJI, especialmente en la Dirección de Recursos Financieros, serias irregularidades administrativas de ejecución y contables por la gestión de la señora, (Carmen Gloria) Drago. Estas irregularidades fueron denunciadas a la Contraloría General de la República por el encargado de la Central de Abastecimiento y Bodega de la época, la que originó una investigación de la Contraloría General de la República. Paralelamente, la empresa oferente y ganadora de licitación para proveer a JUNJI de mobiliario para jardines Meta Presidencial presenta una demanda en contra de la institución, en tribunales, la que se resuelve a favor de la empresa ordenando el cumplimiento forzado de los tres contratos de compra con indemnización de $692.552.220», advierte en una carta enviada al Ministerio de Educación.
«Existen otras denuncias, en las cuales se aluden a permanentes contrataciones sin concursos de selección realizados por la señora, (Carmen Gloria) Drago y, por otra parte, despidos arbitrarios dictados por la misma señora Drago, pasando por sobre todos los procedimientos institucionales establecidos para selección de personal y sus desvinculaciones. Por estos antecedentes, AJUNJI Nacional solicitó a la Vicepresidenta (Desireé López) la suspensión inmediata de la señora, (Carmen Gloria) Drago del cargo, la que fue denegada por la máxima autoridad institucional, por no tener la potestad para hacerlo, pero instruyendo un sumario administrativo en su efecto», concluye.
(*) N de la R: El título original de esta nota era «Despedirán a funcionarios del JUNJI que denunciaron a la madre de Giorgio Jackson por maltrato laboral e irregularidades». Por decisión editorial se determinó cambiar el título ante la evidente inexactitud de la información difundida, ya que el sumario administrativo continúa abierto sin que hasta la fecha se resuelva sanción alguna. *Del mismo modo se hace presente que este procedimiento no se ha instruido en contra de los mismos denunciantes, sino que para aclarar las situaciones denunciadas y definir eventuales responsabilidades administrativas.
